La institución católica exhortó a los funcionarios de seguridad del Estado a acompañar al pueblo venezolano en la lucha contra la represión gubernamental
Reporte Proiuris
La Conferencia Episcopal Venezolana denunció que el gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro promueve el resquebrajamiento de la justicia .
A través de un comunicado, publicado este lunes 13 de agosto y suscrito por el arzobispo de Maracaibo, José Luis Azuaje Ayala; el obispo de San Cristóbal, Mario Moronta Rodríguez; el obispo de La Guaira, Raúl Biord Castillo y el obispo auxiliar de Caracas, José Trinidad Fernández, la Conferencia Episcopal instó a los altos funcionarios del Estado a restablecer el l Estado de Derecho y a atender eficazmente la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
“Se quiere instaurar una espiral de violencia y se promueve el resquebrajamiento de la justicia, particularmente cuando todo lo que tiene que ver con ella se está saliendo del control de las leyes y de los procedimientos legales, para enmarcarse en la arbitrariedad que lleva a la persecución física, el amedrentamiento y al atropello del estado de derecho”, señala el comunicado.
La CEV lamentó que en el país el gobierno use la violencia represiva para atacar a la población. “Para ejercerla están violando leyes, los articulados de la Constitución y los derechos humanos. Perseguir, someter y enjuiciar arbitrariamente es lo que se observa, mientras hay una multitud de pueblo que pide alimentos, medicamentos, luz eléctrica, transporte público, gas, sueldos dignos, detener la inflación… Pero nada de esto está ocurriendo; por el contrario, se quiere ejercer un control social y se promueve el quiebre de la disidencia”, se lee en el texto.
La Conferencia Episcopal Venezolana exhortó a los organismos de seguridad del Estado a que entiendan que el país pasa por “momentos de grandes sacrificios y sufrimiento. No repriman, sino, antes bien, acompañen a este pueblo que no tiene otra alternativa sino la de buscar ser escuchado en sus necesidades”, agregó.
La semana pasada, ante la detención y encarcelamiento del diputado Juan Requesens, la Comisión de Justicia y Paz de la CEV advirtió: «Las aprehensiones a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos con base en indicios o presunciones de la responsabilidad penal, conllevan a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas o desapariciones forzadas, supuestos que atentan a todo evento contra la integridad física y psíquica de los venezolanos».
