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El Estado niega ante la CIDH que haya presos políticos, pero muestra imágenes de Requesens

Durante el 169° Período de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos las ONG venezolanas  denunciaron las precarias condiciones en que están los privados de libertad en el país
Erick S. González Caldea

 “A Juan Requesens y los demás presos se le están garantizando sus derechos humanos. Lo pueden ver en las imágenes”, dijo el representante del Estado venezolano, Larry Devoe a las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Devoe presentó fotografías que muestran al diputado de oposición durante la única visita que le han podido hacer sus padres desde el 7 de agosto, cuando fue detenido por su presunta  vinculación con el supuesto atentado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. En otros registros fotográficos el parlamentario aparece siendo evaluado por médicos y caminando fuera de las celdas del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Pero el representante gubernamental no mostró las imágenes “filtradas” por el Sebin, en las cuales Requesens está semidesnudo y desconcertado, que fundamentan las presunciones de que fue sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El propio Maduro se encargaría de revelar que la escena que estremeció a la opinión pública nacional e internacional correspondía al momento en que el diputado era evaluado por médicos de la policía política, luego de su captura.

Larry Devoe, además, negó la existencia de presos políticos en Venezuela. El informe de los expertos de la OEA  que fundamenta la solicitud de una investigación contra Maduro y al menos diez altos funcionarios ante la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, incluye 1.300 encarcelamientos por motivos políticos a partir de 2014.

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Los señalamientos de Devoe tuvieron lugar en la audiencia sobre la situación de las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis política de Venezuela, que se realizó este jueves 4 de octubre, como parte del 169° Período de Sesiones de la CIDH, que se lleva a cabo en Boulder, Colorado, Estados Unidos.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales Foro Penal, Observatorio Venezolano de Prisiones, Una Ventana a la Libertad y Espacio Público, que participaron en dicha audiencia, rechazaron las afirmaciones del agente del Estado. Torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos y el retardo procesal son las principales violaciones cometidas por el Estado venezolano contra los ciudadanos del país y, en particular, contra  los presos en las cárceles y centros de detención preventiva, reportaron los voceros de las ONG.

12.800 detenciones arbitrarias

Julio Enríquez y Luis Armando Betancourt, miembros del Foro Penal, intervinieron en la sesión para denunciar que en Venezuela se han producido 12.800 detenciones arbitrarias desde 2014.

“Todos los meses son liberadas y encarceladas 50 personas. Esto es el efecto de ‘puerta giratoria’ que se vive en el país con los detenidos” dijo Enríquez, quien aseguró que las autoridades violan el derecho al debido proceso.

Betancourt, por su parte,  explicó que hay 78 civiles procesados en instancias militares que aún se encuentran detenidos.

Carlos  Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, denunció que en el país fallecieron 163 personas en centros de reclusión preventiva y cárceles de Venezuela. “Existen aproximadamente 500 centros de detención, donde los aprehendidos no deberían estar más de 48 horas, y se han convertido en sitios de reclusión permanentes, lo que es una violación a las leyes nacionales. Durante 2018, documentamos que 5 reclusos murieron por desnutrición y 34 por tuberculosis”.

Informó que hay 15 adolescentes presos por razones políticas en el país que se encuentran en centro de detención para adultos.

La representante del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Beatriz Carolina Girón, señaló que  el Estado venezolano demostró que no tiene voluntad para solventar la situación de violencia e impunidad que se vive en los centros penitenciarios y calabozos policiales de Venezuela.

La OVP presentó tres casos sobre las vulneraciones de los derechos humanos de los privados de libertad: El hallazgo de 15 osamentas en la Penitenciaría General de Venezuela, en el estado Guárico, en 2017; la masacre del Reten de Amazonas, en donde fueron asesinado 39 reos; y la masacre de Poli Carabobo, en donde fallecieron más de 69 presos, en un incendio.

Humberto Prado, director del OVP, señaló, finalizada la audiencia, que hicieron un petitorio a los representantes de la CIDH en cuanto a los casos presentados. “Primero: que se inste al estado a investigar y enjuiciar a los responsables de la masacres. Segundo: que se haga el resarcimiento de los daños materiales y morales. Y tercero: que la CIDH impulse un informe temático sobre la situación de los privados de libertad, políticos y sociales”, destacó.

Las visitas a Venezuela

Larry Devoe, representante del Estado venezolano, negó cada una de las denuncias hechas por los representantes de la sociedad civil y  aseguró que en el país no hay presos políticos ni violaciones a los derechos humanos de los detenidos.

El representante del Estado no respondió las preguntas relacionas a la policía política hechas por los representantes de la CIDH. Devoe enfatizó que el gobierno de Nicolás Maduro sí ha permitido el acceso a expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas. “Invitamos a la comisión a leer el informe hecho por el experto Alfred De Zayas, quien describió la situación de los derechos humanos en Venezuela”, dijo.

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El informe de De Zayas fue refutado por los representantes de    ONG, porque no se fundamenta en una investigación exhaustiva y solo se hizo eco de información aportada por el gobierno.

Una vez más, el presidente de la CIDH y relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, justificó la exigencia de una visita del organismo internacional al país para constatar directamente las denuncias de violaciones de los derechos humanos.

 “Desde la Comisión consideramos que, debido a la falta de acceso a Venezuela, la verdad está del lado de las denuncias que nos hacen llegar los representantes de la sociedad civil venezolana, y no del Estado”, aseguró.

 “Es muy importante que el Estado pueda presentar informes de visitas de representantes de organizaciones internacionales, y así dar cuenta de las vulneraciones de los derechos en el país. Es vital que faciliten acceso a un contacto directo con los expertos independientes”, añadió.

Eguiguren cuestionó la naturaleza de las detenciones en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el uso de los centros de detención preventivas, de las comandancias policiales y militares, para mantener a los detenidos y procesados más tiempo de lo establecidos en la ley.

Larru Devoe, una vez más, no accedió a la solicitud de Eguiguren. Sin embargo, con un poco más de formalidad (en comparación con el comentario del presidente Maduro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la semana pasada), dijo a los integrantes de la CIDH que el Estado venezolano autorizó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que visite  Venezuela y pueda realizar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.

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