El gobierno del presidente Lenín Moreno decidió que a partir del 21 de enero se requerirán antecedentes penales apostillados a los migrantes venezolanos. La Defensoría del Pueblo de Ecuador y Human Rights Watch rechazan el debilitamiento de la protección internacional
Daniel Palacios
Las manifestaciones de xenofobia llegaron a su máximo punto de ebullición este fin de semana en Ecuador. El feminicidio de Diana Carolina Ramírez Reyes, cometido en una calle de la localidad de Ibarra el 19 de enero de 2019, a manos de su pareja, un venezolano identificado por las autoridades como Yordi Rafal L.G., removió los sentimientos de desconsuelo y frustración de los ciudadanos que encontraron en su condición de país receptor de migrantes un punto de fuga a la rabia provocada por el cuestionable crimen.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, comunicó vía Twitter la orden para conformar una brigada inmediata para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. «Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Le hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”, escribió el jefe de Estado de Ecuador.
El secretario de la presidencia ecuaoriana, Juan Sebastián Roldán, anunció este 21 de enero, que hay cuatro personas encarceladas por los actos de violencia contra venezolanos ocurridos entre sábado y domingo en la localidad Ibarra, en Ecuador.
El debate sobre la efectividad de los policías que intervinieron en el hecho y no lograron neutralizar a este hombre venezolano, que mantuvo sometida a su víctima con un arma blanca durante hora y media, parece estar desplazado por la nacionalidad del agresor.
Tres datos oficiales para el debate. 1) En Ecuador cada tres días muere una mujer por violencia de género, registran las autoridades de ese país. 2) 98% de los migrantes venezolanos manifiesta ser víctima de algún tipo de discriminación, según un estudio elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en septiembre de 2018. 3) La ONU determinó que en 2018 ingresaron a Ecuador más de 600.000 venezolanos, de los cuales permanecen en el país entre 220.000 y 250.000.
Posiciones
La Defensoría del Pueblo de Ecuador tomó la palabra para rechazar cualquier hecho de violencia que coloque en entredicho la seguridad de sus ciudadanos, pero recalcando que ninguna de estas premisas puede estimular, promover o ejecutar la xenofobia en el territorio ecuatoriano.
“Estos casos atroces hacen parte de una situación estructural de violencia machista que afronta el país. Desde el 1 de enero de 2014, más de 600 mujeres han sido víctimas de feminicidio, y sólo el año anterior según los datos que registran la Red de Casas de Acogida, la CEDHU, el Taller Comunicación Mujer y la Fundación Aldea, 88 mujeres murieron violentamente. Estas alarmantes cifras suceden en un contexto en que, según la última encuesta realizada por el INEC, 6 de cada 10 mujeres enfrentan violencia en Ecuador y; cada tres días una mujer es asesinada en el país”, reza parte del comunicado.
De esta manera, la Defensoría ecuatoriana marca un paso atrás de la posición asumida por la Presidencia y exhorta “al Gobierno Nacional para que las medidas que se tomen en respuesta a este hecho no generen criminalización y xenofobia”. Mientras esto ocurría, el Gobierno de este país informó sobre la actualización de una nueva condición de ingreso al país, que si bien no imposibilita la permanencia de venezolanos ya admitidos en este país, levanta un control de seguridad con la exigencia de antecedentes penales para quien pretenda ingresar a Ecuador. Así lo informó el titular de la Vicepresidencia, Otto Sonnenholzner.
“Desde hoy (21 de enero), y en vista de que el Gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado”, precisó el funcionario.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, rebatió la posición del presidente de Ecuador Lenín Moreno, tras su mensaje publicado en redes sociales. “Pdte. @Lenin, cualquiera que haya cometido un crimen tan grave, sea nacional o extranjero, debe ser castigado. Pero este pronunciamiento—y las brigadas que propone—solo aumentan la xenofobia. El gobierno no puede propagar la histeria colectiva”, señaló Vivanco.
La protección de las mujeres, como eslabón más frágil de una cadena de hechos violentos, y la seguridad de los migrantes venezolanos, son derechos humanos que deben ser respetados por el Estado ecuatoriano.
