Familiares de personas que han muerto en procedimientos descritos como “enfrentamientos” entre supuestos delincuentes y miembros de los cuerpos policiales denuncian como asesinatos lo que los agentes de seguridad califican con eufemismos como “dados de baja”, “neutralizados” o “abatidos”
Las denuncias de presuntas ejecuciones judiciales por parte de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado han aumentado en los últimos años. De acuerdo al informe “Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela” elaborado por Amnistía Internacional, se registraron 8.200 entre 2015 y 2017.
Los barrios y zonas populares son los espacios donde actúan grupos como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) -adscrito a la PNB- el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Dirección General de Contarinteligencia Militar (Dgcim). Las víctimas, en su mayoría, son varones con edades comprendidas entre 12 y 44 años de edad.
Familiares de personas que han muerto en procedimientos descritos como “enfrentamientos” entre supuestos delincuentes y miembros de los cuerpos policiales, denuncian como asesinatos lo que los agentes de seguridad califican con eufemismos como “dados de baja”, “neutralizados” o “abatidos”. Estas personas, que adquieren la condición de víctimas, acuden a instancias como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y aseguran que los procedimientos son lentos y, en muchos casos, las investigaciones no llegan a una conclusión. Deben, además, lidiar con la impunidad, un flagelo contra el cual tienen pocas armas en un país donde el Estado de Derecho está herido.
«En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. (…) Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano» señaló Eleanor Roosevelt, el 10 de diciembre de 1948, cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
