La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó en Ginebra, Suiza, un informe oral en el que abordó la crisis de Venezuela. Se hizo eco de la represión de fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro contra manifestantes pacíficos y disidentes, que han incluido muertes, torturas y restricciones a la libertad de prensa
Erick S. González Caldea
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que su oficina comenzó una investigación sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entre enero de 2018 y febrero de 2019, denunciadas por familiares de las víctimas y organizaciones no gubernamentales.
Bachelet presentó un informe oral ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Mencionó en forma expresa la represión de fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro contra manifestantes pacíficos y disidentes, que han incluido muertes, torturas y restricciones a la libertad de prensa.
«Documentamos el uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos bajo custodia, y amenazas e intimidaciones. Muchas de estas preocupaciones han sido destacadas en nuestros comunicados y nuestro informe», dijo Bachelet.
Bachelet señaló que, según los testimonios recopilados por familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos, existen patrones en los operativos policiales de las FAES que pueden demostrar una acción sistematizada y generalizada en los operativos donde se realizan presuntas ejecuciones a ciudadanos.
“La Oficina del Alto Comisionado ha seguido investigando las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad. En 2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las FAES. Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas. Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno”, señaló.
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Bachelet aseguró estar preocupada por “la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos en Venezuela, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.
Recordó que desde junio de 2018 -la última vez que la ONU publicó un informe sobre Venezuela- el ejercicio de los derechos sociales y económicos se ha deteriorado continuamente. “Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados. Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”, dijo.
Detalló que las autoridades gubernamentales, entre ellos Nicolás Maduro, se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes.
“Las autoridades venezolanas han utilizado arbitrariamente la ley contra el odio para procesar a periodistas, políticos opositores o a cualquiera que exprese opiniones disidentes”, enfatizó Bachelet, mientras exponía el informe oral sobre Venezuela.
El apagón de los derechos
La Alta Comisionada se refirió al corte nacional de la energía eléctrica que mantuvo al país a oscuras a partir del 7 de marzo. “La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales. Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país”, señaló.
Bachelet considera que el sistema de atención sanitaria continua en un progresivo deterioro, lo que repercute en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil. “La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud”, dijo.
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Describió que actualmente, en el país 1.000.000 de niños, niñas y adolescentes han dejado de asistir a la escuela, porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno; además de la falta de garantías de las instituciones escolares para proporcionar el almuerzo.
“Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”, destacó.
Bachelet reafirmó que su oficina ha podido documentar numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación.
