Internacionales, Reportes

Conflictividad social durante 2018 deja 14 muertos en 8.372 protestas  

89% de las manifestaciones corresponden a exigencias de derechos económicos y sociales que son vulnerados por la profundización de la emergencia humanitaria compleja y el deterioro de la calidad de vida en Venezuela, precisó el activista Marco Ponce

Arturo Guillén

Entre enero y agosto de 2018 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 8.372 protestas en todo el país debido al colapso que ha sufrido por la emergencia humanitaria compleja. Por ello, el director de la ONG, Marco Ponce,  indicó que «el principal problema que enfrentan los venezolanos es la carencia de democracia. En 2018,  89% de las protestas son por exigencia de derechos económicos, sociales y culturales».

«El quiebre institucional, la consolidación del autoritarismo, el incremento de la represión como respuesta gubernamental a las protestas, la adopción de políticas económicas unilaterales y la discrecionalidad de los planes sociales han hecho que los venezolanos vivan al límite», advirtió Ponce

Especificó que en lo que va de año han asesinado a 14 personas en manifestaciones por las violaciones sus derechos más básicos, entre ellas cuatro menores de edad y 10 mujeres. “Exigimos el cese de la criminalización de la protesta pacífica y la no persecución de quienes participamos en estás audiencias”, expresó.

También te puede interesar: Convite denuncia que pedir carnet de la patria a pensionados es una medida de control

Entre los que más protestaron en Venezuela, según Ponce, destacan los trabajadores y los adultos mayores. ”Frente a este escenario, el espiral de conflicto va a seguir aumento, si no se toman medidas», puntualizó.

Carlos Correa, director de Espacio Público,  explicó que en Venezuela se vive una crisis económica que calificó de inmensa. “Nuestro PIB ha caído por cinco años seguidos. Tenemos la inflación más alta del mundo, pero no tenemos acceso a la información”, expuso.

Discriminación estatal

Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que “la discriminación política ha sido utilizada como mecanismo de control. El Estado ha hecho uso del carnet de la patria y otros servicios sociales para el control y la represión”.

Trujillo calificó al carnet como una “mutación de la lista Tascón”. Además, el director del CDH-UCAB cuestionó la renuencia del Estado venezolano al escrutinio internacional, al impedir la visita al país de investigadores independientes. “Citaré a una organización que el Estado ya no nombra: la FAO, en un informe que dice que en Venezuela está 86% de la población subalimentada en América del Sur”, dijo.

Preocupación en la CIDH

Soledad García, Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), indicó: “nos preocupa lo extenso de los estados de excepción y los efectos de la crisis sobre las poblaciones vulnerables. Es necesario un diálogo entre el Estado y la comunidad internacional y la sociedad civil».

Francisco Eguiguren, presidente de la CIDH, mostró preocupación sobre la crisis migratoria venezolana causada por la emergencia humanitaria compleja del gobierno de Nicolás Maduro. “La migración venezolana  no solo es una fragmentación de las familias, es la fuga de profesionales y evidencia una crisis grave. En mi país (Perú) se han reconocido a 500 mil venezolanos establecidos», enfatizó.

El comisionado Joel Hernández García se refirió a la intervención del representante del Estado venezolano, Larry Devoe, en el que aseguró que el país “tiene la capacidad de atender las necesidades de su población”.

Hernández cuestionó: “Me cuesta entender lo que afirma el representante de Venezuela de que tienen la capacidad suficiente para cubrir las necesidades de la población, cuando hay información sobre la escasez de medicinas y alimentos”.

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *