La ONG Provea presentó el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela correspondiente al año 2017 en los ámbitos de la educación, el trabajo, la salud, la alimentación, la justicia, entre otras áreas
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Arturo Guillén
“En el país hay 1,8 millones de personas que padecen hambre”. Así lo indicó Susana Raffalli, experta en nutrición de Cáritas Venezuela, durante la presentación del informe sobre la situación de los derechos humanos 2017 realizado por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Para explicar el problema señaló que ha habido una caída de producción de maíz en 45%, arroz 58%, cítricos 40%, aceite 51%, hortalizas 75% y aves 51%.
“Pasamos de desabastecimiento a una real situación de escasez. No hay alimento para todos. El gobierno ha expandido la violencia alimentaria”, dijo Rafalli, quien cuestionó la ineficiencia del gobierno en materia de acceso a la alimentación.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, Nelson Freitez, profesor de la cátedra de derechos humanos en la UCLA, Jo D’Elia, de la ONG Civilis, y Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano) y Rafalli analizaron las causas que han conducido al país a la emergencia humanitaria compleja, así como sus consecuencias, una de ellas el hambre.
Rafalli aseguró que durante sus años de carrera como experta en nutrición vinculada a temas de seguridad alimentaria, es la primera vez que ha visto dos tipos de emergencias desarrollarse al mismo tiempo: la de salud y la alimentación.
“Debemos tener en cuenta el grave problema de la desnutrición porque puede afectar a tres generaciones. En el caso de una mujer embarazada que haya sufrido de desnutrición, su hijo tendrá altas probabilidades de nacer desnutrido. Un adulto que estuvo desnutrido de niño, le costará al sistema de salud 36$ más por día (…) Todo lo que ocurre está planificado y no pasa por la ineptitud de los gobernantes, sino porque así se han asegurado el poder sobre los demás” afirmó.
Alertó que las bolsas y cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción distribuidas por el gobierno, además de estar llenas de carbohidratos y grasas sin las proteínas necesarias, carecen de control sanitario. También puntualizó que los CLAP son un método de control político que ejerce el Estado valiéndose de la emergencia que atraviesa el sector alimenticio venezolano.
Rafalli mostró su preocupación por la existencia de bandas delictivas que se aprovechan de la emergencia alimentaria para captar adeptos en sus filas.
Alarma en salud
Jo D’Elia ofreció cifras alarmantes sobre enfermedades como la difteria con 1.500 casos en los 23 estados del país y del sarampión con más de 2.000 casos hasta el presente año. “Entre enero de 2016 y el mismo mes de 2017 lo que se observaba era escasez. Ahora estamos hablando de ausencia absoluta, en 2017, de medicamentos, entre ellos para quienes sufren trastornos mentales”, señaló.
Quienes padecen de cáncer se suman a las preocupaciones de los defensores de los derechos humanos en el país. “Hay 55.000 cancerosos resignados a la muerte porque no hay forma de resolverlo”, dijo.
El texto de Provea, está dividido en los distintos derechos fundamentales que el gobierno les ha estado violentando constantemente a los venezolanos. Entre las más importantes se encuentran el derecho a la alimentación, la salud, a tener un ambiente sano, al acceso a la justicia, la educación, seguridad social y la libertad personal.
Sin justicia
David Vallenilla, padre del joven David Vallenilla, quien fue asesinado por un sargento de la aviación militar durante las protestas de 2017, asistió al evento y habló acerca de su experiencia con el sistema judicial. “Un día un juez me dijo que cómo era posible que mi hijo se fuera a protestar y no a la universidad a estudiar. Ahí vemos lo parcializada que está la justicia en este país; prácticamente justificó lo que le sucedió”, expuso.
Por el caso de Vallenilla han diferido la audiencia en cuatro oportunidades. El responsable del homicidio no ha recibido condena y el padre del joven aclama justicia. “El Plan Zamora impuesto por el presidente Nicolás Maduro fue el artífice de las muertes durante las manifestaciones del año pasado, incluyendo la de mi hijo”.
Vallenilla informó que el viernes 22 de junio se homenajeará al estudiante asesinado, en la plaza El Indio de Chacao.
