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La emergencia humanitaria compleja ataca a las mujeres venezolanas  

Durante el encuentro Miradas por los Derechos de la Mujeres en Venezuela, organizado por la Red Naranja, un grupo de expertas describió situaciones que ponen en peligro la salud, integridad física, seguridad alimentaria, acceso a la educación, salud sexual y reproductiva, entre otros, de la población femenina
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María Yolanda García 

El prominente vientre de Amelia (*) se distingue del de las demás mujeres que, como ella, esperan acostadas sobre camillas que hacen una fila en el pasillo próximo a la sala de parto. Sobre el de ella, escrita con yodo, se lee una demoledora sigla: VIH.

Yaukuima no sabía que llegaba a un burdel ni que iba a prostituirse por dos años, ni que contraería una enfermedad de transmisión sexual. Tampoco supo explicarle a la policía del país vecino que era venezolana ni cómo llegó a esas tierras. No hablaba español ni tenía documento alguno que la identificara como una ciudadana venezolana miembro de la etnia warao.

Antonieta (*) se aferra a la cama donde estaba el cuerpo de su hija de 9 años. La niña murió minutos antes, al haber contraído en la sala de diálisis del hospital donde acude desde hace 8 años una bacteria que le provocó una infección que no pudo ser controlada por falta de antibiótico.

En los tres episodios -discriminación obstétrica, en el caso  de Amelia; trata de personas en el de Yaukuima e imposibilidad de acceso  a los medicamentos en el caso de Antonieta- hay dos elementos en común: se describen violaciones a los derechos humanos y  violencia contra la mujer por solo serlo. Y el contexto:  la emergencia humanitaria compleja que campea en Venezuela.

Durante el encuentro Miradas por los Derechos de la Mujeres en Venezuela, organizado por la Red Naranja, un grupo de expertas describió situaciones que ponen en peligro la salud, integridad física, seguridad alimentaria, acceso a la educación, salud sexual y reproductiva, entre otros, de la población femenina. Hechos que han sido denunciados reiteradamente y que de la misma forma continúan ocurriendo.

El silencio epidemiológico, un silencio mortal

Para Alicia Moncada, miembro de la etnia Wayuu, profesora de la UCV e integrante de Amnistía Internacional-Venezuela, las mujeres indígenas carecen de acceso a los medicamentos, el agua que consumen está contaminada como consecuencia de lo que califica como “la acción de los arcos mineros” y tienen muy poco acceso a servicios de salud, entre otras situaciones de violencia de las que son víctimas.

Durante su ponencia “Estado de los derechos de las mujeres indígenas en Venezuela”, Moncada describió que “los pueblos indígenas son el sector más marginado y sub-atendido de la población, con los peores indicadores de salud que tienen su origen  en la discriminación a las que históricamente han estado sometidos”.

 

Alicia Moncada, profesora de la UCV y miembro de Amnistía Internacional Venezuela | Foto: Mikel Ferreira


 

Denunció que se desconocen las cifras y el impacto de las enfermedades que padecen estos grupos. Señaló que no se documentan los procesos vitales como nacimientos y muertes y que las mujeres son una de las más afectadas por estas realidades.  “El silencio epidemiológico se ha convertido en una política del gobierno”.

Moncada precisó que hay 253.000 mujeres indígenas en Venezuela; que en Delta Amacuro solo 19,9% tiene acceso agua potable. “Consumen el agua proveniente de los ríos y pozos, a veces a través de tuberías, sin el debido tratamiento. Hay mucha contaminación.  No tienen acceso a la educación”.

La experta advirtió que muchas mujeres indígenas no hablan español sino sus idiomas, lo que las pone en situaciones de vulnerabilidad. Muchas ni siquiera están ceduladas. “Algunas han sido víctimas de trata porque están en condiciones de vulnerabilidad” señala.

También denunció que las formas tradicionales de obtener sustento se han visto afectadas. “Se han establecido entonces relaciones clientelares para garantizar el voto. Los CLAP se han convertido en una forma de control y dominación”. La presencia de grupos guerrilleros en la zona también las afecta.

En el J.M. las madres también se hospitalizan

Los “no” son parte de la cotidianeidad de quienes hacen vida en el hospital J.M. de Los Ríos: no hay medicamentos suficientes para atender los requerimientos de los niños, niñas y adolescentes que allí se atienden; no hay un ambiente sanitario,  no hay condiciones para pernoctar, no hay una dieta adecuada. Pero las Cuidadoras del J.M sortean esos escollos con la tenacidad y la fuerza que da el amor de madre.

La ONG Preparafamilia da cuenta del esfuerzo que estas mujeres hacen a diario, muchas desde hace años, para salvaguardar la vida de  hijos, sobrinos, nietos.

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Katherine Martínez, quien encabeza la organización y acompaña a estas mujeres desde hace 10 años, describe: “85% de estas mujeres vienen del interior y se hospitalizan con sus niños dejando sus trabajos, estudios y entornos familiares. No tienen recursos para atender sus necesidades mínimas”.

Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, apoyo incondicional de las madres del J.M. de Los Ríos |Foto: Mikel Ferreira

Pero las Cuidadoras, como ya se les conoce, no se amilanan. “Desde abril de 2018, el Ministerio de Salud les suspendió la alimentación y ellas carecen de recursos para comprar comida”, dijo Martínez.

A la hora de buscar los medicamentos que requieren los niños, niñas y adolescentes, los cuales escasean, las cuidadoras hacen lo imposible. 

“Las mujeres deben salir a conseguir donaciones  en fundaciones, utilizar las redes sociales, se ven obligadas a vender lo que no tienen, migrar a otro país para tratar de adquirir y/o cancelar medicamentos, insumos médicos y exámenes que deben ser practicados en establecimientos privados a causa de la falta de disponibilidad de equipos y reactivos en el laboratorio del hospital”.

A veces son criminalizadas si protestas o se quejan. “Las mujeres están al pie de la cama de los niños, si salen a realizar algunas diligencias deben solicitar permiso, algunas son criminalizadas, otras tienen miedo y no denuncian porque temen que los niños sufran las consecuencias”.

También deben enfrentar la muerte. En esta semana (entre el 19 y el 23 de noviembre de 2018) murieron dos niñas. El no acceso a los medicamentos fue la causa principal.

Martínez abandona el encuentro organizado por la Red Naranja, de la cual es directiva. “Voy al funeral de la niña que murió ayer. Tenía 9 años y la conocía desde que tenía 8 meses que empezó a ir al hospital”.

Ser mujer y vivir con VIH: estigma y discriminación

Luisa Kislinger –internacionalista, Magister en Comunicación Social y activista de derechos humanos y derechos de las mujeres- no esconde su preocupación cuando informa que ha crecido la transmisión de VIH a las mujeres en relaciones heterosexuales; que por falta de reactivos no se están haciendo las pruebas de diagnóstico, que las que viven con este virus son víctimas de discriminación y violencia.

“Cuando van a los hospitales las atienden de últimas para que no contaminen los espéculos; la falta de insumos para mantener la sanidad termina convirtiéndose en un obstáculo para atenderlas.  Muchas veces en los hospitales no quieren atenderlas. Son estigmatizadas y discriminadas”, señala.

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Kislinger explica que a las mujeres que viven con VIH debe practicárseles cesárea, pero al no haber kit de seguridad, se les obliga a parir de forma natural, lo que pone en riesgo al bebé”.

Hasta protegerse es difícil para las mujeres que viven con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. “En una sociedad machista como la nuestra, pedir el uso de un preservativo puede ser incluso, motivo para ser agredida”.

Ni hablar de los tratamientos de alto costo. “No hay antiretrovirales ni tienen los recursos para adquirirlos. Desde el 2013 se desconocen cifras acerca del VIH”, denunció.

La migración es otra de las situaciones que afecta altamente a este grupo: “Migran en búsqueda de tratamientos, pero muchas veces no pueden ingresar al sistema de salud de los países donde llegan y terminan estando entonces más vulnerables. Se exponen a situaciones de prostitución, trata de personas, explotación laboral”.

Violencia y hostilidad hacia las defensoras de DD HH

«En Venezuela, la defensa de los derechos humanos se lleva a cabo bajo un clima de miedo, violencia, hostilidad, criminalización de manera generalizado y sistemáticamente». Linda Loaiza López, abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres, narra las vicisitudes que ella y sus colegas pasan al sumarse al combate de estas vulneraciones.

“Los mecanismos de protección de las mujeres en general en Venezuela son escasos y su implementación es poco efectiva. No cuentan con un marco jurídico que contenga la arremetida del Estado contra as defensoras de derechos humanos” señala López.

Linda Loaiza López denunció las agresiones de las que son objeto las defensoras de los derechos humanos | Foto: Mikel Ferreira

La abogada considera que es imprescindible “incluir mecanismos verdaderamente efectivos y con un enfoque de género diferenciado para entender las situaciones que enfrentan las mujeres defensoras, así como sus necesidades particulares de protección”.

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Linda Loaiza reseñó algunas cifras que denotan la difícil situación de las mujeres que defienden los DD HH. “Hoy día hay 44 mujeres defensoras víctimas de agresiones por su trabajo; 15 medidas de protección otorgadas por organismos internacionales; 3 medidas de protección dadas a familiares, 2 medidas de protección negadas, 4 defensoras exiliadas y 1 asesinada».

 

“Venezolanas en emergencia”

La profesora Ofelia Álvarez, presidenta de Fundamujer, señala en su trabajo “Venezolanas en Emergencia”, que es el Estado venezolano el responsable de los actuales padecimientos de la mujer “víctima directa de la emergencia humanitaria compleja”. Señaló varios tipos de violencia.

  • Violencia del Estado-Gubernamental

“Muertes y otras situaciones producidas por la situación de crisis de todo tipo que vive nuestra sociedad. Perpetrados por organizaciones del ‘orden’ como OLP, GNB y PNB que, en sus incursiones, arrasan con vidas y bienes materiales”.

Para la profesora Ofelia Álvarez la emergencia humanitaria compleja y la desidia del gobierno afecta permanentemente a las mujeres | Foto: Mikel Ferreira

Señala también que “a ello se suman los casos de detenidas sin juicio o en juicios militares ligados a acciones delictivas de los funcionarios, como en el caso de las policías detenidas por revelar y difundir fotos de los cadáveres de sus mismas compañeras, todo sin los procedimientos pautados legalmente”.

  • Violencia Delincuencial y Mujeres en Delincuencia

Álvarez explicó que desde el año 2015 se ha detectado una mayor participación de mujeres en delitos. También señaló que “hay mujeres asesinadas, robadas o secuestradas, desde niñas a ancianas, inclusive por funcionarios con amenazas de tipo sexual. En este punto señalamos cómo en la prensa sale la noticia una vez, no hay investigación, no hay interés por saber del contexto”.

  • Violencia en acceso a la Salud

Se caracteriza por la carencia y falta de acceso a medicinas, anticonceptivos, insumos para análisis y exámenes específicos. “Consecuencias perniciosas de enfermedades que estaban erradicadas y deterioro progresivo de salud mental en la población agravado en las mujeres por causa del cuido familiar, la doble y triple jornada y la búsqueda de alimentos y medicamentos a través de múltiples locales”, denunció. 

Álvarez calificó la situación como “desidia, falta de planificación; ya ni siquiera hay con quien hablar en el Ministerio respectivo, no hay quien atienda, un responsable”.

  • Violencia Alimentaria-Nutricional, de Medicamentos.

“Dedicamos este tipo de violencia a la ausencia progresiva de insumos alimenticios, productos farmacéuticos y de la probabilidad económica de adquirirlos provocando depresión nutricional, imposibilidad de mejoras ante alguna dolencia y de graves consecuencias en el crecimiento para niñas y niños” señala el informe que detalló.

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