La Defensoría del Pueblo promovió el fallo contra la medida que había acordado el Poder Ejecutivo. El gobierno de Lenín Moreno tiene 45 días para presentar un plan a efectos de afrontar la migración venezolana
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Un tribunal de Quito anuló este viernes 24 de agosto la exigencia de pasaporte a los migrantes venezolanos que ingresan al país y dio un plazo de 45 días al Ministerio de Relaciones Exteriores para que presente un plan, en caso de que se pretenda seguir aplicando esa medida.
La Unidad Judicial Tercera de la Familia tomó la decisión en una audiencia de solicitud de medidas cautelares formulada por la Defensoría.
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La Defensoría «aplaude esta decisión, que lo que hace es reconocer el derecho de las personas, en este caso el derecho de las personas a emigrar», dijo el abogado Ernesto Pazmiño.
Agregó que la jueza Judith Naranjo fundamentó su fallo en el artículo 1 de la Constitución, el cual establece que Ecuador es un Estado de Derecho y Justicia. Por lo tanto, el Estado y todas sus instituciones tienen un límite en sus decisiones, que son el respeto al derechos humanos.
La decisión judicial se produce a menos de 24 horas de que Perú aplique una medida similar este sábado 25 de agosto.
La intención del gobierno ecuatoriano, según comunicaron sus autoridades, es tener un mayor control sobre la migración de venezolanos, pero su decisión fue rechazada por la Defensoría del Pueblo, pues la considera una violación de los derechos humanos.
«Consideramos que este es un triunfo histórico de la justicia y un triunfo histórico de los derechos humanos», manifestó Pazmiño. “La jueza se sumó al pedido y al clamor de Ecuador y del mundo de que se dé una respuesta humanitaria al tema de la migración«, agregó.
Naranjo dio un plazo de 45 días a la Cancillería de Ecuador para que presente un plan de contingencia humanitaria que sirva para hacer frente a los problemas migratorios. No obstante, Pazmiño aseguró que no es así y que lo que la jueza solicitó fue un «plan humanitario», de modo que el gobierno no podría volver a instaurar la restricción de los pasaportes bajo ninguna circunstancia.
Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana se mostró «decepcionado» por el fallo, pero dijo «respetar» la decisión del Poder Judicial.
«Nos parece que la jueza ha actuado dentro de sus competencias y tenemos que respetar su decisión. Tendremos que analizarla, pero, aparte de este respeto a la decisión judicial, existe también una decepción por parte de las entidades del Estado que fueron demandadas», afirmó.
