Sonia Sgambatti, presidenta de la Federación Venezolana de Abogadas, aseguró que el Estado venezolano no ofrece las reglas mínimas establecidas por el derecho internacional para que las privadas de libertad puedan convivir en espacios donde puedan reformarse.
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David Matos
Digna lleva 8 años detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) y su causa quedó entrampada en la burocracia del sistema de administración de justicia venezolano. El proceso penal en su contra no avanza por los constantes diferimientos de las audiencias. Los tres hijos de Digna, de 8, 12 y 15 años de edad, han sido criados por los Hermanos Salvatorianos de Venezuela, en su sede de Catia, y la visitan constantemente, con la esperanza de que algún día puedan abrazar a su madre en libertad.
Dilmary tiene 21 años y es madre soltera. Salió dela cárcel en julio de 2017. Ahora vive debajo de un puente en la avenida Panteón de Caracas. Su hija de 6 años de edad se encuentra bajo la protección de los hermanos de la Comunidad del Buen Pastor.
Estas historias son un reflejo de la constante violación de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en Venezuela.
En vísperas del Día internacional de la mujer, la Universidad José María Vargas y Una ventana a la libertad expresaron su preocupación ante el deterioro en las condiciones de reclusión que padecen 15.000 mujeres privadas de libertad en el país. De esta cifra, 8.000 mujeres permanecen detenidas en recintos carcelarios y 7.000 se encuentran en centros de detención preventiva.
María José González, directora de Cáritas-Los Teques, en el estado Miranda, lamentó que la crisis del sistema carcelario venezolano haya profundizado el hacinamiento, la falta de atención médica y el retardo procesal de las detenidas. “La sociedad debe entender que no hablamos de estadísticas, sino de rostros, de seres humanos que cumplen una pena y cuentan con derechos humanos”, dijo.
González, quien también forma parte de la comunidad religiosa El Buen Pastor, aseguró que la mujer venezolana comenzó a incurrir en delitos como la estafa, el robo y el asesinato en los últimos 25 años. “En 70% de los delitos cometidos por mujeres se comprobó la participación directa de sus parejas. En su mayoría, estas son abandonadas por sus conyugues durante el proceso judicial”, expresó.
“La pobreza tiene cara de mujer”…
Así lo percibe Sonia Sgambatti, presidenta de la Federación Venezolana de Abogadas, quien lamenta que en un contexto de desigualdades sociales, como el venezolano, las mujeres sean estigmatizadas dentro del sistema penitenciario. “Las reclusas no pasan por un proceso en el que puedan reformarse. La mayoría de ellas vienen de estratos bajos en un contexto violento y delictivo que tiene como resultado una maternidad sorpresiva”, dijo.
Sgambatti aseguró que existen mujeres que dieron a luz en algunos centros de reclusión y calabozos del Área Metropolitana de Caracas y estados como Carabobo, Falcón y Miranda. Algunas de ellas quedaron embarazadas en estos lugares y no recibieron atención médica durante y después del período de gestación, indicó la experta.
Considera que “las mujeres son quienes más sufren en las cárceles venezolanas” ante la escasez de alimentos, enfermedades infecto contagiosas y la ausencia de información acerca sus expedientes, situación que deteriora y ralentiza los procesos judiciales de las reclusas.
Visitas conyugales
La secretaria general de la Universidad José María Vargas, Alcahalis Morales, no concibe el hecho de que las reclusas no cuenten con el beneficio del venusterio -derecho a visitas conyugales- al no contar con las “cámaras reservadas”, donde puedan tener relaciones sexuales con sus parejas. La abogada recordó que países, como Chile, desarrollaron ampliamente este derecho.
El reglamento de Gendarmería de Chile es la hoja de ruta para el sistema de venusterios, a través de normas de visitas íntimas, donde cada penal acondiciona estos espacios de acuerdo a su infraestructura, horarios y población, entre otros factores.
“Actualmente las cámara reservadas no existen en Venezuela. Las detenidas utilizan una sábana para tener un poco de privacidad y no cuentan con las más mínimas condiciones de salubridad”, aseguró.
Las palabras de las abogadas y la hermana González fueron acompañadas por el coordinador general de Una ventana a la libertad, Carlos Nieto Palma, quien responsabilizó a Iris Varela, Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, ante el empeoramiento de un sistema carcelario paralelo que atenta contra la vida de 45.000 personas que se encuentran detenidas en 500 espacios, aproximadamente, donde no se garantizan los derechos de las mujeres y los adolescentes.
