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CIDH rechaza la Ley contra el Odio

Durante el  167° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los miembros de las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional y Foro Penal, acompañados por familiares de presos políticos, exhortaron al Estado a reconocer la falta de independencia y autonomía del sistema de administración de justicia venezolano.
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Erick González Caldea

El Estado venezolano no despejó las dudas que se plantearon ante los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre abusos cometidos por miembros de los cuerpos de seguridad contra detenidos por razones políticas, así como la posible influencia de la llamada Comisión de la Verdad en decisiones judiciales.

Los representantes legales de 14 funcionarios de la Policía de Chacao, detenidos en 2016 y que permanecieron presos durante meses a pesar de tener una orden de excarcelación; el padre del estudiante Vilka Fernández; y representantes de Foro Penal y Amnistía Internacional describieron abusos de autoridad, irregularidades en el cumplimiento de los procesos penales y torturas a presos políticos por parte de funcionarios de seguridad del Estado, durante las audiencias públicas sobre Venezuela, en el 167 Período de Sesiones de la CIDH.

¿La Comisión de la Verdad indulta?

El 23 de junio de 2016 un grupo de 14 miembros de la Policía de Chacao se presentó ante las autoridades luego de ser acusados de ser los responsables del homicidio del periodista Ricardo Durán, asesinado el 19  de enero de 2016 de varios disparos mientras llegaba a su casa en Caricuao.

Los policías negaron haber participado en el hecho, pero fueron privados de libertad. Luego de una investigación el tribunal Séptimo de Control  dictó boleta de excarcelación para los funcionarios, bajo el argumento de que no se encontraron elementos que los vincularan con el hecho.

La medida judicial fue desacatada por miembros del Sebin en reiteradas oportunidades. El 23 de diciembre de 2017, 12 de los 14 Polichacaos fueron liberados. Dos de ellos están aún detenidos.

Zoraida Castillo, representante de los policías, preguntó por qué no se respetó la decisión del tribunal que emitió las boletas de excarcelación y le preguntó además a Larry Davoe, representante de Venezuela, por qué aún dos de sus defendidos siguen presos.

“Esos 12 funcionarios no salieron por obra y gracia del Espíritu Santo; salieron por el indulto acordado por la Comisión para la Verdad”, aseguró Davoe. El señalamiento del representante del Estado venezolano causó sorpresa, pues el indulto es una facultad indelegable del presidente de la República.

La respuesta fue cuestionada por el abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal. “Es gravísimo que el propio representante del Estado diga que las libertades no se lograron por la justicia venezolana. Reconoce que los tribunales no son independientes ni autónomos”.

La respuesta de Davoe tampoco satisfizo a los miembros de la CIDH. “No escuché una respuesta clara de la representación del Estado (venezolano)”, dijo el comisionado Joel Hernández.

784 procesados por razones políticas

Vivian Díaz, miembro de Amnistía Internacional, señaló desde enero de 2014 hasta febrero de 2018, 784 personas han sido procesadas por razones políticas, de las cuales 118 son juzgadas en jurisdicciones militares.

Mencionó los casos de siete comunidades afectadas por funcionarios de seguridad durante las protestas de 2017, donde sus habitantes fueron víctimas de allanamientos arbitrarios, robos, uso excesivo de la fuerza, destrucción de evidencias incriminatorias y detenciones.

“Este tipo de actuaciones son parte de una política del Estado como medida de represión. Esto ha afectado a las comunidades, generando un clima de terror y desconfianza, temiendo acudir a instancias judiciales para solicitar reparación y justicia por los hechos. Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna notificación de resolución de estos ataques, no solo indica los estados de impunidad en el país. Todo esto constituye una violación a la seguridad ciudadana”, explicó Díaz.

“La política de represión también incluye el uso de sistema penal de forma arbitraria, como lo describió Amnistía Internacional en su informe Silencio a la fuerza, publicado en mayo de 2017” aseguró.

Theresly Malavé, directora Justicia y Proceso Venezuela, ejemplificó algunos de los casos de detenciones arbitrarias que a su criterio, se repiten de manera sistemática. “Tenemos médicos, estudiantes, amas de casas, políticos y diputados de la asamblea nacional”, dijo Malavé, quien describió el caso específico del diputado Gilber Caro.  “Le irrespetaron su inmunidad parlamentaria, hasta la ONU determinó que su detención es arbitraria. En este caso nos demuestra la instrumentalización de la justicia militar”, sostuvo.

Jorge Fernández, padre de Vilca Fernández, detenudo el 31 de enero de 2017, dijo que su hijo está en la cárcel solo por haber escrito un tuit.  “Mi hijo está preso por un tuit contra Diosdado  (Cabello). No hay instituciones a dónde acudir. ¿Quién le garantiza el derecho a la salud a mi hijo? ”, preguntó.

Larry Davoe exhortó a los comisionados de la CIDH a no quedarse “en una fotografía que descontextualiza los hechos denunciados en esta comisión. Venezuela desde hace varios años ha sufrido las consecuencias del uso de la violencia con el objetivo de afectar el funcionamiento de la vida de los ciudadanos”.

Calificó la actuación de los participantes en las protestas como violentas y justificó el allanamiento a edificios como Los Verdes en El Paraíso. Aseguró que desde esas residencias se planificaban y cometían ataques contra funcionarios policiales y militares.  “829 funcionarios de seguridad fueron lesionados en las protestas, 9 de ellos fallecieron por armas de fuego”, precisó.

Davoe calificó a todos los que protestaban como violentos y presentó un video en el que se escuchaba a una víctima describiendo como un grupo de opositores al gobierno habrían intentado quemarlo. Basado en esto Davoe justificó la creación de la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

¿Es necesaria la Ley del Odio?

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, cuestionó la aprobación de la Ley contra el Odio para penalizar opiniones contrarias a los intereses del gobierno venezolano. “Una cosa es un acto de violencia, lesión o atentado y otra expresar un desacuerdo. No creo necesario la implementación de una ley para penalizar un tuit de un adolescente que, como en cualquier parte de la región, puede manifestar su descontento contra el gobierno”, dijo.

La comisionada Antonia Urrejola pidió información sobre la Comisión para la Verdad. Por su parte, María Claudia Pulido, coordinadora de la Sección de Soluciones Amistosas y Seguimiento de la Secretaria Ejecutiva, preguntó sobre los procesos judiciales, las denuncias de malos tratos y el retardo procesal.

Gonzalo Himiob del Foro Penal cuestionó a Davoe por la falta de cumplimento en las ordenes de excarcelaciones. Dijo que el gobierno se rige por dos patrones principales: el uso arbitrario del sistema de administración de justicia y el ataque militar contra personas de la oposición.

El representante del Estado refutó los cuestionamientos a la Ley contra el Odio. “Disiento de la opinión del relator (Lanza) sobre la Ley contra el Odio. Esta ley es un compromiso que tiene el Estado con Venezuela (…) la incitación al odio debe estar penado por la ley”, insistió Larry Davoe.

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