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Requesens seguirá preso en el Sebin y ordenaron incautar sus bienes

La jueza Primero de Control con competencia en materia de terrorismo, Carol Padilla, convalidó la imputación fiscal contra el diputado por la presunta comisión de los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de frustración contra siete efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, terrorismo, asociación para delinquir y posesión de armas y municiones.

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Edgar López

Tal como lo había adelantado casi 12 horas antes el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, a cargo de Carol Padilla, decretó la detención judicial preventiva del diputado Juan Carlos Requesens Martínez, por su presunta participación en el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, durante la parada militar que se llevó a cabo el 4 de agosto de 2018, en la avenida Bolívar de Caracas.

La única novedad del fallo divulgado por el Tribunal Supremo de Justicia a las 10:48 pm del martes 14 de agosto fue que el tribunal ordenó la incautación de todos los bienes propiedad del parlamentario y congelar sus cuentas bancarias. Los bienes de Requesens fueron puestos a la orden de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

La audiencia de presentación se inició el lunes 13 de agosto,  transcurridas aproximadamente 135 horas desde que Requesens fue aprehendido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en horas de la noche del pasado 7 de agosto, en la residencia de sus padres, ubicada en la urbanización Terrazas del Club Hípico, al este de Caracas. Durante todo ese lapso, el detenido permaneció incomunicado; no se le permitió ser asistido por un abogado de su confianza ni ser visitado por sus familiares, lo cual constituye una violación de su derecho a la defensa. Después de concluida la audiencia, el tribunal se tomó 24 horas más para emitir el fallo correspondiente, lo cual no es una práctica habitual.

La jueza Padilla convalidó la precalificación de los hechos realizada por el Ministerio Público. A Requesens se le imputa ser “autor y partícipe” de la presunta comisión de los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de frustración contra siete efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, terrorismo, asociación para delinquir y posesión de armas y municiones. Por orden de la jueza, el parlamentario permanecerá preso en la sede del Sebin ubicada en el Helicoide.

“En la misma audiencia oral  -indica la nota oficial del TSJ- el Tribunal admitió la precalificación de los mismos delitos que hiciera el Ministerio Público a los imputados Alejandro Pérez Gámez, Pedro Javier Zambrano, Brayan de Jesús Oropeza Ruiz y Yanín Fabiana Pernía, a quienes también decreto medida de privación de libertad. Por otra parte, acordó medida cautelar sustitutiva consistente en presentaciones periódicas cada 15 días y la prohibición de salida del país para los imputados José Gregorio Blanco y Luis Alberto Guerra, por estar incursos como cómplices no necesarios en el delito de  lanzamiento de artefacto explosivo”.

La jueza Padilla también ordenó que a todos los imputados les sea realizado un reconocimiento médico legal a los fines de verificar su estado de salud. Se supone que es un examen adicional al que debían practicar los funcionarios que realizaron las detenciones.

Un mismo hecho, dos audiencias

Continencia de la causa. Así se denomina el principio procesal según el cual todos los hechos y personas vinculados a la comisión de un delito deben ser juzgados conjuntamente. Sin embargo, el TSJ informó que la jueza Carol Padilla celebró una segunda audiencia para tramitar las imputaciones contra Juan Carlos Monasterios Vanegas, Argenis Gabriel Valera Ruiz y José Eloy Rivas Díaz, otros de los presuntos implicados en el supuesto atentado contra el Presidente de la República.

“El Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional celebró también  (destacado nuestro) este martes la audiencia oral de los ciudadanos Juan Carlos Monasterios Vanegas, Argenis Gabriel Valera Ruiz y José Eloy Rivas Díaz, a quienes se les dictó medida de privación judicial preventiva de libertad y se les fijó como sitio de reclusión la sede de la Dirección de Contra Inteligencia Militar (Dgcim).

A Monasterios Vanegas y a Valera Ruiz se les acusó de los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración contra siete efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, daños violentos a la propiedad, terrorismo y asociación para delinquir.

En cuanto a Rivas Díaz se le acusó de homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración contra siete efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, financiamiento al terrorismo, daños violentos a la propiedad, terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.

Al igual que Requesens, a estas tres personas también se les dictó medida de incautación preventiva de todos los bienes muebles e inmuebles a su nombre, así como la prohibición de enajenarlos y gravarlos, y el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias.

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