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Amnistía Internacional: Las FAES ejecutan la represión “perfeccionada” por Maduro

Érika Guevara, directora para las Américas de la ONG, advirtió que la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por el cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana no han sido debidamente investigadas por el Ministerio Público
Reporte Proiuris
María Yolanda García

Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, aplicadas como prácticas sistemáticas por los cuerpos de seguridad del Estado y, en particular, por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, entre el 21 y el 25 de enero de 2019, fueron investigadas y documentadas por Amnistía Internacional.

Así lo explicó Érika Guevara, directora para las Américas de AI, durante una conferencia de prensa, a través de la cual expresó la preocupación de la organización por los atropellos cometidos contra residentes de zonas populares.

Guevara considera que  la situación de derechos humanos en Venezuela constituye “una gravísima crisis”. Por la sistematicidad y generalidad de los ataques, propuso a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional incorporar estos nuevos episodios de represión al examen preliminar emprendido en febrero de 2018 para determinar la responsabilidad penal de funcionarios del Estado por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

“La justicia internacional es la única esperanza para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Es hora de activar todos los mecanismos disponibles para prevenir más atrocidades. Solicitamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional considerar los hechos acontecidos en los últimos días en su examen preliminar sobre Venezuela, y que pueda determinar su competencia para investigar y sancionar estas gravísimas violaciones a los derechos humanos y delitos de Derecho Internacional”, dijo Guevara.

Érika Guevara-Rosas, directora regional de AI, Marcos Ponce, director del Observatorio de Conflictividad Social,  Marco Gómez, director de AI Venezuela,  y la fundadora de la ONG Mujeres en Línea, Luisa Kislinger, declararon en una rueda de prensa | Foto: Prensa AI

También exhortó al Estado venezolano a reconsiderar su denuncia de la Convención de Derechos Humanos, que dejó a las víctimas de derechos humanos sin la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgue hechos ocurridos después de septiembre de 2013 y, si fuera el caso, establezca la responsabilidad del Estado venezolano.

 “Hacemos un llamado a los Estados y mecanismos internacionales de derechos humanos, incluso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que pida un mecanismo de investigación independiente y para que Venezuela vuelva a la Convención, para que se puedan remitir casos a esa instancia”, reiteró

 “AI ha venido documentando y acompañado las luchas por la defensa de los derechos humanos en momentos complejos en la historia del país, pero reconocemos que en los últimos años Venezuela está sumida en una gravísima crisis de violación de derechos humanos, con detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, detención de líderes y, sobre todo, ataques cometidos por fuerzas de seguridad  de Nicolás Maduro”, dijo la representante de la organización no gubernamental.

Terror para acallar las protestas

Para Guevara las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) se han convertido en los principales perpetradores de las más graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

“Estas ejecuciones de las FAES son dirigidas a hombres jóvenes en zonas populares, que se hicieron visibles en protestas, en muchos a través de las redes, reclamando sus  derechos.  En la mayoría de los casos no se han iniciado investigaciones (por parte del Ministerio Público) sobre las denuncias que las familias interponen y los acusan de ser delincuentes comunes”, advirtió.

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“Por los hallazgos de nuestra investigación, luego de visitar varias localidades del país, concluimos que esta política sistemática y generalizada de represión no solo se ha profundizado, sino que ha generado una represión selectiva contra quienes protestan en sectores populares y marginalizados, que hoy sufren las peores consecuencias de esta crisis de derechos humanos”, dijo Guevara,  quien precisó que en tan solo cinco días fueron asesinadas 35 personas durante las manifestaciones antigubernamentales y 8 más en operativos posteriores policiales y militares posteriores a las protestas de calle.

AI registró 900 detenidos en un lapso de cinco días, incluidos niños  y niñas, que en algunos casos fueron recluidos con población adulta.  Muchos de ellos se encuentran  sujetos a procesos legales y con libertad restringida.

Guevara denunció que se manipulan las pruebas, se modifican las escenas del crimen y que ni las familias que denuncian ni sus abogados tienen acceso a información  sobre las investigaciones en cada caso.

Indicó que han observado la repetición de fórmulas de represión contra la población civil que han venido “perfeccionando” a través del uso de la fuerza letal e intencional y la comisión de ejecuciones extrajudiciales selectivas, para acallar cualquier tipo de protestas contra Maduro.

Las víctimas

Jhonny Godoy, en La Vega. “El 23 de enero este joven de 29 años de edad  divulgó un video que se hizo viral. Protestaba en contra de las graves violaciones de derechos económicos y sociales y económicos. El 25 de enero las FAES ingresaron a la casa de Johnny.  Lo golpearon, le dispararon, sometieron a vecinos y familias y simularon un operativo de enfrentamiento que duró seis horas. Luego le entregaron a su familia un cuerpo con balas en el tórax y lo presentaron como un criminal cuando no lo era”.

Dos hermanos y un vecino, en El Tocuyo. “En el Tocuyo (estado Lara), José Alfredo y Anderson Torres Cortés, de 24 y 17 años de edad respectivamente, y Cristian Alejandro Ramos, de 18 años, un vecino, fueron ejecutados extrajudicialmente  por las FAES en el contexto de  las protestas que se hicieron frente a la casa de la alcaldesa de El Tocuyo. Llegaron a la casa de Anderson y su hermano  José Alfredo y los mataron. Cristian, un vecino y amigo que pasaba por el lugar y quiso saber qué les pasó, también fue detenido y ejecutado. Se manipuló la escena del crimen, se hizo un operativo que duró varias horas y el barrio fue sometido al terror”, relató Érika Guevara.

Familiares de los jóvenes denunciaron que el 25 de enero, el grupo FAES en una actuación conjunta con el Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas, mató a tres jóvenes señalados de haber quemado la casa de la alcaldesa Gisela Rodríguez de El Tocuyo. Los familiares de los muchachos niegan que ellos hayan participado en el incendio y aseguran tener testigos de que “los funcionarios encapuchados ajusticiaron a los muchachos y les sembraron armas para simular un enfrentamiento”.

Los familiares de los hermanos Torres Cortes y también los de Cristian Alejandro Ramos (18 años), pidieron una investigación ante la Fiscalía Superior del estado Lara.

Luis Enrique Ramos, en Carora. “Este joven de 29 años protestó en Carora el 23 de enero. El día 24 las FAES lo fueron a buscar y lo ejecutaron”, dijo Guevara. Lo vincularon con el intento de incendiar la Alcaldía de Carora, pero sus familiares negaron tal versión.

Alixón Dos Santos de 19 años fue el primer fallecido relacionado a las protestas antigubernamentales de 2019 |Foto: Mikel Ferreira 

Érika Guevara habló también de los casos de Alixon y Nick Samuel, dos víctimas que presentaron disparos en el tórax “lo que señala que los disparos fueron intencionados y con letalidad para callar las protestas”, destacó.

Alixón Dos Santos Pizanni, de 19 años de edad, resuló herido de bala en mientras protestaba el sector Cútira, de Catia. Según familiares y vecinos, funcionarios de las FAES llegaron disparando contra los que protestaban. El joven herido fue trasladado al Periférico de Catia, sin signos vitales. Su familia asegura que recibió dos impactos de bala en el pecho y brazo.

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Nick Samuel Oropeza Borja falleció, según sus familiares, tras sufrir una herida de bala que recibió durante una protesta que realizaban sus vecinos en Las Adjuntas, al oeste de Caracas, el 23 de enero a las 7:00 pm.

También habló de la experiencia de un joven llamado Silvestre que recibió disparos y sobrevivió. Sin embargo, “Es víctima de la violación al derecho a la salud, pues su madre no encuentra las medicinas para aliviar sus dolores y no tiene posibilidad de ser operado como lo requiere, porque en el hospital donde se encuentra no hay cómo hacerlo”.

Con impunidad no habrá solución sostenible

Al ser consultada acerca de la Ley de Amnistía y la posibilidad de que se perdone a quienes han cometido vulneraciones a los derechos humanos, Guevara dijo que ante el debilitamiento del sistema de justicia en Venezuela, correspondería a las instancias internacionales abordar estos casos.

“Compartimos ayer ante la Asamblea Nacional la preocupación ante la posibilidad de que se perpetúe la impunidad. Hay que crear un marco legal para garantizar la justicia y la reparación. Cuando existe impunidad es muy probable que ninguna solución a la crisis pueda ser sostenible. Aquellos perpetradores, tanto materiales como intelectuales, deben enfrentar la justicia. En la experiencia de AI tristemente vemos que la impunidad es uno de los desafíos regionales”.

Exigió respeto y protección para las víctimas así como también para defensores de derechos humanos y periodistas que también son objeto de agresiones y represalias por denunciar excesos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Al referirse a la ayuda humanitaria informó que Amnistía Internacional no acompañará  la entrega “porque no es nuestro mandato”. Pero exhortó a Nicolás Maduro a que permita que sea entregada a los más vulnerables. “Esperamos que los organismos cumplan con los estándares internacionales  y que Maduro garantice el acceso y que la cooperación sea entregada a las comunidades y a quienes más lo necesiten”, indicó.

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