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Nueva matanza en minas de Bolívar dejó seis muertos

El supuesto enfrentamiento entre indígenas Jivi, indígenas Sanema y miembros de una  organización delictiva autodenominada «sindicato» inició a las 4:30 pm de este jueves, en la población de Maripa. Uno de los cadáveres fue decapitado
Reporte Proiuris | @Proiuris_VE  | IG: @Proiuris | Facebook: @ProiurisVE

Por el control de una mina. El líder indígena Misael Julio Ramírez, de 45 años de edad, capitán de la etnia Jivi, ubicada en la población de Maripa, estado Bolívar, y su hijo Milson Doragel Rondón Reina, de 18 años de edad, fueron asesinados por miembros de un grupo identificado como El Sindicato y miembros de la comunidad Sanema, quienes habrían llegado al sector para tomar el control de ese territorio minero.

Funcionarios del Eje de Investigación de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informaron que había cuatro fallecidos más, integrantes del llamado sindicato, que aún no sido identificados. Los cuerpos policiales también informaron que al capitán lo decapitaron luego de asesinarlo, mientras que el cuerpo de su hijo está desaparecido.  También reportaron que investigan a cuatro personas que presuntamente estuvieron involucradas en la matanza.

La ONG Kapé-Kapé indicó que el llamado sindicato, en conjunto con miembros de la comunidad indígena Sanema, habían tomado el control de la mina hace aproximadamente ocho meses. No obstante, ambos grupos quisieron tomar el territorio de los Jivi, quienes se opusieron y se inició un enfrentamiento armado. “Los mineros que estaban allá están dejando las minas a pie luego del conflicto”, afirmaron.

Desde Kapé-Kapé sostuvieron: “La proliferación de la actividad minera y la violencia armada que la caracteriza trastoca cada vez más la cotidianidad de las comunidades indígenas,  que décadas atrás habitaban sus espacios de manera no violenta y aplicando prácticas mineras a pequeña escala, sin dejar mayores estragos al ambiente, fundamentados en sus principios de sana convivencia con la naturaleza. Durante 2018, grupos indígenas de la Gran Sabana y San Luis de Morichal han reclamado su derecho a habitar sus tierras sin amenazas de la actividad minera que los ha plagado de violencia, enfermedades, contaminación y desplazamiento”.

La organización recordó que su petición está establecida en el artículo 20 de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual ordena el reconocimiento y garantía por parte del Estado “a los pueblos y comunidades indígenas, su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.  Las tierras de los pueblos y  comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles”.

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