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Bachelet lamenta que Fiscalía no impute tortura en caso Acosta Arévalo

“Se deben adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”, indicó la Alta Comisionada al repudiar el asesinato del capitán de corbeta
Reporte Prouiris

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó que el delito de tortura fuera excluido de los cargos imputados por el Ministerio Público a dos funcionarios de la Guardia Nacional (GNB), adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que serán procesados penalmente por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Según la información suministrada por la Alta Comisionada, mediante un comunicado oficial, el único delito imputado será homicidio en primer grado. “Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte”, señaló.

Extraoficialmente, se conoció que serían imputados el sargento segundo Estiben José Zárate Soto y el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía. Los militares serían presentados ante el Tribunal 36° de Control del Área Metropolitana de Caracas.

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Según Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, la acción penal contra los funcionarios imputados por la muerte de Acosta Arévalo, será conducida por la Fiscalía  86 del Área Metropolitana de Caracas con competencia en Derechos Humanos.

Bachelet recordó que las autoridades venezolanas son responsables de la vida y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad. “Urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación –incluyendo una autopsia que siga los estándares internacionales- que sea independiente y transparente. Esto es esencial para arrojar luz no solo sobre lo que ocurrió con él, sino también para facilitar que se lleve ante a la justicia a los responsables de su muerte”, dijo Bachelet.

El capitán de corbeta fue detenido el 21 de junio por hombres armados sin identificar y estuvo en paradero desconocido durante siete días. Ni familiares ni abogados pudieron verlo a pesar de reiteradas solicitudes. El 28 de junio, fue llevado ante un tribunal militar junto con otros cuatro militares y dos ex funcionarios de seguridad acusados de intentar asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros.

Según el abogado Alonso Medina Roa, Acosta Arévalo fue presentado ante el juez en silla de ruedas, fue incapaz de hablar y mostraba claros signos de haber sido torturado. El juez ordenó su traslado a un hospital militar, donde murió en la madrugada del 29 de junio. A pesar de numerosos requerimientos, ni su abogado ni sus familiares han tenido aún acceso a su cuerpo.

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“También llamo a las autoridades venezolanas para que permitan a los otros seis militares y ex oficiales de seguridad detenidos junto al capitán Acosta Arévalo recibir visitas de sus abogados y familiares, que se aseguren que sean tratados con humanidad y dignidad, y que eviten que sufran torturas y otras formas de maltrato”, afirmó Bachelet.

“Se deben adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”, reiteró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que estuvo en Venezuela entre el 19 y el 21 de junio pasados.

UE dice que no hay garantías ni derechos

La Unión Europea denunció que la muerte de Acosta Arévalo, bajo la tutela del estado, es otra ilustración clara de la naturaleza arbitraria del sistema judicial en el país y de la falta de garantías y derechos para los detenidos.

“La Unión Europea apoya plenamente los esfuerzos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para garantizar que los derechos humanos de todos los venezolanos estén completamente protegidos”, se lee en el comunicado de prensa.

A través del documento, ofrecieron condolencias a la familia del fallecido. Además, exhortaron una investigación completa e independiente para determinar las responsabilidades de la muerte.

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