Mediante un comunicado divulgado este miércoles 22 de agosto representantes de la sociedad civil repudiaron la exigencia del pasaporte a los venezolanos, por considerarlo una violación a los estándares internacionales en materia de derechos humanos
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“Desde la sociedad civil rechazamos cualquier medida regresiva que culmine en la restricción y eliminación del goce y disfrute de los derechos de cualquier persona en situación de movilidad humana”. Así lo expresa un comunicado en el que organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazaron la decisión de los gobiernos de Perú y Ecuador de exigir a los migrantes venezolanos la presentación del pasaporte como único requisito para ingresar al territorio.
En el documento, divulgado este miércoles 22 de agosto, organizaciones no gubernamentales que promueven la defensa de los derechos a la movilidad humana en 11 países de las Américas, se pronunciaron contra cualquier intento de cierre de las fronteras con el objetivo de impedir el paso a las poblaciones que están en necesidad de protección internacional y ayuda humanitaria.
“Estas medidas contravienen no solamente convenciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados, sino los propios ordenamientos constitucionales de los países concernidos”.
Las medidas de control migratorio que dificultan el derecho a la movilidad humana- expresa el documento- exponen a las personas a situaciónes de extrema vulnerabilidad como el tráfico de personas y la separación de familias, lo cual merma la capacidad de los Estados para brindar atención y apoyo a los grupos más necesitados entre los que se encuentran los niños.
El desplazamiento forzado de más de dos millones de venezolanos que han emigrado a distintos países de la región- indica el comunicado- como consecuencia de la crisis política, económica y social que afecta a Venezuela, compromete los derechos de las personas migrantes y justifica la protección internacional. “Hacemos un llamado a los Estados de la región, a la sociedad civil y a la comunidad internacional, con el fin de redoblar esfuerzos y trabajar de manera conjunta frente el masivo desplazamiento forzado” señala el texto.
En relación al fenómeno migratorio y su impacto en las regiones, la coalición de organizaciones exhortó a los Estados, organismos de derechos humanos y miembros de la sociedad civil a emprender las siguientes acciones:
- Abordar el tema migratorio en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil a fin de aportar nuevas alternativas y soluciones.
- Agilizar los procesos de ayuda humanitaria en las regiones, garantizando espacios de descanso temporal, alimentos y atención médica.
- Propiciar la regularización del estatus migratorio de las personas “para que este desplazamiento se realice con una plena garantía del goce y disfrute de los derechos de cada individuo y en esa medida contribuir a erradicar o eliminar la mayor cantidad de riesgos posibles”.
- Identificar a las personas que necesitan protección internacional como lo establece la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Los Estados deben responder a la presentación de las recomendaciones y opiniones consultivas de los órganos y mecanismos especializados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas.
- Garantizar protección a los defensores de derechos de los migrantes y refugiados ante cualquier amenaza, agravio o amedrentamiento.
- Cumplir con el ejercicio de los derechos fundamentales de la población venezolana para garantizar el acceso a los servicios básicos, teniendo en cuenta las necesidades de los niños, niñas, personas de tercera edad y mujeres embarazadas.
- Demostrar solidaridad con las poblaciones desplazadas y evitar cualquier tipo de discriminación o conducta xenofóbica.
- Monitorear y documentar las violaciones de derechos humanos que se produzcan en el contexto de la ola migratoria para trabajar en la creación de nuevas soluciones.
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