Después de una semana de tensión, aproximadamente a las 6:30 am de este 24 de mayo se produjo un enfrentamiento entre presos y policías. 20 funcionarios resultaron heridos, según la versión oficial
Reporte Proiuris
Edgar López
25 reclusos fallecieron y 20 funcionarios resultaron heridos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial N° 2 de la Policía del Estado Portuguesa, con sede en Acarigua, luego de un motín ocurrido este 24 de mayo, según informaron las autoridades regionales.
La reyerta se produjo aproximadamente a las 6:30 am, después de una semana de tensión por una serie de exigencias de los reclusos que no fueron acogidas por las autoridades. El reporte policial sobre el hecho indica que a las 10:50 am el motín “fue controlado por parte de comisiones mixtas de la PEP –Policía del Estado Portuguesa- y las FAES -Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana – coordinadas por el Ministerio Público”.
Oficialmente solo se identificó a un fallecido: Wilfredo José Ramos Ferrer, a quien la policía señala como el pran del lugar, y quien habría detonado una granada para tratar de impedir la incursión policial.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, explicó que los policías ingresaron abruptamente y los reos respondieron con las armas de fuego que poseen. El enfrentamiento se prolongó por aproximadamente dos horas.
Aunque un video difundido por redes sociales muestra a dos mujeres pidiendo la intervención del Ministerio Público para evitar un mayor derramamiento de sangre, tampoco se sabe con precisión cuántos visitantes estaban junto con los reclusos. Las imágenes muestran a un preso con el rostro cubierto, un arma de fuego y una granada, que amenaza con impedir a toda costa la entrada de los policías, un eventual desalojo de los visitantes y una posible requisa.
#URGENTE ocurre en este momento en la Comisaría de Páez en Acarigua. Quien permitió pasar armas a los detenidos? Por qué está la visita pernoctando dentro de las instalaciones? La respuesta de la usurpación es mandar al FAES a asesinarlos para que nada se sepa. pic.twitter.com/Te1gGZTdpr
— Zair Mundaray (@MundarayZair) May 24, 2019
El 16 de mayo, la Policía del Estado Portuguesa había informado que Ramos Ferrer formuló una serie de peticiones: 1) relevo de Guillermo López como director del Centro de Coordinación Policial, 2) restablecimiento del ingreso de comida sin que fuese revisada, 3) restablecimiento de la visita con pernocta cada 15 días, 5) ingreso de chimó, cigarrillos y bebidas alcohólicas, 6) acceso a grupos evangélicos y deportivos, 7) prescindir del servicio de garitas, y 8) permitir el ingreso de materiales para construir una piscina.
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El director del OVP explicó que los calabozos de la Policía del Estado Portuguesa en Acarigua tienen capacidad para albergar a un máximo de 200 presos por un lapso que no debería exceder las 48 horas, pero allí viven hacinados aproximadamente 540, muchos de los cuales están recluidos en ese lugar desde hace años.
“Como en todos los centros de detención preventiva, en los de Portuguesa los presos son los que mandan y ejercen su poder con la ayuda de los mismos funcionarios policiales encargados de su custodia, quienes les facilitan las armas de fuego con las que imponen sus propias reglas. Es un entramado de corrupción muy grande”, dijo Prado.
Al recordar la masacre de Policarabobo, donde el 28 de marzo de 2018 murieron 69 personas calcinadas, entre ellas dos mujeres visitantes, así como la masacre ocurrida el 15 de agosto de 2017 en la sede de la Policía del Estado Amazonas, donde murieron 31 privados de libertad, Humberto Prado alertó que este tipo de hechos se ha vuelto cada vez más recurrente por el incremento del hacinamiento, el tráfico de armas y la corrupción en todos los centros de detención preventiva adscritos a las policías de los estados y los municipios. “De esta forma, el Ministerio para el Servicio Penitenciario ha pretendido eludir su responsabilidad. En definitiva, el caos y las masacres de las cárceles se han trasladado a los calabozos policiales. Y nadie se hace responsable”, agregó Prado.
