La jueza 22 de Control, Igledys Martínez, admitió una acción de amparo el 31 de agosto, pero la policía política se niega a informarle sobre la violación del debido proceso en el caso del diputado en el Helicoide
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Erick S. González
Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) burlaron la autoridad del jueza 22 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Igledys Charinga Martínez, al no responder a un oficio que enviara el 3 de septiembre, en el que pedía que se le informara acerca de las razones para impedir que los abogados del diputado Juan Requesens puedan comunicarse con él, a efectos de un efectivo ejercicio del derecho a la defensa.
Así lo aseguró Joel García, apoderado legal del parlamentario, quien acudió este viernes al Sebin, en otro intento infructuoso por ver a su defendido.
García explicó, a las afuera del Helicoide, que solicitaron amparo constitucional, ya que desde el momento de la detención de Requesens (el 7 de agosto de 2018) sus abogados solo han podido verlo una vez, durante la audiencia preliminar que se llevó a cabo el 14 de agosto de 2018.
El tribunal 22 de Control admitió la acción de amparo el 31 de agosto. Tres días después, el 3 de septiembre, el tribunal envió un oficio dirigido al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo González López. La jueza Martínez le pidió que “informe de manera detallada sobre los motivos de la prohibición al acceso de los abogados y familiar del mencionado ciudadano”, en referencia a Requesens.
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El texto reza: “Me dirijo a usted, en la oportunidad de solicitarle se sirva informar a este tribunal, en un lapso de no podrá exceder de 24 horas a recibido del presente oficio, el motivo por el cual nos e permite el accesoa los defensores privados Joel García, Alejandra Tosta y Charithy López, así como los familiares del ciudadano Juan Carlos Requesens Martínez”.
En el documento, se asegura que el Tribunal Vigésimo segundo “admitió acción de amparo de la libertad y seguridad (Hábeas Corpus) interpuesta por los representantes legales a favor del ciudadano antes mencionado, alegando que no se les ha permitido el acceso al lugar”.
Oficio enviado por el Tribunal Vigésimo Segundo de Control
Pero fue catorce días después, el 17 de septiembre, que representantes del Sebin respondieron al tribunal, negándose a recibir el oficio de ese juzgado, “porque solo responden sus superiores”, aseguró el abogado Joel García, quien leía la respuesta del Sebin, escrita a mano, en la parte de atrás del oficio que el tribunal remitió al director del Sebin.
“La respuesta de los funcionarios fue: ‘Se consigna la presente ya que el personal de correspondencia del Sebin indica que ellos no pueden recibir el oficio 697-187, ya que no pueden dar respuesta en el tiempo determinado, 24 horas’. Es decir que el Sebin no responde al dictamen de un tribunal. Solo responde a sus superiores y ellos son la vicepresidenta (Delcy Rodríguez) y el presidente Nicolás Maduro; todos ellos les están violando los derechos a Juan”, explicó García, quien aseguró que la jueza del Tribunal 22° de Control no ha emitido ningún comunicado sobre la negativa de las autoridades de la policía política.
El 7 de agosto Requesens fue detenido en su residencia, tras ser vinculado al presunto atentado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, ocurrido tres días antes. El 14 de agosto el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en Terrorismo, a cargo de la juez Carol Padilla, decretó la detención judicial preventiva del diputado.
El Ministerio Público imputó a Requesens de ocho delitos: traición a la patria, homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración contra el presidente de la República, homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración contra siete militares, terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública continuada, uso de artefactos explosivos y daños a la propiedad.
García recordó que este viernes 28 de septiembre venció el plazo del Ministerio Público para emitir alguna acción sobre el caso del diputado. “La fiscalía tiene tres opciones: sobresemiento, archivo del expediente o acusación. Con toda seguridad, y después vista la rueda de prensa que el ministro de Comunicaciones dio el domingo pasado, a Juan lo van a acusar el día de hoy”, enfatizó.
Respuesta de los funcionarios del Sebin
Destacó que el Tribunal que lleva la causa del parlamentario no da despacho desde hace un mes. “Hay rumores de que la jueza Padilla (quien se fue de vacaciones) no va a volver. El problema es que no se sabe cuándo el tribunal dará despacho; hasta que eso no ocurra, Juan estará detenido”, agregó el abogado defensor.
Sigue incomunicado
Desde el jueves 20 de septiembre, a Juan Guillermo Requesens y a Paula Martínez no se les permite visitar a su hijo, aún están en lista para ingresar a las instalaciones del Helicoide.
El médico traumatólogo Requesens denunció las violaciones a los derechos de su hijo por parte de los funcionarios del Sebin y, nuevamente, enfatizó que al parlamentario le deben practicar los exámenes pertinentes para constatar su estado de salud.
“Juan tiene 52 días secuestrado. Exijo que a Juan lo vea su equipo de salud y le realicen un examen médico exhaustivo”, destacó.
Oriana Granati, madre de los hijos del diputado, por su parte, lamentó que nuevamente él esté incomunicado: “Juan me mandó a decir que no le llevara a los niños porque considera que no es un sitio adecuado para ellos”.
