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ONU identifica patrones de ejecución extrajudicial en operativos policiales

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que las políticas gubernamentales para combatir la inseguridad en el país violentan los derechos fundamentales de los venezolanos
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Erick S. González

Las fuerzas de seguridad venezolana tienen un patrón de conducta para efectuar ejecuciones extrajudiciales. Así lo estableció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en el informe publicado este viernes 22 de junio, titulado Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin.

El uso excesivo, desproporcionado e innecesario de la fuerza, en ocasiones letal, por parte las cuerpos de seguridad del Estado preocupa a la Oficina del Alto Comisionado; sobre todo a partir de la aplicación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), como política oficial para combatir la criminalidad.

Luegio de entrevistar a familiares de fallecidos por presuntas ejecuciones extrajudiciales, el Acnudh afirmó que en los casos denunciados los funcionarios policiales manipularon  las escenas del crimen y las evidencias para que las muertes se asemejaran a un intercambio de disparos. “De acuerdo a lo manifestado por los testigos, en varias ocasiones las muertes fueron encubiertas, lo cual ha obstruido cualquier intento de realizar una investigación imparcial y efectiva para esclarecer las muertes”, se lee en el informe.

El Alto Comisionado señala que el  el gobierno puso en marcha una serie de políticas que intensificaron la militarización de la seguridad ciudadana, permitiendo de manera explícita la participación de civiles en acciones relacionadas con la seguridad de las personas, y nombrando militares de alto rango como jefes de las diferentes fuerzas de policía civil.

Naciones Unidas afirma  que el aumento de las presuntas ejecuciones extrajudiciales ha sido paralelo al de la inseguridad y la violencia generalizadas en todo el país. “Los testimonios de las víctimas cuestionaron si realmente las OLP tenían el objetivo de desarticular a los grupos delictivos, frenar la delincuencia y llevar a los presuntos delincuentes ante la justicia. Un conjunto de elementos parece indicar que, simplemente, las OLP constituyeron un instrumento para que el gobierno mostrara supuestos resultados con respecto a la reducción de la delincuencia”, explica.

Acnudh entrevistó a familiares de 12 víctimas asesinadas por las fuerzas de seguridad, quienes afirmaron que miembros de los cuerpos policiales y militares habrían realizado búsquedas aleatorias en viviendas para detener a hombres jóvenes cuyo perfil correspondería al de delincuentes. “El patrón de conducta que seguían las fuerzas de seguridad era irrumpir en las casas sin orden judicial y someter a la víctima antes de abrir fuego a corta distancia sin justificación alguna. A continuación, las fuerzas de seguridad habrían encubierto los asesinatos simulando un intercambio de disparos, sugiriendo que las víctimas habían abierto fuego primero”, reseña el documento.

Tortura y malos tratos son frecuentes

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas efectivas para prevenir la tortura y otros malos tratos en cualquier territorio bajo su jurisdicción, objetivos que no son cumplidos actualmente en Venezuela.

Para la preparación del informe, el Acnudh documentó 90 casos de personas privadas de su libertad que habían sido sometidas a una o más formas de malos tratos o tortura. “Los casos más graves generalmente ocurrieron en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y de las fuerzas armadas en todo el país”, añadió el informe de Acnudh.

En el texto se segura que: “En algunas situaciones, los miembros de la familia, en particular las mujeres, también fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando visitaban a sus familiares. La prohibición de la tortura es absoluta y no es derogable”.

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