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ONU: “Venezuela sufre una crisis sanitaria y un colapso del sistema de atención ”

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera que el gobierno no ha solicitado cooperación internacional en los niveles que se requieren en el país
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Betania Franquis Prada

“El país sufre una dramática crisis sanitaria y un completo colapso del sistema de atención que ha resultado en violaciones masivas del derecho a la salud”, concluye el último informe divulgado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El documento titulado “Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, divulgado este viernes 22 de junio, indica que 300.000 personas con enfermedades crónicas están afectadas por la falta y altos costos de las medicinas.

Testimonios y reportes recogidos por el Acnudh a través de 150 entrevistas reflejaron que la  escasez de fármacos antineoplásicos y el deterioro de los equipos de radioterapia en los hospitales, perjudican a 55.000 personas diagnosticados con cáncer.

Los datos presentados en el texto, sustentados con información obtenida de organizaciones no gubernamentales, evidenciaron que el cierre de 50 de los 300 centros de diálisis en el país impidió a 16.000 personas con patologías renales el acceso a las sesiones semanales de reemplazo renal.

El retraso del Instituto Venezolano de Seguros Sociales en la compra de fármacos el año 2017 dejó a 77% de 77.000 personas que viven con VIH sin acceso a los tratamientos antiretrovirales. El informe refiere que como consecuencia de la escasez de estos medicamentos las mujeres embarazadas que viven con VIH/SIDA dieron a luz sin contar con el tratamiento adecuado para evitar trasmitir el virus a sus bebés.

La máxima autoridad de la ONU en materia de derechos humanos constató que el derecho a la salud de los niños que reciben atención médica en el área de nefrología del hospital José Manuel de los Ríos está vulnerado. “Entre mayo y diciembre de 2017, diez niños murieron como consecuencia de las condiciones insalubres en el establecimiento. Pese a la existencia de una medida cautelar otorgada por la CIDH en beneficio de los pequeños pacientes, los representantes del Misterio de Salud todavía no se habían entrevistado con los solicitantes de la medida cautelar”, señala el documento.

Entre los factores que contribuyen al deterioro del sistema de salud se encuentra- según el organismo- el endeudamiento acumulado con las empresas proveedoras de suministros sanitarios y la reducción de 60% en la capacidad del gobierno venezolano para importar medicamentos y equipos de salud. “Si bien el gobierno ha admitido que hay un cierto nivel de escasez de medicamentos, no ha reconocido la existencia de la actual crisis de salud y no ha solicitado de la cooperación internacional en los niveles que la situación lo exige”, indica el informe.

Mala gestión y crisis alimentaria

La combinación de políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno durante la última década sumada al monopolio estatal de los suministros agropecuarios y la militarización de la distribución de alimentos menoscaba el derecho a la alimentación de los venezolanos, explicaron expertos al Acnudh.

El organismo indica que luego de la caída de los precios del petróleo y la reducción de la capacidad de extracción de PDVSA la importación de alimentos disminuyó sumándose al estancamiento de la producción nacional. “Entre 2013 y 2017, la producción de maíz blanco, que se utiliza para preparar arepas (alimento básico que acompaña todas las comidas venezolanas), se redujo en un 85%”

El informe agrega que la disponibilidad de alimentos alcanzó niveles críticos, como consecuencia del recorte de 76% en las importaciones entre 2013 y 2017. Señala que el aprovisionamiento asegurado por la producción nacional pasó de 75% de la demanda de alimentos en 2013 a apenas el 25% a fines de 2017.

La creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción promovidos por el gobierno en beneficio de seis millones de familias poco contribuye a solucionar la crisis alimentaria.

El Acnudh enumeró tres razones por las cuales los CLAP no cumplen con los estándares más favorables para la protección del derecho a la alimentación establecidos en la Observación General Nº 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales:

  • El contenido nutricional de las cajas Clap bajo en proteínas y vitaminas, y alto en grasas, azúcares y carbohidratos no alcanzan para cubrir las necesidades alimenticias semanales de una familia.
  • Los Clap operan a través de una estructura paralela, ajena a la supervisión de cualquier ministerio, y no están dotados de un mecanismo efectivo para presentar quejas. Acnudh refiere que- los miembros de los comités locales pueden tomar decisiones arbitrarias a la hora de designar a los beneficiarios, de fijar el costo de la caja y de decidir cuándo detener las entregas.
  • El programa ha sido utilizado como una herramienta para la propaganda política y el control social. Los CLAP mantienen fuertes vínculos con el partido gobernante, el PSUV, y no solo con el gobierno. De hecho, operan a través de las estructuras organizativas locales del partido en cada barrio.

El documento concluyó afirmando que la indisponibilidad de alimentos ha obligado a las familias a adoptar mecanismos de subsistencia. “Las opciones de los venezolanos para obtener alimentos eran: hacer cola durante muchas horas para comprar alimentos a precios controlados por el Estado, lo que generalmente se ofrecía esporádicamente y en cantidad; ser beneficiario de un programa social, o adquirir productos en el supermercado o en los bachaqueros (mercado negro) a precios hiperinflacionados”, señala.

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