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“La CPI debe dar una respuesta oportuna y cónsona con la emergencia en Venezuela”

Milagros Betancourt, experta en Derecho Internacional Público, destacó la conjunción de los esfuerzos realizados por presidentes en ejercicio preocupados por el desmoronamiento de la democracia y el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos
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Edgar López

Un día antes de que seis jefes de Estado solicitaran a la Corte Penal Internacional  una investigación contra el presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, se debatió con vehemencia sobre la crisis de migración forzada sin precedentes en las Américas, causada por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Y un día después, al otro lado del Atlántico, en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución a través de la cual se instó a Maduro a aceptar la ayuda internacional para que los venezolanos no sigan muriendo por falta de alimentos y medicinas.

Milagros Betancourt, profesora de Derecho Internacional Público, embajadora retirada y negociadora del Estatuto de Roma, considera que no se trata de una simple coincidencia, sino del resultado de la activación de todos los mecanismos jurídicos y políticos de los cuales dispone la comunidad internacional para detener el desmoronamiento de la democracia en Venezuela y el sufrimiento de los venezolanos.

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Betancourt participó en la elaboración del Estatuto de Roma desde la primera reunión preparatoria hasta el momento en que Venezuela ratificó su adhesión al instrumento internacional para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los crímenes más atroces del mundo.

Además de reconocer el valor del informe de los expertos de la OEA, que fundamenta la iniciativa de los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú contra Maduro y, al menos, diez altos funcionarios, la experta destaca la trascendencia política de lo ocurrido este 26 de septiembre de 2018: “Se trata de seis presidentes y jefes de gobierno en ejercicio denunciando a otro presidente en ejercicio. Eso no tiene precedentes y evidencia la preocupación de la comunidad internacional, que ha decidido actuar articuladamente ante la escalada de la crisis en Venezuela”.

Advierte que, aunque el Estatuto de Roma no precisa plazos, la fiscal ante la CPI, Fatou Bensouda, debe dar una respuesta “oportuna y cónsona con esa preocupación internacional por la emergencia en Venezuela”.

Betancourt considera probable que la fiscal ante la CPI acumule el Examen Preliminar que inició en febrero de este año (el cual está específicamente referido a los excesos en la represión de las manifestaciones antigubernamentales de 2017) a la solicitud, más amplia en términos de hechos y plazos, formulada por los seis presidentes.

La ex embajadora insistió en la conjunción de esfuerzos y la suma de voluntades de presidentes en ejercicio: “La crisis de Venezuela tiene un impacto regional y mundial. No es poca cosa que hayan huido del país aproximadamente 4 millones de personas por el progresivo e insoportable deterioro de su calidad de vida.  A mí me impresionaron mucho las palabras del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en la tribuna de oradores de la 73° Asamblea General de las Naciones Unidas. Citando a Martí, dijo que cuando un pueblo emigra sus gobernantes sobran”.

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