La acción ampara a Sara María Olmos Reverón, Miguel Eduardo Perozo González y Carmen Alicia Márquez de D’Jesús, quienes viven con esclerosis múltiple; así como a Inírida Josefina Ramos López, quien tiene carcinoma de mamas con metástasis
María Yolanda García
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a cuatro personas que viven con enfermedades crónicas, luego de determinar que corrían riesgo al no tener acceso a los medicamentos y tratamiento que necesitan.
La medida, solicitada por la ONG Defiende Venezuela en octubre de 2018, ampara a Sara María Olmos Reverón, Miguel Eduardo Perozo González y Carmen Alicia Márquez de D’Jesús, quienes viven con esclerosis múltiple; así como a Inírida Josefina Ramos López, quien tiene carcinoma de mamas con metástasis.
Quienes solicitaron la acción alegaron que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) no está entregando los medicamentos que deberían recibir en atención a sus condiciones.
La CIDH identifica que el deterioro del sistema de salud en Venezuela se ha agravado desde 2014.
“La Comisión advierte que la escasez y desabastecimiento de medicamentos, insumos, material y tratamiento médico en Venezuela se viene agravando desde el 2014. La Comisión ha otorgado diversas medidas cautelares tras identificar situaciones similares de riesgo de personas con hemofilia y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), quienes no venían recibiendo sus medicamentos o tratamientos médicos prescritos, lo que ocasionaba que se agrave su situación de salud”.
El texto indica también que al deterioro del sector salud se suman los apagones y la falta de acceso al agua potable y el saneamiento, lo que ha llevado la situación a “un punto crítico” y que se ven afectados los derechos humanos de la ciudadanía.
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“En los últimos meses, la situación ha alcanzado un punto crítico como resultado de la grave crisis política, económica y social, caracterizada por, entre otros, la escasez y desabastecimiento de medicamentos, insumos, material y tratamiento médico. Esta situación se ha recrudecido asimismo, considerando los períodos prolongados de ausencia de energía eléctrica que ha originado la falta de acceso a servicios y múltiples afectaciones a los derechos de las y los venezolanos”, señala la sentencia.
La CIDH considera en su decisión que el hecho de que Olmos Reverón, González, Márquez de D’Jesús y Ramos López no tengan acceso a los medicamentos ni a tratamientos, los coloca en riesgo y la situación cumple con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento.
La Comisión insta, una vez más, al Estado venezolano a que “adopte las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias, mediante la adopción de las medidas inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado, incluyendo a los medicamentos necesarios de conformidad con lo prescrito por los médicos correspondientes, así como los diagnósticos y exámenes que permitan evaluar de manera regular su estado de salud, según los estándares internacionales aplicables”, señala la decisión.
Para la Comisión no pasa desapercibido que, según los solicitantes, los beneficiarios no podrían actualizar sus reportes médicos o realizarse nuevos exámenes para tener un diagnóstico más preciso de su condición médica, puesto que los servicios de los hospitales cercanos estarían en su mayoría inoperativos, y ellos no contarían con fondos para poder realizárselos en entidades privadas. Del mismo modo, la Comisión toma nota que los beneficiarios tampoco tendrían la opción de acceder a los medicamentos por su cuenta en tanto el Estado se habría reservado en su mayoría la importación y distribución de estos en el país. Asimismo, según los solicitantes, dada las deudas existentes con laboratorios y vencimiento de permisos de importación, no se sabría en cuánto tiempo se recibirán de nuevo las medicinas para tratar, por ejemplo, la “esclerosis múltiple”.
