La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) destacó en su informe “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, que tras la llegada de Tarek William Saab al Ministerio Público el ritmo de las investigaciones disminuyó drásticamente
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Erick S. González
La impunidad campea en Venezuela. Así se desprende del informe Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin, elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el texto, publicado este viernes 22 de junio, se describe que las denuncias de violaciones a los derechos humanos, agresiones y asesinatos presuntamente cometidos por representantes de los cuerpos de seguridad del Estado durante las protestas contra el gobierno ocurridas entre los 2017 y 2018, no han sido investigadas, violando los estándares internacionales que establecen la obligación de que en estos casos se realice una investigación oportuna exhaustiva, independiente e imparcial.
“Los familiares de 19 víctimas muertas durante las protestas en 2017, entrevistadas por el ACNUDH, declararon todos que habían perdido la confianza en el sistema de justicia y que no tenían expectativa alguna de que el gobierno fuera rendir cuentas de manera fehaciente sobre lo ocurrido”, destaca la Oficina del Alto Comisionado.
En 2017, la Acnudh determinó que agentes de seguridad del Estado fueron presuntos responsables en la muerte de 46 manifestantes. Ese año el Ministerio Público había emitido, para el 31 de julio, 54 órdenes de encarcelación contra funcionarios policiales supuestamente implicados en 17 muertes.
“Más de un año después del comienzo de la ola de protestas, sólo se ha iniciado la etapa formal de juicio en el caso de un policía municipal acusado de matar a César Pereira el 27 de mayo de 2017 en el estado de Anzoátegui”, destaca el texto.
Acnudh enfatiza que después de que Tarek William Saab fuera designado Fiscal General de la República por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el ritmo de las investigaciones bajó. “También observaron que el nivel de participación activa de los fiscales disminuyó de modo significativo. Una nueva política interna, según la cual toda investigación relacionada con un agente de seguridad debe ser aprobada personalmente por el Fiscal General, introdujo preocupaciones sobre la pérdida de independencia de los fiscales”.
Añade que: “En algunos casos, los fiscales fueron despedidos o separados de los casos. La fiscal encargada de investigar la muerte de Rubén González, presuntamente asesinado por un disparo de bala de la GNB el 10 de julio de 2017 en Valencia, fue retirada del caso cuando estaba a punto de interrogar a agentes de la GNB presuntamente implicados en la muerte”.
El informe indica que la impunidad parece ser generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad, que presuntamente, han bloqueado las investigaciones hechas por la fiscalía y los entes internacionales.
Leyes violatorias de los derechos humanos
En el documento publicado por Acnudh se analizó que las leyes y reglamentos que criminalizan las protestas e imponen restricciones indebidas al derecho a la reunión pacíficas, como es la Ley contra el Odio, siguen en vigor. “Por lo tanto, el marco legal aplicable continúa condicionando la legalidad de las manifestaciones a una autorización previa, prohibiéndolas en zonas extensas de seguridad nacional y criminalizando el bloqueo de vías públicas de comunicación”, destaca.
Se detalla que durante la ola de manifestaciones masivas realizadas del 1 de abril al 31 de julio de 2017, las autoridades venezolanas infringieron, sistemáticamente, el derecho de reunión pacífica.
“El ACNUDH observó que, como consecuencia del agravamiento de la crisis socioeconómica, los reclamos de los manifestantes fueron cambiando cada vez más de demandas políticas a demandas sociales y económicas”.
Acnudh sostiene que el 85% de las manifestaciones ocurridas en 2018 (3.341 protestas hasta el 31 de abril, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) los participantes han reclamado mejorías en los derechos laborales y el acceso a alimentos, medicamentos, atención médica y otros servicios básicos, como electricidad, agua potable y gas doméstico.
Contabilizan cuatro ciudadanos muertos, entre ellos un niño, durante las protestas realizadas entre enero y abril de 2018. El informe señala: “Las autoridades estatales, en particular las fuerzas de seguridad, han continuado impidiendo el ejercicio pleno del derecho de reunión pacífica, sobre todo mediante el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias”.
Comisión de la verdad no cumple estándares internacionales
El informe destacó que la Comisión de la Verdad no cumple con las normas internacionales. “Fue creada sin que se realizaran amplias consultas; su independencia operacional no está garantizada y sus miembros no han sido aceptados como independientes e imparciales por todos los sectores de la sociedad, ni tampoco elegidos mediante un proceso participativo y consultivo”.
Destaca que los criterios aplicados por la Comisión carecen de la transparencia necesaria para realizar su trabajo. “Por ejemplo, la Comisión no hizo públicos los criterios que siguió para seleccionar los casos de los que se iba a ocupar y para invitar a las víctimas a sus audiencias, o la metodología adoptada para examinar cada caso”, asegura el organismo internacional.
Acnudh sostiene que los familiares entrevistados manifestaron su desconfianza con respecto al trabajo que hace la Comisión creada por la Asamblea Nacional Constituyente. Además, cuestionaron su independencia e imparcialidad debido a los vínculos de sus miembros con el gobierno y el partido de gobierno.
