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Jesús Ollarves: 82% de los venezolanos recibe agua de dudosa calidad

El autor del libro El derecho humano al agua y al saneamiento explica que no basta tener acceso al agua, pues también es necesario que sea apta para el consumo humano. Solo si se alcanzan los estándares de acceso y saneamiento el Estado habrá cumplido sus obligaciones, de acuerdo con el ordenamiento jurídico venezolano y las normas internacionales

Reporte Proiuris

María Yolanda García

Paradoja. El apagón permitió ver otra faceta horrible de la emergencia humanitaria compleja que afecta a los venezolanos: la violación sistemática del derecho al agua y al saneamiento.

Jesús Ollarves, autor del libro El derecho humano al agua y al saneamiento (UCV, 2015) considera que hay un “grave retroceso” en cuanto al cumplimiento estatal de las normas nacionales e internacionales para garantizar el cabal ejercicio del derecho. No basta que el agua llegue a los grifos de los hogares (cosa que no sucede en muchos de ellos), pues, además, debe ser apta para consumo humano.

Ollarves señala, sin dudas, que el Estado viola el derecho humano al agua y al saneamiento y solo se ocupa del asunto cuando las deficiencias en la prestación de un servicio público esencial para la vida y la salud causan estragos, como acaba de ocurrir con la interrupción del servicio eléctrico en todo el país a partir del jueves 7 de marzo.

– ¿Cuál es la situación del derecho al agua en Venezuela?

– Hay un grave retroceso. Lo vimos con el apagón.  82% de la población no recibe agua de manera continua y limpia. El agua que se recibe  es de dudosa calidad.  En 1998, por ejemplo, 97% de la población recibía agua continua y regular. Hoy todos los usuarios se ven en la obligación de almacenar agua, lo cual conlleva riesgos de contaminación y de enfermedades.  Hay un entramado de problemas que comienzan con la ausencia de mantenimiento preventiva en la infraestructura de tratamiento y distribución.

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-¿Se viola el derecho humano al agua en Venezuela?

-La población de ha visto sometida a una violación permanente a ese derecho, porque lo que reciben por esas tuberías no es agua potable sino un líquido contaminado. El Estado debe garantizar la calidad del aagua, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales sobre la materia. Así lo han establecido diversos órganos de protección, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las políticas públicas no han sido cónsonas con los estándares internacionales en materia de calidad. Están alejados de las guías establecida por la Organización Mundial de la Salud.

-¿Eso implica un delito?

– Es una violación de derechos humanos, que es mucho más oprobioso que un delito que comete un particular. Ha habido una indiferencia permanente y los problemas han empeorado, aunado a otras circunstancias también oprobiosas como es la corrupción.

La Asamblea Nacional determinó que se aprobaron cuantiosos recursos para atender los problemas el agua y de las aguas servidas. En los trabajos del sistema hidráulico Yacambú- Quibor, por ejemplo, se dictó una sanción política, pues se robaron los recursos.

Hay un desmantelamiento de la institucionalidad en materia del servicio público de agua. Desde 2014 hasta 2018 el ente oficial ha experimentado cambios: el Ministerio del Ambiente se eliminó y se convirtió en  Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Esto ha afectado la operatividad de las empresas estatales encargadas de la producción de agua potable, como Hidroven. 

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-¿Qué implicaciones tiene la violación del derecho al agua en el contexto de la emergencia humanitaria compleja?

-La emergencia humanitaria compleja tiene una expresión muy clara en  la violación del derecho al agua y al saneamiento. Este tipo de crisis se origina cuando hay inestabilidad política y abuso de poder durante largo tiempo, y se caracteriza por un quiebre parcial o total de las estructuras políticas. La emergencia humanitaria compleja es la consecuencia de inadecuadas políticas públicas por pate del Estado.

La Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, es un avance. Sin embargo, eso es la teoría; la práctica la sufren los venezolanos. ¿Cuánta agua de calidad llega?

-¿Cómo los ciudadanos pueden contribuir a la solución de los problemas relacionados con el acceso al agua y el saneamiento?

-La Ley Orgánica para la Prestación de Agua Potable y de Saneamiento, en su artículo 11,  establece que el Estado, debe promover la fiscalización ciudadana de la prestación del servicio. Pero el agua no le interesa al gobierno, salvo cuando las deficiencias en la prestación del servicio causan estragos. El agua pasa a ser un objetivo secundario de la agenda política. Tampoco  hay una cultura de reivindicación del derecho humano al agua y al saneamiento.

Por ejemplo, se ha restado importancia a la afectación de la reserva de agua dulce que constituye el Lago de Valencia. 3.600 personas han sido desplazadas porque el nivel del agua creció, se convirtió en un sumidero industrial.

Si se normaliza la situación  nadie hará consideraciones sobre problemas de mayor envergadura, como la destrucción y contaminación de los acuíferos. Eso, lamentablemente, no ocurre solo en Venezuela, sino en muchos países del mundo.

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