La organización Human Rights Watch, a través de su Informe Mundial 2019, divulgado este jueves 17 de enero, sostienen que en el país no quedan instituciones gubernamentales independientes que pongan coto a ejercicio autoritario del poder por parte del Ejecutivo
Aunque la emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha acabado con miles de vidas por la falta de medicinas y alimentos, el país se suma a las tendencias de resistencia contra los abusos de poder y las violaciones de derechos humanos, concluyó este jueves 17 de enero la organización Human Rights Watch (HRW) en el lanzamiento de su 29° edición de su Informe Mundial 2019.
El documento de 674 páginas, a través del cual se muestran los resultados del análisis de la defensa de los derechos humanos en más de 100 países, señala: “No quedan actualmente en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al Poder Ejecutivo”, en alusión a la represión brutal de las protestas del año 2017 y el encarcelamiento arbitrario de civiles y políticos.
La organización detalla que más de 12.500 personas han sido detenidas desde 2014 en relación por participar en manifestaciones, de acuerdo con los datos aportados por Foro Penal.
Reseña el texto que “En 2017, la justicia militar procesó a más de 750 civiles, violando lo dispuesto por el derecho internacional. Esta práctica continuó durante 2018, aunque con menor frecuencia. Integrantes de las fuerzas de seguridad también han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales”.
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El capítulo dedicado a Venezuela señala, en el apartado dedicado a la crisis migratoria, que muchos de los tres millones de venezolanos que abandonaron el país desde el año 2014 no han podido regularizar su estatus como migrantes, lo que les impide obtener permisos de trabajo, enviar a sus hijos a la escuela y acceder a servicios de salud. “Esto los vuelve más vulnerables a la explotación y el abuso”, se acota.
En el informe se menciona el caso del policía insubordinado Oscar Pérez, quien murió el 15 de enero de 2018, cuando fuerzas de seguridad del Estado, arremetieron lo hallaron en una residencia en El Junquito.
El texto también expone algunas de las irregularidades cometidas durante los operativos de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) lanzada por el gobierno en el año 2015. “Policías y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana llevaron a cabo redadas que dieron origen a numerosos señalamientos de abusos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias. En noviembre de 2017, el fiscal general indicó que más de 500 personas habían muerto durante redadas de la OLP”.
El informe indica que desde que en agosto de 2017 la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz fue separada del cargo, no se ha difundido información oficial sobre procesos contra funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos, la mayoría de ellas ocurridas en las protestas del año 2017, cuando se registraron 2.000 casos de personas heridas.
“ACNUDH manifestó que, en algunos casos, se había liberado a integrantes de las fuerzas de seguridad presuntamente implicados en la ejecución extrajudicial de manifestantes, pese a las órdenes judiciales de detención en su contra, y que los fiscales habían cursado al menos 54 órdenes de detención contra agentes de seguridad involucrados en la muerte de 46 personas en el contexto de las manifestaciones. No obstante, sólo en un caso se había iniciado un juicio”, se indica en el documento.
En alusión a la emergencia humanitaria compleja que afecta al país, HRW cita el estudio de Caritas de Venezuela del año 2018 para destacar que en Caracas y varios estados del país el porcentaje de desnutrición moderada o severa en niños y niñas menores de cinco años aumentó de 10 % en febrero de 2017 a 17 % en marzo de 2018. El texto también menciona los datos aportados las alertas epidemiológicas divulgadas por la Organización Panamericana de la Salud que han documentado el incremento de casos de malaria, sarampión y difteria.
También se hace referencia a la pérdida de la institucionalidad y la usurpación de poderes. En el apartado dedicado a la independencia judicial se lee: “Desde que el ex presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un acaparamiento político del Tribunal Supremo de Justicia en 2004, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. El tribunal ha ratificado una y otra vez prácticas y políticas abusivas”.
En la sección de dedicada a los casos de censura contra los medios de comunicación y la detención de periodistas, el informe detalla las irregularidades contenidas en la Ley del Odio adoptada por Asamblea Nacional Constituyente.“La ley prohíbe a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio y prevé penas de prisión de hasta 20 años contra quienes publiquen ‘mensajes de intolerancia y odio’ en medios de comunicación tradicionales y medios sociales”, recuerda HRW.
El documento también enfatiza que las medidas gubernamentales para restringir el financiamiento internacional de organizaciones no gubernamentales, sumadas a las reiteradas acusaciones infundadas realizadas por funcionarios y partidarios del gobierno contra los defensores de derechos humanos generan un clima hostil que afecta la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos.
La organización expone en el informe la situación de los centros penitenciarios afectados por la corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación y la falta de personal suficiente: “En marzo, al menos 66 detenidos y dos visitantes murieron en un incendio luego de un motín en una dependencia policial que era usada como cárcel, en el estado Carabobo”.
El texto concluye con un repaso del caso de Venezuela ante las instancias internacionales donde han sido evaluadas las pruebas que documentan las violaciones a los derechos humanos. “Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Panamá han aplicado sanciones selectivas contra más de 50 autoridades venezolanas implicadas en violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dando seguimiento a la situación en Venezuela, aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, un instrumento que no está sujeto a ratificación por los Estados”, se lee en el documento.
