Miembros de la sociedad civil exigen que el Estado venezolano cumpla con lo dictado en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH) que establece mecanismo de no repetición en casos de violencia de género
Proiuris y otras 247 organizaciones no gubernamentales suscribieron un comunicado en el que le exigen al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones como garante de los derechos humanos de las mujeres en el caso de la joven Ángela Aguirre (16), cuyo cadáver fue localizado en el balneario El Rey, en Puerto Ordaz, estado Bolívar el día 26 de marzo de 2019.
“Recordamos la obligación que tiene el Estado venezolano de prevenir, investigar y castigar violencia sexual y el femicidio, ambos delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV), ante los cuales ha exhibido un patrón de impunidad que coloca a las mujeres venezolanas en situación de vulnerabilidad”, se lee en el documento.
En el comunicado también enfatizan que: se garantice el pleno acceso a la justicia, sin dilaciones indebidas, con respeto al debido proceso y las garantías judiciales, con actuaciones de los órganos de justicias con la debida diligencia que permita castigar a los responsables y hacer justicia para Ángela y sus familiares.
Recordaron que el Estado venezolano también tiene que de adoptar, implementar y fiscalizar protocolos que establezcan criterios claros y uniformes tanto para la investigación como para atención integral de actos de violencia que tengan como víctima una mujer, de conformidad con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contenido en el párrafo 332 de la sentencia «Caso López Soto y otros VS Venezuela» de fecha 26 de septiembre de 2018.
A continuación el comunicado:
Comunicado Angela Aguirre 11 Am by Samuel Gonzalez on Scribd
