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Fiscalía no debe esperar muertos para investigar torturas en la Dgcim

El Ministerio Público actuó con celeridad ante el exhorto de Nicolás Maduro para que se investigue el asesinato del  capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, pero poco o nada ha reportado sobre las advertencias hechas desde la OEA y la ONU
Reporte Proiuris
Edgar López

A través de un comunicado de cuatro párrafos difundido por Twitter al final de la noche del 29 de junio, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación sobre la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.  En dicho comunicado se señala expresamente que la diligencia  se hizo “en atención al exhorto” que formulara Nicolás Maduro, a efectos de determinar las causas del hecho y las correspondientes responsabilidades penales.

El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, prometió una  “profesional investigación en apego a la protección de los derechos humanos”. Pero no es la primera vez que se denuncian casos de torturas como las que habrían causado la muerte de Acosta Arévalo la madrugada del 29 de junio, ocho días después de haber sido detenido en su residencia en Guarenas (la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aún estaba en Venezuela) y ser recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Boleíta.

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Lo primero que debe responder  el Ministerio Público es por qué Acosta Arévalo permaneció más de una semana preso en la Dgcim sin ser presentado ante los tribunales y qué hizo el despacho a cargo de William Saab para preservar la integridad personal y la vida del detenido. Finalmente, el 28 de junio, Acosta Arévalo fue trasladado ante un juez, pero en condiciones tan deplorables que no sobrevivió ni un solo día más.

Con abundante soporte documental que incluye videos, el pasado 20 de marzo, el Instituto Casla, encabezado por Tamara Suju, precisó ante  la Organización de Estados Americanos la identificación de tres fiscales del Ministerio Público y 15 funcionarios de la Dgcim presuntamente responsables de torturas sistemáticamente aplicadas a personas presas en  la sede de la Dgcim.

Según el Instituto Casla, Ángel Betancourt, Farith Mora y Manuel Echenique son los tres fiscales que habrían permitido la práctica de torturas en la Dgcim, ejecutadas por funcionarios identificados como: Rafael Franco Quintero, Alexander Graco Artiaga, Néstor Blanco Hurtado, Janover Guerrero, José Sánchez Castro, Germán Sánchez, José Castillo, Jesús Cárdenas, Jonathan Becerra, Keyer Chacón, Abel Angola, Johana González, Isaac Estévez, Diurte Amaro y Saúl Méndez .

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El Instituto Casla también reportó la documentación de otros 40 casos de tortura durante los dos primeros meses de 2019, que  incluye víctimas menores de edad. Y, antes, en noviembre de 2018, la misma ONG había denunciado 106 casos de tortura ante la OEA, en 65% de los cuales las víctimas serían militares, y 68% habría sido cometido por funcionarios de la Dgcim.

El fiscal William Saab no se hizo eco de estas denuncias, como tampoco de la práctica sistemática de torturas reseñada en el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en junio de 2018 y titulado “Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”.

“…el ACNUDH reunió información sobre más de 90 casos de personas que fueron arbitrariamente privadas de libertad antes, durante y después de la ola de protestas masivas de 2017, y que estando detenidas fueron sometidas a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, muchas de las cuales podrían constituir formas de tortura. Los agentes de seguridad, notablemente los miembros del Sebin la Dgcim y la GNB, recurrieron a tales medidas para intimidar y castigar a los detenidos, así como para extraer confesiones e información. Los casos más graves tuvieron lugar por lo general en locales del Sebin, la Dgcim y del Ejército, en todo el país. Algunas personas fueron retenidas en lugares de detención no oficiales. Entre los actos de malos tratos y tortura documentados se incluyen la aplicación de descargas eléctricas, golpes fuertes, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua”, se precisó en el informe suscrito por Zeid Ra’ad Al Hussein, el predecesor de Michelle Bachelet en el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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La misma Bachelet, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, emitido el 20 de marzo de 2019, advirtió: “En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación”.

Si Tarek Willian Saab hubiese atendido las denuncias sobre torturas en la Dgcim, con la misma diligencia que lo hizo ante “el exhorto” de Maduro, la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo se habría podido evitar y, también, se podrían salvar las vidas de los que permanecen recluidos en los calabozos de Boleíta. No hacen falta muertes para que el Ministerio Público investigue.

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