Cinco organizaciones internacionales coinciden en señalar que los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad contra prisioneros bajo su custodia corresponden a una política de Estado
Reporte Proiuris
María Yolanda García
OEA: Una práctica sistemática
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró que la Corte Penal Internacional (CPI) debe abrir la denuncia sobre delitos de lesa humanidad porque estima que no hay dudas de la existencia de tortura en Venezuela.
Almagro remitió a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, el informe de mayo de 2018, presentado por un grupo de expertos independientes que concluye que Maduro, miembros del gobierno de Venezuela y de sus Fuerzas Armadas, han cometido este tipo de crímenes con la “intención política” de ejercer el “control social” sobre el pueblo.
“La campaña para perseguir y amedrentar a la oposición ha incluido el empleo de la tortura”.
“Tamara Suju, abogada criminalista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Latinoamericanos (CASLA), explicó que había venido recopilando pruebas de casos de tortura durante 15 años. La Sra. Suju indicó que el empleo de la tortura se remonta a la época del presidente Hugo Chávez, y que persigue el fin de amedrentar y controlar al pueblo venezolano”,, reza el Informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y Panel de Expertos Internacionales Independientes Sobre la Posible Comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, elaborado en mayo de 2018.
“Durante el gobierno de Chávez la tortura era selectiva, a diferencia de lo que ocurre durante el Régimen de “recurrente”, se lee en el documento.
Acnudh: Hay un patrón
“En algunas situaciones, los miembros de la familia, en particular las mujeres, también fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando visitaban a sus familiares. La prohibición de la tortura es absoluta y no es derogable”,se lee en el Informe Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin. Acnudh, junio 2018 .
“Los casos más graves generalmente ocurrieron en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y de las fuerzas armadas en todo el país”.
“Los agentes de seguridad, notablemente los miembros del SEBIN, la DGCIM y la GNB, recurrieron a tales medidas para intimidar y castigar a los detenidos, así como para extraer confesiones e información. Los casos más graves tuvieron lugar por lo general en locales del SEBIN, la DGCIM y del ejército, en todo el país”.
“Los actos de malos tratos y tortura documentados comprendieron descargas eléctricas, golpes fuertes -por ejemplo, con tubos de metal y bates de béisbol- violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua. Los detenidos eran también sometidos a temperaturas frías y/o a luz eléctrica constante, eran esposados y/o se les vendaban los ojos durante largos períodos, y recibían amenazas de muerte e insultos”, se lee en el documento.
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Human Right Watch: Responsabilidad gubernamental
Human Right Watch documentó 88 casos sobre 314 personas, muchas de las cuales describieron haber sufrido graves violaciones de derechos humanos en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre de 2017.
“Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles”.
“No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
“Según pudo determinar el Acnudh, la impunidad por actos de tortura y malos tratos era predominante, y las autoridades no han investigado de manera rápida y efectiva las denuncias verosímiles de tortura y malos tratos que recibían, lo que hubiera permitido procesar a los presuntos autores y proporcionar reparaciones a las víctimas. Los casos documentados por el Acnudh, junto con la información recogida, indican que los malos tratos y la tortura infligidos a personas privadas de libertad por haber expresado ciertas opiniones políticas o por haber ejercido sus derechos humanos no son incidentes aislados. Por el contrario, se ha documentado que las mismas formas de malos tratos han sido cometidas por agentes de diferentes unidades de seguridad en todo el país, en diferentes centros de detención y con el presunto conocimiento de oficiales superiores, lo que demuestra claramente la existencia de un patrón de conducta”, se lee en el Informe “Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”, febrero 2019
Amnistía Internacional: contra las protestas
“Las fuerzas de seguridad continuaron empleando fuerza excesiva e indebida para dispersar protestas”.
“En agosto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos publicó un informe que hacía hincapié en el uso sistemático y generalizado de fuerza excesiva durante las protestas que tuvieron lugar entre abril y julio, y señalaba un patrón de redadas violentas en domicilios y tortura y otros malos tratos a personas detenidas. El informe también expresaba preocupación por las dificultades a las que se enfrentaban las organizaciones internacionales a la hora de acceder al país y por el temor de las víctimas a denunciar los abusos”.
“Entre abril y julio, cuando se celebraban las manifestaciones, se recibieron informes de malos tratos, incluidas patadas, palizas y violencia sexual, por parte de funcionarios del Estado durante las detenciones de manifestantes”.
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“Se recibieron muchos nuevos informes de tortura y otros malos tratos. Wilmer Azuaje, diputado del consejo legislativo del estado Barinas, fue detenido en mayo. Su familia denunció que durante su detención estuvo encerrado en una habitación con un olor terrible, esposado durante largos periodos y, en ocasiones, recluido en régimen de incomunicación, condiciones que constituyen trato cruel. En julio, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó transferirlo a arresto domiciliario; sin embargo, al terminar el año, Wilmer Azuaje permanecía en el Centro de Reclusión 26 de Julio sin ningún cargo y sin que hubieran mejorado sus condiciones de reclusión”, se lee en el Informe Venezuela 2017/2018
CIDH: herramienta de disuasión
“En el marco de las manifestaciones llevadas a cabo desde abril de 2017, hubo un aumento significativo en las denuncias sobre tortura y otros malos tratos, lo que apunta a la utilización de esta práctica como una herramienta de disuasión o castigo de la protesta social. Las alegadas torturas se efectuarían con distintos propósitos como obtener una confesión, realizar una acusación a otra persona o enviar un mensaje represivo. Así, CASLA habría registrado al menos 120 casos de personas torturadas entre el 1 de abril al 12 de junio de 2017”.
“Resulta alarmante para la Comisión Interamericana que personas detenidas hayan sido sometidas a actos de tortura, otros malos tratos y violencia sexual. El Estado debe llevar a cabo con estricto apego a la debida diligencia y garantías del debido proceso, investigaciones serias
que permitan conducir en un plazo razonable, a la determinación de responsabilidades y en su caso, la aplicación de sanciones
“La Comisión reitera su más enérgico rechazo a cualquier acto de tortura o trato cruel, inhumano y degradante, más aún cuando, como en este caso, habrían devenido en una práctica frecuente”, se lee en el Informe Situación de Derechos Humanos en Venezuela, febrero 2018
