Exclusivas Proiuris, Reportes

Juan Méndez sobre las torturas en Venezuela: Hay que ir pensando en una comisión de investigación independiente

El ex relator de la ONU considera que hay que demostrar con sumo rigor que el Estado no tiene la voluntad de sancionar a los responsables de delitos como los que se habrían cometido contra el diputado Juan Requesens

Edgar López | @Proiuris_VE  | IG: @Proiuris | Facebook: @ProiurisVE

Conoce muy bien las torturas; le aplicaron la picana eléctrica durante la dictadura militar de Argentina. Sabe muy bien cómo investigarlas; entre 2010 y 2016 fue Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura  y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Y Juan Méndez también sabe del horror de las cárceles venezolanas, entre ellas el Helicoide, por lo cual no duda en advertir que solo una investigación eficaz y transparente de hechos como los ocurridos en el caso del diputado opositor Juan Requesens impedirá que la tortura se asuma como una práctica normal en Venezuela y que permanezca impune.

Desde Nueva York, en comunicación telefónica con Proiuris, Méndez comenzó por condenar el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, durante la parada militar que tuvo lugar en la avenida Bolívar de Caracas, el 4 de agosto de 2018, en tanto punto de partida de la detención e incomunicación de Requesens: “Es un acto de violencia que, independientemente de quienes sean los autores, agrava innecesariamente la crisis política y social que está viviendo Venezuela”.

Sin embargo, advierte: “Lo preocupante es que no hay una intención genuina de llegar al fondo de la cuestión e identificar a los responsables, sino una intención de influir sobre la opinión pública para crear condiciones de satanización de ciertas personas, incluido el señor Requesens y otros nombrados allí, y justificar contra ellos algunas medidas que imagino que se van a tomar en su momento. Obviamente, esto es una tergiversación del Estado de Derecho, en el cual hay que investigar los crímenes, investigarlos a fondo, pero con las reglas procesales correctas”.

A partir de su experticia, Méndez se enfoca en los elementos de juicio que permiten presumir que las declaraciones del parlamentario  fueron obtenidas bajo alguna forma de coerción, que también está prohibida en el ordenamiento jurídico internacional y nacional.

“Por supuesto, es muy preocupante que se divulguen supuestas confesiones o declaraciones contra interés de parte de una persona detenida que no ha tenido oportunidad de hablar con sus abogados ni con sus familiares. Más allá de eso, lamentablemente hay ejemplos históricos de regímenes, tanto de izquierda como de derecha, que se han valido de declaraciones muy rimbombantes y muy espectaculares que luego no tienen ningún asidero, ni como prueba de la culpabilidad de la persona que supuestamente confiesa ni tampoco como una forma de investigar delitos de esta naturaleza en un Estado de Derecho”, dice.

Y agrega: “Yo creo que unas declaraciones entrecortadas, como están esas declaraciones difundidas por el gobierno, porque evidentemente son parte de una grabación mucho más larga, no se pueden analizar sin todo su contexto. Y por eso, divulgar por la prensa muy selectivamente lo que se quiere demostrar es un muy mal comienzo de la investigación”.

El ex Relator sobre la Tortura de la ONU razona que “difundir al público una declaración supuestamente auto incriminatoria atenta, por lo menos, contra los derechos a la presunción de inocencia y a la integridad física y mental, en este caso del señor Requesens. Y,  por supuesto, el video filtrado, donde se le ordena al señor Requesens darse vuelta para tomarle fotos en calzoncillos, manchado, no se sabe bien de qué, implica también una forma de indignidad contra él y hace presumir la posibilidad de maltrato. Y debe ser investigado, no la filtración sino el trato que se le ha dado”.

Explica que estos videos no tienen mayor valor probatorio ni en un sentido ni en otro: “Al menos yo no he visto que el señor Requesens se adjudicara deliberadamente haber participado en el atentado. De todas maneras, lo más recomendable es que él pueda ofrecer su versión a sus abogados de confianza y familiares. A partir de ese momento se sabrá si efectivamente ha sufrido coerción o no, y se pondrá en marcha la obligación afirmativa por parte del Estado venezolano de investigar, no solo el atentado sino la posibilidad de que el señor Requesens haya sido torturado”.

-¿Por qué estos videos no tienen valor probatorio?

-Porque las declaraciones auto incriminatorias o que señalen a otros como involucrados en la comisión de un delito tienen que estar rodeadas de garantías de voluntariedad. Son útiles en juicio solamente si la persona que las hizo estuvo en condiciones de tener asesoramiento jurídico en el momento oportuno y antes de hacer la declaración, con presencia de funcionarios y abogados defensores que aseguren que esté hecha fuera de todo tipo de coerción. La coerción incluye la tortura, pero también formas de presión de tipo psicológico que están prohibidas por el Derecho Internacional y también por el Derecho interno de Venezuela.

 

Requesens ha permanecido incomunicado desde el momento de su detención, la noche del  7 de agosto de 2018, cuando funcionarios de del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron violentamente en la residencia de sus padres, ubicada en la urbanización Terrazas del Club Hípico. Sus abogados solo han podido verlo en la oportunidad en que fue presentado en tribunales. Transcurridos 11 días, a sus familiares apenas se les ha permitido una llamada telefónica.

 
-¿Qué relevancia tiene la situación de incomunicación de un detenido a efectos de la investigación de torturas?

-Mientras las declaraciones contra el propio interés de la persona detenida estén hechas bajo incomunicación, sin asesoramiento de un abogado de confianza del detenido, dan lugar a fuertes indicios de coerción y no pueden ser invocadas en juicio en ningún caso. La persona que está incomunicada conoce solo lo que le dicen los interrogadores, no tiene acceso a otra información ni a otros consejos y, por lo tanto, normalmente se siente sumamente presionada para decir lo que los investigadores quieren  que diga. Por eso es que el Derecho Internacional consagra la regla de exclusión, es decir la obligación del Estado de prescindir de toda prueba obtenida bajo cualquier tipo de coerción, incluidas las confesiones o declaraciones contra otros hechas durante un período de incomunicación.

-Los videos no constan en el expediente contra Requesens y la jueza de la causa, Carol Padilla, negó la solicitud de la defensa a efectos de que fueran incorporados como indicios de tortura. Padilla sugirió a los abogados del diputado que consignaran los videos ante la Fiscalía.

-A mí no me parece mal que la jueza no quiera incorporarlos al expediente que se sigue contra el señor Requesens, porque eso está de acuerdo con la regla de exclusión. Y también me parece bien que ordene que se tramiten por la Fiscalía, en la medida en que dan lugar a la presunción de la posibilidad  del delito de tortura u otras formas de coerción. La tortura es un delito autónomo que se debe tramitar por separado.

 
Las dudas razonables sobre Tarek William Saab

El fiscal general de la República, Tarek Wliiam Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, fueron designados por una Asamblea Nacional Constituyente electa al margen de la Constitución y absolutamente integrada por militantes del oficialismo. A pesar de las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, ampliamente documentadas por organizaciones nacionales e internacionales, ambos funcionarios no han tomado medida alguna que pudieran ir en contra de los intereses del gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

Aunque Ruiz aseguró que solicitó a la Fiscalía una investigación de la presunta tortura contra Requesens, y Saab anunció que al diputado opositor le serían practicados exámenes médicos, psicológicos y psiquiátricos, las garantías de una investigación eficiente están en entredicho.

 

En octubre de 2016, cuando la Defensoría del Pueblo estaba dirigida por Tarek William Saab, la institución fue degradada. La Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (siglas en inglés GANHRI), un organismo vinculado a las Naciones Unidas que evalúa el cumplimiento de los estándares de independencia y autonomía establecidos en los Principios de París, determinó que la Defensoría del Pueblo había guardado silencio frente a la violación sistemática de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.

 

Juan Méndez considera  que, independientemente de la legitimidad de origen o de ejercicio del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo, es necesario insistir en que cumplan con su deber: “Por el momento, los que tienen en su poder la posibilidad de investigación, ya sea de facto o de jure, son esos funcionarios, los que lo tienen detenido, bajo interrogación. Independientemente de las dudas que se puedan tener sobre su imparcialidad e independencia, lo que tenemos que hacer es exigir que cumplan con su deber. No quiero, con esto, ser ingenuo; no quiero decir que las características de su designación no sean importantes; claro que lo son. Pero, por el momento hay que poner el énfasis en la responsabilidad institucional que ellos tienen, y particularmente la máxima autoridad de investigación y acusación en cualquier país, el fiscal de la Nación, con el fin de  asegurar que la investigación sea transparente y clara, y que esté completamente exenta de cualquier presión o atentado contra la dignidad personal de cualquier persona acusada o testigo.

-El manual de la ONU para la investigación eficiente de torturas (Protocolo de Estambul) establece la posibilidad de la creación de una comisión de indagación independiente. ¿Qué viabilidad tiene un mecanismo de este tipo en el contexto venezolano?

-Cuando el Protocolo de Estambul propone esas medidas lo hace para casos extremos. El Estado venezolano ha denunciado tratados internacionales muy importantes y ha rehusado  el escrutinio de órganos de Naciones Unidas y de la OEA, por lo tanto veo un poco ilusorio el poder gestionar una investigación eficaz por esa vía, por lo menos en este momento. De todas maneras, es algo que siempre tiene que estar disponible como alternativa.

-Organismos internacionales, entre ellos la ONU y la CIDH, han documentado y denunciado que la tortura en Venezuela no corresponde a hechos aislados sino a una práctica sistemática.

-A mí me tocó, cuando era Relator de Naciones Unidas sobre la Tortura, investigar y publicar mis conclusiones sobre algunos casos donde efectivamente hubo torturas y otras formas de violaciones, por ejemplo uso excesivo de la fuerza pública en la represión de manifestaciones. Pero yo nunca tuve la información suficiente para decir que la práctica de tortura en Venezuela era sistemática. En parte, porque durante seis años pedí visitar el país y nunca se me permitió. Pero, si posteriormente las Naciones Unidas se pronunciaron sobre la sistematicidad de la tortura en Venezuela, no lo pongo en duda. Hay  que demostrar la falta de voluntad o la falta de competencia para hacer una investigación seria y, en ese caso, pensar en otras posibles soluciones.

 

“Los casos documentados por el ACNUDH, junto con la información recogida, indican que los malos tratos y la tortura infligidos a personas privadas de libertad por haber expresado ciertas opiniones políticas o por haber ejercido sus derechos humanos no son incidentes aislados. Por el contrario, se ha documentado que las mismas formas de malos tratos han sido cometidas por agentes de diferentes unidades de seguridad en todo el país, en diferentes centros de detención y con el presunto conocimiento de oficiales superiores, lo que demuestra claramente la existencia de un patrón de conducta”, se indica en el más reciente informe de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

 

-¿Cómo se demuestra la falta de voluntad de las autoridades del Estado venezolano para investigar torturas?

-Yo creo que la CIDH, que todavía tiene competencia con relación a Venezuela, porque Venezuela todavía es parte de la OEA, debe seguir insistiendo en visitar el país y seguir recibiendo testimonios fuera del país. También creo que mi sucesor en el cargo de Relator sobre la Tortura de la ONU, el señor Nils Melzer, ha seguido insistiendo en la posibilidad de viajar en Venezuela. Independientemente de eso, por supuesto, uno puede recibir información y tramitarla de acuerdo a las normas establecidas, como lo hice yo, para determinar si efectivamente ha habido casos de tortura o no. En cuanto a una fase superior, a una investigación más profunda y más seria, depende de la creatividad y de la conjunción fuerzas de muchos organismos tanto intergubernamentales como no gubernamentales. Fundamentalmente del impulso que den los venezolanos a este tipo de investigaciones que elevan el nivel a una categoría superior.

Las comisiones de investigación han sido muy útiles en varios países. Han hecho una labor realmente buena a pesar de la falta de cooperación de los Estados. Hay que ir pensando en esas medidas que puedan elevar  la calidad de la investigación y sus resultados, así como el costo político que pueda tener para el gobierno venezolano.

-¿Cómo se crea una comisión de investigación independiente?

-Las experiencias que yo conozco han surgido por la presión de la sociedad civil de los países y de las fuerzas que están en el exilio, con mucho nivel de documentación, y  que muy persuasivamente se demuestre que se está en un callejón sin salida y que no se puede avanzar en la investigación de los hechos sin una intervención internacional. Formalmente han sido ordenadas por el Consejo de Seguridad (en el caso de Sudán y Darfur) o por el Consejo de Derechos Humanos (en el caso de los territorios ocupados de Palestina). En el contexto de la OEA, ahora que hay una comisión especial de carácter político sobre Venezuela, también podría pensarse en una comisión de investigación. Si esta comisión surgiera en el contexto de la OEA no podría prescindirse de la CIDH.

-En el último informe del Comité contra la Tortura de la ONU sobre Venezuela se analizó con especial énfasis la represión de las manifestaciones antigubernamentales durante 2014 y se concluyó que la mayoría de los casos de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes permanecían impunes. ¿Qué relevancia tiene este tipo de documentación a efectos de la creación de una comisión independiente de investigación de las torturas en Venezuela?

-Tiene mucha importancia. Son elementos de juicio. No podría asegurar que es todo lo que se necesita analizar y saber para la creación de una comisión de investigación, pero sí creo que son elementos importantes. A mí me tocó publicar mis propias conclusiones sobre algunos casos de torturas. Todo eso se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos y está publicado. Lo que quiero decir es que todo ello constituye un acervo documental que puede usarse para determinar que ha llegado el momento de una investigación de otro nivel. Pero no puedo decir, en este momento, que eso es todo lo que se debe hacer. Deben ser ustedes, los venezolanos y venezolanas, los que deben decidir qué es lo más conveniente.

 

“El Comité observa que de las 185 investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público por trato cruel solo se han presentado cinco acusaciones, y las dos investigaciones por tortura todavía siguen su curso. Preocupa al Comité que, según las informaciones recibidas, una gran parte de los afectados no habrían denunciado los hechos por temor a represalias y algunos habrían sido amenazados tras denunciarlos”, se señala en el último informe del Comité contra la Tortura de la ONU sobre Venezuela.

 
 

-Las denuncias de  torturas en Venezuela fundamentan la apertura de un examen preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son las expectativas razonables sobre ese proceso?

-Me parece importante que la Fiscal ante la Corte Penal Internacional haya adoptado una medida preliminar para el estudio de la situación en Venezuela. Esos estudios no son públicos. Es difícil saber cuáles van a ser los próximos pasos. Es importante que la fiscal mantenga la atención sobre Venezuela y suministrarle información para contribuir con el acervo probatorio que ella necesita, a efectos de pedirle autorización a la Corte, para poder abrir una averiguación propiamente dicha.

-El gobierno ya no puede desconocer la existencia de presos políticos, de los cuales dispone en función de coyunturas políticas. Y hay centros de detención de opositores, como la sede de la policía política en el Helicoide. ¿Qué más falta para equiparar esta situación a la vivida en las dictaduras clásicas, como la sufrida por Argentina, por usted en particular?

-Cualquier persona que esté detenida por sus ideas o por su activismo político no debería estar presa. Punto, se acabó, no hay más nada que discutir. Pero ha habido presos políticos que en el curso de su activismo político han cometido delitos, en cuyo caso deben ser objeto de una investigación imparcial y un juicio justo. Lo que sí se puede decir es que las condiciones de detención de todo preso deben ser dignas, tienen que tener acceso a las posibilidades de rehabilitación, y en ninguno de esos centros de detención pueden aplicarse medidas de coerción o tortura. Cuando era relator me tocó hablar con gente que estuvo detenida en el Helicoide y en otros centros de detención de Venezuela y me contaron que había condiciones extremas de aislamiento y condiciones de espacio físico inaceptables.

-Raul Cubas, entrevistado por Proiuris sobre la tortura en Venezuela, dijo que en Argentina hubo que esperar  35 años para que los esbirros de la dictadura militar fueran juzgados y sancionados. ¿Habrá que esperar tanto tiempo en Venezuela?

-Obviamente, lo ideal es no tener que esperar 35 años. El dato que da Raúl es importante en cuanto a que la legítima  insistencia en la responsabilidad del Estado y en la ruptura del ciclo de impunidad no se duerme, no se acaba, no se muere. Eso da esperanzas de que en algún momento habrá justicia. Pero la contracara de eso es que cuanto más se espera más difícil es. Y que las víctimas y los familiares de las víctimas que tienen una legítima aspiración de justicia no deben ser obligados a esperar tanto tiempo. Ojalá que en el caso de Venezuela se llegue a esa etapa mucho antes que la Argentina.


 

Related Posts

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *