El abogado y comunicador social detenido por divulgar imágenes de un cacerolazo contra el presidente Nicolás Maduro tiene doble nacionalidad. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, podría encabezar las gestiones para garantizar los derechos del ciudadano venezolano- chileno
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Edgar López
Maduro pone a prueba su popularidad. Visita el sector Villa Rosa, en Nueva Esparta, y espera muestras de agradecimiento por la refacción de algunas viviendas. Trata de acercarse a los vecinos, pero no cuenta con el descontento de la gente. Es caceroleado y abucheado por una multitud. La temeridad del Presidente aumenta cuando decide recorrer el lugar a pie, pues decenas de manifestantes lo persiguen. Sus escoltas se inquietan e, incluso, tienen que lidiar con margariteña de la tercera que aprovecha la proximidad con el Jefe del Estado para encararlo, para reclamarle la pobreza en el sector. El presidente se ve obligado a escapar del lugar al trote.
Los mismos lugareños se encargaron de registrar con sus teléfonos celulares las imágenes de lo ocurrido la noche del 2 de septiembre de 2016. La extraordinaria noticia se hizo viral y el medio de comunicación Reporte Digital, dirigido por el abogado Braulio Jatar, fue de los primeros en hacerse eco, luego de verificar la autenticidad de la información. Al día siguiente Jatar fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y, casi dos años después, permanece preso.
Todo indicaba que la detención de Jatar era una represalia contra el legítimo ejercicio de la libertad de expresión por parte de un gobierno que no tolera críticas. Pero Jatar se convirtió en un preso político y el proceso penal en su contra degeneró en una acusación por legitimación de capitales, supuestamente asociada a la financiación de grupos opositores al régimen que encabeza Maduro.
Lo detuvieron sin orden judicial, allanaron su residencia, permaneció incomunicado las primeras 36 horas. Una semana después lo trasladaron a la cárcel 26 de Julio, en San Juan de Los Morros, estado Guárico, a 560 kilómetros de distancia de su domicilio y del tribunal de la causa. Luego a la cárcel de Cumana, en el estado Sucre, y después a la cárcel de San Antonio, en el estado Nueva Esparta. Durante su encarcelamiento, Jatar perdió 20 kilos de peso y empeoró su hipertensión.
La organización de derechos humanos Proiuris asumió la defensa del abogado y comunicador social. Luego de activar todos los recursos que permite el ordenamiento jurídico venezolano, promovió la intervención de instancias internacionales. Proiuris logró que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas confirmara los vicios del proceso y, también, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas de protección a favor de Jatar.
El 24 de mayo de 2017, tras permanecer ocho meses en prisión, Braulio Jatar recibe medida de casa por cárcel. Pero sigue preso y su caso está estancado. A casi dos años de la detención, aún no se ha realizado la audiencia preliminar para evaluar la procedencia de la acusación fiscal, que Proiuris puso en entredicho al denunciar la falsedad de los testigos y declaraciones utilizados por la Fiscalía.
Doble nacionalidad
Sin embargo, Braulio Jatar no es un preso político común. Tiene doble nacionalidad: venezolana y chilena. Y en un país, como Venezuela, donde el sistema de administración de justicia no es independiente y el retardo procesal se aplica como una pena en sí mismo, adquiere especial relevancia la asistencia diplomática a la que tienen derecho los que tienen una nacionalidad diferente a la del país donde son detenidos.
Nizar El Fakih, director general de Proiuris, explica que aunque las razones de la detención de Jatar son políticas, la exigencia de su liberación tiene suficiente fundamento jurídico en normas internacionales y en la propia Constitución y legislación venezolana.
“La Convención de Viena sobre las relaciones consulares establece en su artículo 36 el derecho que tiene todo nacional de un país a ser asistido diplomáticamente cuando es detenido o arrestado en otro país. Ello implica la posibilidad de ser visitado y asistido jurídicamente, en resguardo de todos su derechos humanos y particularmente del derecho al debido proceso”, explicó El Fakih. Y en cuanto al ordenamiento jurídico interno de Venezuela, prosiguió el director general de Proiuris, la Constitución consagra el debido proceso en su artículo 49.
Tratándose de derechos humanos, su violación acarrea responsabilidad internacional; en el caso de Jatar, tanto del Estado venezolano como del Estado chileno. “El derecho de asistencia diplomática a un privado de libertad ha sido ampliamente interpretado por la Corte Internacional de Justicia en controversias interestatales en procura de mayores garantías para los reos. Si eso lo aunamos a otros tratados internacionales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el debido proceso, el Estado de Chile tiene suficientes fundamentos jurídicos para actuar en favor de Jatar”, señaló el abogado.
En opinión de El Fakih los argumentos de mayor peso que puede esgrimir el Estado chileno proceden de los pronunciamientos de los organismos internacionales encargados de la aplicación de los tratados de derechos humanos suscritos por Venezuela y Chile: “La ONU ha determinado que la detención de Jatar fue arbitraria. Es una irregularidad que también ha sido reconocida por decenas de organizaciones nacionales e internacionales y por distintos gobiernos del mundo. Por otra parte, la CIDH dictó medidas de protección a favor del señor Jatar, en vista del progresivo deterioro de su salud por el prolongado encarcelamiento que ha sufrido”.
Jatar perdió aproximadamente kilos de peso mientras estuvo en prisión
El liderazgo del presidente Piñera
El Fakih reconoce y agradece las gestiones que inicialmente realizó el Estado chileno: “Cuando el señor Jatar estuvo en prisión, hubo el requerimiento de las autoridades de Chile para visitarlo y en una oportunidad se concretó la visita. El Estado chileno mantuvo una permanente comunicación con algunos de sus representantes en Venezuela. Pero, a dos años de la detención, también puede darle atención prioritaria al caso, pues se trata del único chileno favorecido por una decisión de la ONU que establece que está detenido arbitrariamente y por razones políticas en Venezuela”.
Insistió en que el Estado chileno tiene el deber jurídico y político de hacer todas las diligencias necesarias para lograr la libertad plena de Jatar. “El Estado chileno tiene muchas cosas por hacer. Todas las gestiones que el campo diplomático permita y el derecho internacional permitan. Nosotros, su defensa y sus familiares, particularmente le solicitamos que exija en forma privada y pública, en forma enérgica, la liberación del señor Braulio Jatar; que realice un seguimiento permanente para impedir que el caso continúe estancado; que requiera a los organismos internacionales que ya se han pronunciado a favor de Jatar que nuevamente ejerzan su labor de exigencia de liberación; que promuevan internamente en Chile acciones para que la situación del señor Jatar sea ampliamente conocida; que el gobierno chileno pueda extender estas gestiones a otros gobiernos de la región de modo que se sumen más voces a la exigencia de su liberación”.
-¿A quién le corresponde asumir el liderazgo de estas acciones en Chile?
-El propio presidente Sebastián Piñera tiene todas las posibilidades de ejercer ese liderazgo, así como las autoridades de la Cancillería, el Congreso y de otros poderes públicos de Chile. Y desde Chile se puede convocar a otros gobiernos y poderes públicos de la región para que se sumen a la exigencia de liberación de Braulio Jatar.
