Durante la audiencia preliminar sobre el presunto atentado contra Nicolás Maduro, la jueza Carol Padilla admitió la acusación presentada por los fiscales del Ministerio Público contra el diputado Juan Requesens y las otras 16 personas
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
En la audiencia preliminar para evaluar la acusación fiscal contra el diputado Juan Requesens y otras 16 personas por su presunta participación en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018, se reiteraron las denuncias de torturas y la jueza Carol Padilla instó al Ministerio Pública a investigarlas.
Varios de los acusados aseguraron que los fiscales del Ministerio Público Dinora Bustamante y Farik Mora presenciaron las torturas que les aplicaron en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el Helicoide.
Precisaron que los referidos fiscales no hicieron nada impedir ni detener los golpes, descargas eléctricas, sumersión en baldes de agua y asfixia con bolsas plásticas que sufrieron en los calabozos del Sebin.
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El diputado Requesens también habló de su experiencia dentro de las instalaciones del Sebin, específicamente los primeros días que estuvo desaparecido. Detalló los tratos crueles e inhumanos, así como las torturas que sufrió.
Joel García, uno de los abogados defensores del parlamentario, informó que la jueza Padilla admitió la acusación fiscal, lo cual implica que el proceso penal avanzará a la etapa de juicio.
García precisó que al diputado Requesens lo juzgaran por la presunta comisión de siete delitos: 1) traición a la patria, 2) homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración contra el presidente de la República, 3) homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración contra siete militares, 4) terrorismo, 5) asociación para delinquir, 6) Instigación pública continuada, y 7) pertenencia de armas de fuego y municiones ilegales.
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“La jueza admitió la acusación fiscal en su totalidad, así como los órganos de pruebas presentados ante el tribunal. Requesens sabía que esa iba a ser la decisión. La jueza se equivocaba al leer la decisión, lo cual demuestra que ni siquiera la redactó ella”, sostuvo el abogado
Meses antes, durante la audiencia de presentación, realizada entre el 13 y 14 de agostos de 2017, García y sus apoderados judiciales había denunciado las violaciones del debido proceso: “1) la arbitrariedad de la detención, que se realizó a través de un allanamiento violento y sin orden judicial; 2) la presentación tardía de nuestro defendido ante un juez; 3) la violación de la dignidad humana del diputado mediante la exhibición pública de videos; 4) la improcedencia del proceso penal por las irregularidades en el allanamiento de la inmunidad parlamentaria; y 5) la inexistencia de suficientes elementos de convicción sobre la presunta comisión de delitos que fundamenten la detención del diputado, conforme al artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal”.
¿Fiscales cómplices?
No es la primera vez que los fiscales del Ministerio Público Dinora Bustamante y Farik Mora son vinculados con la presunta aplicación de torturas a presos políticos.
El 20 de marzo de 2019, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Tamara Suju, coordinadora del Instituto Casla, afirmó que Bustamante y Mora, además de los también fiscales del Ministerio Público Ángel Betancourt y Manuel Echenique, planifican y ordenan todas las atrocidades en contra de civiles y militares detenidos por razones políticas.
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Durante esa misma audiencia, teniente de la Aviación, Ronald Alirio Dugarte Silva, presentó unas grabaciones hechas entre diciembre de 2018 y enero de 2019, donde se muestran las torturas hechas por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) contra los militares presos dentro de la comandancia de la Urbina, Caracas.
El teniente Dugarte Silva aseguró que pudo ver y hablar con varios detenidos, quienes detallaron diferentes tipos de torturas: descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, asfixias con bolsas plásticas, colgamientos con las manos hacia atrás, golpes contundentes en las áreas más vitales…
Tres meses después de aquella audiencia, el sábado 29 de junio, luego de ser trasladado de emergencia a un hospital militar, falleció el capitán de corbeta retirado, Rafael Acosta Arévalo, presuntamente por las heridas producidas por las torturas sufridas a manos de funcionarios del Dgcim.
Alonso Medina Roa, su abogado, detalló que Acosta Arévalo fue presentado ante el juez en silla de ruedas incapaz de hablar y mostraba claros signos de haber sido torturado, durante su estadía en el Dgcim.
El capitán de corbeta fue detenido el 21 de junio por hombres armados sin identificar y estuvo desaparecido durante siete días. Ni familiares ni abogados pudieron verlo a pesar de reiteradas solicitudes. El 28 de junio, fue llevado ante un tribunal militar junto con otros cuatro militares y dos ex funcionarios de seguridad acusados de intentar asesinar a Nicolás Maduro.
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Su muerte conmocionó a la comunidad internacional, sobre todo a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien lamentó que el delito de tortura fuera excluido de los cargos imputados por el Ministerio Público a dos funcionarios de la Guardia Nacional (GNB), Estiben José Zárate Soto y el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía, aparentemente responsable de la muerte.
La tortura está expresamente tipificada como uno de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en el Estatuto de Roma, “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, indica el artículo 7.
La impunidad en los casos de tortura del país está igualmente documentada por las Naciones Unidas. En el último informe del Comité contra la Tortura de la ONU sobre Venezuela (2014), se señala: “El Comité observa que de las 185 investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público por trato cruel solo se han presentado cinco acusaciones, y las dos investigaciones por tortura todavía siguen su curso. Preocupa al Comité que, según las informaciones recibidas, una gran parte de los afectados no habrían denunciado los hechos por temor a represalias y algunos habrían sido amenazados tras denunciarlos”.
