Abogados, defensores de derechos humanos y especialistas en el área carcelaria analizaron la realidad de la justicia penal en Venezuela. Concluyeron que la centralización de los asuntos penitenciarios en un solo ministerio constituye una violación a la Constitución y contribuye a que se cometan irregularidades e ilícitos que afectan a los reos
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Erick S. González Caldea
Los retardos procesales se han convertido en una forma de castigo. Así lo señaló el penalista y profesor universitario Alberto Arteaga Sánchez en el foro 3er Aniversario de las Reglas Mandela, organizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en conmemoración del Día Internacional del Recluso.
Para Arteaga “las cárceles son un reflejo de la justicia”. Durante su ponencia Cárceles y Justicia Penal explicó que el incumplimiento del debido proceso se ha convertido en un método de dominio y castigo que se aplica sistemáticamente y en el cual participan, principalmente, funcionarios judiciales.
“La pena ya no es el proceso judicial, sino el retardo procesal”, sostuvo Arteaga. Desde su punto de vista, en Venezuela solo se cumple una ley: el diferimiento.
Al analizar la situación de civiles que aún se encuentran procesados por tribunales castrenses, advirtió: “La justicia militar no puede ser aplicada a los ciudadanos. Eso es intolerable”.
Usted sí es responsable, ministra Varela
Los privados de libertad recluidos en calabozos policiales son responsabilidad del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, según lo establece la legislación venezolana. Sin embargo, luego de la muerte de 68 personas recluidas en los calabozos de Policarabobo a causa de un incendio ocurrido a finales de marzo de este año, la Ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, declaró que la institución que encabeza no era responsable de los reclusos que se encontraran recluidos en este tipo de centros de detención preventiva. Especialistas como Magaly Vásquez, criminóloga y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, explicaron que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios sí es responsable de preservar la vida, la integridad personal y, en general, el pleno ejercicio de los derechos humanos de todos los reclusos, indistintamente del estatus que tenga el privado de libertad, ya sea en proceso o condenado. Vásquez precisó que así está establecido en el artículo 3 del Código Penitenciario.
“En Venezuela los problemas no tienen que ver con las leyes, sino con la falta de cumplimiento de las leyes”, sostuvo la abogada, quien aseguró que el Estado también viola el artículo 272, de la Constitución de la República de Venezuela, al centralizar los asuntos penitenciarios en un solo ministerio.
Durante su presentación, titulada Ejecución de la Pena y las Reglas Mandela, la profesora Vázquez señaló, a modo de ejemplo, que a los privados de libertad se les han violentados sus derechos fundamentales al no ser trasladados a hospitales, en los casos que son necesarios.
Colectivos y falta de funcionarios capacitados
“En el país no sólo están deteniendo las policías y militares, sino que los colectivos están asumiendo esta potestad”, denunció Marino Alvarado, activista de derechos humanos. Aseguró que esta situación es conocida tanto por fiscales del Ministerio Público como por autoridades de la Defensoría del Pueblo.
“Hay un caso en el que una joven fue detenida por estar protestando. Los colectivos se la llevaron a una casa y la mantuvieron allí retenida durante una semana”, afirmó Alavarado.
Agregó que en el país los funcionarios policiales detienen a los ciudadanos sin orden judicial y los mantienen presos sin ser presentados ante un tribunal por un largo tiempo, como han denunciado varias organizaciones no gubernamentales, particularmente en cuanto a los arrestos irregulares cometidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Pedro Rondón, especialista en penitenciarías, explicó que gran parte del problema en las cárceles venezolanas se debe a la falta de personal capacitado para relacionarse y trabajar con privados de libertad. “Entre los principios básicos sobre el personal penitenciario, está la capacitación en normas (incluyendo estándares internacionales) sobre los procesos judiciales y derechos humanos”, señaló.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, cerró el eventocon motivo del Día Internacional del Recluso: “No es una celebración, sino el recordatorio de que el sistema penitenciario venezolano debe cambiar”.
