El portal web Armando.info publicó un comunicado a través del cual informa que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones les prohibió mencionar al empresario colombiano Alex Saab, uno de los intermediarios del programa gubernamental CLAP
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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo regulador dependiente del Ejecutivo Nacional, ordenó el lunes 10 de septiembre a los proveedores de servicio de Internet (ISP) en Venezuela impedir que los periodistas del website de periodismo de investigación Armando.info –Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Ewald Scharfenberg y Alfredo Meza– mencionen en sus publicaciones al empresario colombiano Alex Saab, señalado en los reportajes elaborados por este grupo de comunicadores sociales como uno de los grandes intermediarios privados en la importación de alimentos básicos para el programa gubernamental de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Así lo informó Armando.info a través de un comunicado.
En el documento se detalla que mediante un oficio firmado por la funcionaria Vianney Rojas García, el ente regulador de las telecomunicaciones en Venezuela notificó la medida a los prestadores del servicio de Internet. También envió comunicaciones a los cuatro reporteros de Armando.info informándoles que, de acuerdo con una sentencia del Tribunal 11 de Juicio de Caracas, tienen prohibido “publicar y difundir a través de los medios de comunicación digitales, específicamente en el sitio denominado Armando.info menciones que vayan en contra del honor y la reputación de Saab”.
“Se trata de una decisión sin precedentes, en la que un órgano del gobierno central, y no un tribunal, vela por una prohibición de mención de un ciudadano –además, extranjero- en medios electrónicos. Conatel no regula a personas naturales ni hasta ahora había tocado las puertas de los domicilios de ningún periodista, para conminarlos a callar sobre un tema” indica el texto.
Especifica el comunicado que la medida es la última incidencia de una demanda por difamación e injuria que hace un año introdujo Alex Saab. “El tribunal, a cargo de Ghilda Molina Carrillo, ya había ordenado a los comunicadores abstenerse de mencionarlo –una medida que ya se ha hecho costumbre en la jurisprudencia de la autodenominada revolución bolivariana-, pero los periodistas decidieron continuar la cobertura del caso luego de que en febrero salieran del país y se residenciaran en la ciudad de Bogotá, fuera de la jurisdicción venezolana, con ese objetivo. En agosto reciente, la jueza había concedido otra solicitud de la parte demandante, en el sentido de prohibir a los periodistas la salida del país”, reza el texto.
En los últimos meses, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) ha reportado reiterados ciberataques y bloqueos a Armando.info y otros sitios de periodismo independiente en Venezuela como El Pitazo, La Patilla y la edición digital del diario El Nacional. Los usuarios de Armando.info denunciaron también problemas para navegar desde el país a través de las distintas operadoras públicas y privadas.
“Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas, (también ccolombiano), han aparecido desde 2015 en distintos reportajes de investigación publicados en Armando.info, en los que se comprobaba la creciente participación del dúo empresarial en negociados de diversa índole con el Estadio venezolano, desde la construcción de viviendas hasta la extracción de petróleo por distintos reportajes” describe el comunicado.
Desde mediados de 2017 los reportajes se enfocaron en el protagonismo casi monopólico de esos empresarios en la importación de alimentos y medicinas de bajo costo para el principal programa social del Gobierno de Nicolás Maduro, los CLAP, dirigido a los sectores populares donde se encuentra la base electoral del partido oficial, en medio de la más aguda crisis de abastecimiento enfrentada por Venezuela en su historia reciente. Los periodistas han denunciado sobreprecios y la importación de productos que no cumplen con los estándares para su consumo.
A comienzos de Septiembre de 2017, Saab introdujo la demanda contra los tres socios-directores del website Armando.info, Scharfenberg, Meza y Poliszuk, y contra el reportero Roberto Deniz. En Venezuela la difamación e injuria constituyen delitos de justicia penal, con condenas que pueden extenderse hasta por seis años de prisión.
