José María De Viana, ex presidente de Hidrocapital, y Jasmina Mujica, química especialista en metodologías para el análisis de aguas blancas y residuales, afirman que en Venezuela no se cumplen los protocolos indispensables de mantenimiento preventivo
Reporte Proiuris
María Yolanda García
El apagón que a partir del jueves 7 de marzo dejó en penumbras a todo el país también interrumpió (más de lo habitual) el acceso de los venezolanos al agua. La angustia se apoderó de muchos que se lanzaron a llenar envases en cuanto vertedero encontraron: quebradas, alcantarillas y hasta en los afluentes del río Guaire.
Expertos advierten sobre los riesgos para la salud y para la vida de tener contacto con aguas no tratadas o residuales que suelen estar contaminadas por agentes patógenos. Se trata de un peligro silente, que puede ser mortal y que constituye un problema de salud pública desde mucho antes del apagón: el agua que consumen los venezolanos no cumple con los estándares internacionales de potabilización, aseguran.
José María De Viana, ex presidente de Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital) entre 1992 y 1999, y Jasmina Mujica, química especialista en metodologías para el análisis de aguas blancas y residuales, advirtieron que protocolos indispensables, como el relacionado con el mantenimiento preventivo, se han venido ejecutando de manera deficiente o, en muchos casos, se han dejado de cumplir.
“El agua que se está entregando en algunas ciudades claramente no cumple con los estándares”, dijo De Viana sin la menor duda.
El ingeniero civil y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), afirmó que durante la gestión de gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez comenzó la laxitud en el cumplimiento de este tipo de procesos.
“Las plantas de tratamientos producían agua potable. En el caso de Hidrocapital, éramos supervisados por el departamento de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Central de Venezuela, cuyos científicos verificaban, de manera independiente, el cumplimiento de los estándares para la potabilización. Eso ahora no ocurre”, aseguró.
La química Mujica, por su parte, también duda que los procedimientos para que el agua sea apta para el consumo humano se estén cumpliendo.
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“Hidrocapital tenía un laboratorio en La Mariposa, donde se le hacía control a todo el proceso de potabilización. Era un laboratorio de referencia nacional y lo desmantelaron. Quien lo requiriera podía llevar una muestra y el agua se analizaba, ya fuera gratis o a un costo muy bajo. Pero lo destruyeron. No existe porque todo se politizó”, lamentó Mujica.
La experta explicó que los protocolos están establecidos en las Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable, una resolución del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, vigente desde su publicación en Gaceta Oficial, el 13 febrero de 1998.
El artículo 6 de las referidas normas indica: “El agua potable destinada al abastecimiento público deberá contener en todo momento una concentración de cloro residual libre de cualquier punto de la red de distribución de 0,3 a 0,5 mg/L”.
“El agua recorre largos trayectos para llegar a su destino. Si va de la Mariposa a Petare, por ejemplo, en ciertos tramos y al final de cada trayecto de la tubería, había dosificadores de cloro. Eso ya no existe” afirmó la química.
Señala que la planta de cloro soda, a cargo de Pequiven, que data de la década de los años 90, debía ser modernizada. Pero no fue modernizada, a pesar de que se hizo un proyecto con ese propósito.
“No se ha hecho nada de los años 90 para acá, no se ha hecho mantenimiento. Quienes manejamos potabilización de aguas sabemos las dificultades para conseguir las pastillas de cloro que se necesitan”, agregó.
El artículo 7 de la normativa precisa que “el ente responsable del sistema de abastecimiento de agua potable debe asegurar que esta no contenga microorganismos transmisores o causantes de enfermedades, ni bacterias coliformes termoresistentes (coliformes fecales) siguiendo como criterio la evaluación de la Calidad Microbiológica de detección del grupo coliforme realizada sobre muestras representativas captadas, preservadas y analizadas según lo establecido en la presente Norma”.
De Viana también duda que esta normativa se esté cumpliendo. “El agua que está llegado tiene material arrastrado. La opacidad genera dudas. Cuando tú tienes la casa limpia no te importa, pero si está sucia no quieres que nadie la vea. Los docentes no podemos llevar alumnos a las plantas de tratamientos, con la excusa de que son lugares estratégicos”, señala.
“Afortunadamente la inmensa mayoría del agua que se ha recorrido de caudales cercanos al rio Guaire no es para tomar, ninguna de esas personas tomaría esa agua, era para tratar de limpiar excretas y ese tipo de cosas”, supuso De Viana.
El experto recomendó tomar medidas para evitar enfermedades: “Ahora es un buen momento para limpiar los tanques que son otra fuente de contaminación. A veces el tanque está muy mal porque la primera agua que va a llegar después de días de estar vacíos, como en este caso, está sucia. También hay que clorar el agua y ozonizarla”. Mujica, por su parte, sugirió hervir el agua y clorarla.
De Viana insistió en denunciar la responsabilidad del Estado: “Están obligados a que el agua que sale de una planta de tratamiento tenga condición de potable. Hace tiempo que mienten, un agua turbia, no es potable”.
Desesperados, algunos fueron a buscar agua en las riberas del Guaire | Mikel Ferreira
Un derecho humano con estándares de protección
El acceso a un servicio de agua potable y al saneamiento es un derecho humano. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo definió, en 2002, como “el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. (…) El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna», señala. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo reconoció como tal en 2010, a través de la Resolución 64/292.
Esta resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros así como a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos los ciudadanos.
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Las Guías para la Calidad del Agua Potable, elaboradas por la Organización Mundial de la Salud, se mantienen actualizadas mediante un proceso de revisión continuado que implica la publicación periódica de documentos que pueden ampliar o reemplazar la información de cada volumen.
Están dirigidas a los responsables de la elaboración y gestión de políticas en materia de agua y salud, y a sus asesores, de manera de orientarlos en la elaboración de normas nacionales.
En el caso de Venezuela, también rige la Normativa Ambiental Venezolana Relativa a la Actividad Industrial que obliga a los particulares a contribuir a que los venezolanos consuman agua potable, pero que, en modo alguno, exonera al Estado en cuanto a su responsabilidad de garantizar el derecho al agua y al saneamiento.
