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Gobierno de Maduro ha planificado crímenes de lesa humanidad, indica Amnistía Internacional

La ONG considera que la represión de las manifestaciones opositoras en enero de 2019 se distinguió por una articulación de los cuerpos de seguridad del Estado y la aquiescencia del Poder Ejecutivo. Documentaron 11 ejecuciones extrajudiciales

“Los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en enero fueron llevados a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal”, denunció Amnistía Internacional a través del informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela, publicado este 14 de mayo de 2019.

“No sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas”, insistió la organización no gubernamental.

Sobre la responsabilidad de Nicolás Maduro se indicó: “Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, supieron de estos hechos, públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlos ni para investigarlos. Por lo tanto, Amnistía Internacional considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión”.

La ONG considera que una instancia judicial independiente debe verificar la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y propuso la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019.

La sistematicidad y generalidad de este tipo de hechos ha sido documentada por Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, a partir de los patrones de represión aplicados por los cuerpos de seguridad del Estado contra las protestas de 2014, 2017 y ahora en 2019.

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Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo: “Mientras no existan caminos claros hacia la verdad, la justicia y la reparación, Venezuela seguirá hundida en esta gravísima crisis de derechos humanos y de represión que hemos observado desde hace tiempo. Lo ocurrido a inicios de 2019, y más recientemente a finales de abril, es una muestra de ello.”

Ejecuciones selectivas y tortura

A través de la investigación realizada por Amnistía Internacional en febrero de 2019,  se determinó que entre el  21  y el 25 de enero, murieron 47 personas que protestaban contra el gobierno de Maduro, 33 de las cuales fueron asesinadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad . Once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, aseguró la ONG.

“Las ejecuciones extrajudiciales documentadas en diferentes puntos del país mostraron un patrón recurrente. En todos los casos se trató de hombres jóvenes disidentes, o percibidos como tales por las autoridades, pertenecientes a zonas de escasos recursos y cuya participación en las protestas había sido visible o cuya denuncia se había hecho viral en las redes sociales. Es decir, fueron ejecuciones selectivas en razón del perfil de las víctimas”, se precisó en el informe.

Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) fueron señaladas como responsables de las ejecuciones extrajudiciales documentadas. 

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Todos fueron ejecutados por un impacto de bala en el tórax  mientras se encontraban sometidos por los funcionarios de las FAES. “Algunos de ellos fueron torturados previamente a su muerte”, se aseguró.

Siguiendo un patrón recurrente que intenta legitimar los excesos, Amnistía Internacional agregó que “luego de ejecutarlos, la autoridad los presentó públicamente como delincuentes que habían muerto en enfrentamientos, y les inició investigaciones penales por ‘resistencia a la autoridad’”.

Según Amnistía Internacional, en cinco días fueron arbitrariamente detenidas más de 900 personas en toda Venezuela, entre ellas niños, niñas y adolescentes.

El informe “Hambre de Justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela” se fundamentó en más de 70 entrevistas personales; el examen de 72 piezas de material audiovisual y fotográfico; el análisis del contexto en el que ocurrieron los ataques, y el estudio y documentación de 15 casos paradigmáticos.

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