“En Venezuela existe una política sistemática de exterminio de presuntos delincuentes”, señaló Roberto Briceño León al presentar el informe anual sobre la violencia en Venezuela, donde destaca el aumento de presuntas ejecuciones extrajudiciales
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
De los 23.047 homicidios registrados por el Observatorio Venezolano de Violencia durante 2018, 7.523 (32,64%) fueron cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Así lo informó Roberto Briceño León, director de la ONG, al presentar el informe anual sobre la violencia en el país, este 27 de diciembre.
Briceño León explicó que las muertes oficialmente registradas como “resistencia a la autoridad” aumentaron 35,91% respecto de 2017. “Este año aumentaron dramáticamente lo que nuestros investigadores califican de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. Esto representa un incremento de la acción represiva en su peor forma y no un aumento de la seguridad ciudadana”, enfatizó.
Las muertes por ejecuciones extrajudiciales son una violación al derecho a la vida, consagrado en el artículo 43 de la Constitución de la República. Para el OVV, la falta de transparencia en los datos oficiales, para referirse a las muertes por “resistencia a la autoridad”, podrían esconder presuntos excesos en operativos policiales.
“A partir del 2015, en el país existe una política de exterminio de presuntos delincuentes, luego de que comenzara la infame Operación de Liberación del Pueblo. La política actual es exterminar delincuentes”, señaló el experto.
Según los datos colectados por los investigadores del OVV, en el municipio Urdaneta, del estado Aragua, las cifras de letalidad policial son las más altas del país, pues allí la policía mató cinco veces más que la delincuencia. “Solo es este estado se registraron 73 muertes por resistencia a la autoridad por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de homicidios, atribuidos a la delincuencia, fue de 55 muertes por cada 100.000 habitantes”, agregó Briceño León.
Aragua fue el estado más violento durante 2018, con una tasa de 168 muertes por cada 100.000 habitantes; seguido por Miranda con 124 muertes, Bolívar con 107 fallecidos y Distrito Capital con 100 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Briceño León precisó que 10.422 ciudadanos murieron por causa directa de la delincuencia en el país y hay 5.102 casos en averiguación. La cifra total representa una disminución del delito con respecto a 2017, calculado en 16.146 homicidios.
“A pesar de la disminución de la tasa de muertes violentas, en Venezuela se mantiene una epidemia de violencia propiciada, tanto por la actuación de los criminales, como por la violencia del Estado” señaló Briceño León. La Organización de la Salud, acotó el experto, califica de epidemia la violencia que supera los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Según los datos colectados por la organización, en 2018 hubo 81,4 fallecidos por cada 100.000 habitantes en el país. Esta cifra contrasta con la presentada por el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, -ofrecida a finales de noviembre- quien aseguró que la tasa de homicidio en el país es de 30 por cada 100.000 habitantes.
Minería ilegal y pueblos indígenas
La minería ilegal en los estados del sur del país también ha traído consecuencia a la seguridad de sus ciudadanos. En el municipio El Callao, de Bolívar, la tasa de homicidios es de 619,8 por cada 100.000 habitantes, siendo la más alta de todo el país.
El pranato minero, la violencia estatal y la actuación impune de grupos guerilleros, como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia fueron los factores que aumentaron las muertes, principalmente en los muncipios El Callo y Roscio.
“Consideramos que las nuevas víctimas de la violencia son las comunidades indígenas, lo cual se debe a la invasión de sus territorios ancestrales por parte de bandas delictivas, nacionales y extranjeras”, sostuvo Briceño León.
El director del Observatorio enfatizó que la falta de políticas de protección por parte del Estado venezolano, así como la promulgación de la minería en los territorios indígenas, los han colocado en una situación de vulnerabilidad extrema.
“A la actuación criminal de los grupos armados irregulares se suma una actuación de cuerpos policiales y militares como el FAES, con operativos y acciones violatorias de derechos humanos, lo que está evidenciando la ausencia del Estado de Derecho en todo ese territorio, pues finalmente las funciones del Estado están siendo asumidas de manera arbitraria por cualquiera de los grupos armados que allí actúan”, enfatizó Briceño León.
