El reportero Reynaldo Mozo permaneció 40 minutos en el comando de la GNB, en la Aduana Marítima de La Guiara. Intentaba entrevistar a quienes acudían al lugar para ser atendidos en el buque hospital chino Arca de la Paz
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Erick S. González Caldea
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al periodista Reynaldo Mozo Zambrano, del portal web Efecto Cocuyo, la mañana de este martes 25 de septiembre, mientras entrevistaba a un ciudadano que se iba a consultar en el buque hospitalario chino “Arca de la Paz”, anclado en el Puerto de La Guaira desde el sábado 22 de septiembre.
El comunicador social estuvo detenido durante 40 minutos en el comando de la GNB, ubicado en la Aduana Marítima del Puerto de La Guaira. A Mozo le retuvieron sus documentos de identidad y pretendían que les entregara el teléfono, a lo que el periodista se negó.
Los agentes de seguridad del Estado le enfatizaron al comunicador social que no podía estar en el puerto porque era una zona de seguridad.
Uno de los funcionarios castrenses aseguró que para cubrir cualquier noticia en el buque “Arca de la Paz” debía tener credenciales otorgadas por la gobernación del estado Vargas. No obstante, personal de prensa de la entidad negó tal versión.
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Al periodista se le explicó que son los funcionarios del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional los que otorgan las acreditaciones para entrar al buque chino.
Mozo es el segundo comunicador social detenido por funcionarios castrenses en menos de 48 horas. El primero fue Isnardo Bravo, a quien detuvieron en el Aeropuerto de Maiquetía cuando se preparaba para viajar al exterior con su hija de 11 años.
Bravo estuvo retenido en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), durante nueve horas, para dar testimonio sobre el caso de Oscar Pérez, según lo informó al salir.
Violación al libre ejercicio periodístico
Las violaciones al derecho del libre ejercicio periodístico, libertad de expresión y derecho a la información fueron denunciadas por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa y la organización Espacio Público.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en su informe 2018 sobre Venezuela, titulado “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, señaló que: “En Venezuela hay severas restricciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela a través de censura y de medios de comunicación, ataques a periodistas, criminalización de opiniones disidentes o a quienes difunden información contraria a funcionarios de gobierno y la sanción a quienes difunden mensajes considerados de odio en internet”.
En la Declaración de Chapultepec, adoptada el 11 de marzo de 1994, estipula que: “Debe estar prohibido por ley, la censura previa, la interferencia o la presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación”.
En el artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se reconoce la libertad de expresión y de información como derechos fundamentales que deben ser respetados por las autoridades del país.
Tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, detallada en la Observación General N° 34 del Comité de Derechos Humanos, ambos en su artículo 19, establecen que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del hombre.
Según la Organización de las Naciones Unidas: “La libertad de prensa, sin ninguna duda, es un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión. La prensa (en sus varias plataformas) juega un papel central al informar de forma contextualizada sobre los temas relevantes para todos los ciudadanos y ciudadanas, al agenda en debate público las cuestiones centrales para el desarrollo y la democracia, al actuar como ‘perro-guardián’ de los gobiernos y otros actores”.
