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CIDH insta al gobierno a aceptar ayuda humanitaria internacional

Las autoridades del organismo de la OEA advirtieron que lo primero que debe hacer el Estado venezolano es reconocer la gravedad de la crisis en la que se encuentra el país.
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Andreina Domínguez U.
David Matos

La crisis humanitaria existe y debe ser atendida. Esta fue la conclusión a la que llegó Francisco Eguiguren, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Venezuela tras escuchar los planteamientos de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y del Estado venezolano en Bogotá.

 ¿Cuál es la razón por la que el Estado se niega a aceptar y permitir la ayuda humanitaria? interrogó Eguiguren a la representación de Venezuela ante la situación de crisis humanitaria que se vive en el país.

Durante el 167 Período de Sesiones de la CIDH que se llevó a cabo este 27 de febrero, Eguiguren enfatizó que la vida de las personas está por encima de cualquier matriz ideológica que pudiese condicionar al Estado venezolano para permitir el ingreso de mecanismos de apoyo y cooperación internacional ante la situación de desabastecimiento y escasez que pone en riesgo la vida de millones de venezolanos.

Ante el cuestionamiento del presidente de la CIDH, el representante de Venezuela, Larry Devoe, respondió que Venezuela tiene la capacidad para comprar los insumos necesarios que permitirían responder a la crisis, pues considera que la misma es consecuencia de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

“Siempre hemos aceptado el problema de abastecimiento de medicinas. Lo que discutimos es la magnitud y las causas… No queremos que nos regalen nada. Queremos que nos permitan comprar”, reiteró Devoe al enfatizar sobre los aspectos negativos que la administración del presidente Donald Trump impuso contra el país con el fin de promover un cambio político.

Devoe argumentó que “se ha impedido el ingreso al país de 7.500.000 de dólares para la compra de insumos y materia prima para la producción de medicamentos,  1.600.000 de dólares destinados a la compra y producción de alimentos y la cancelación del pago de tratamientos para la malaria por parte de un laboratorio internacional al conocer de las medidas impuestas contra Venezuela”.

El abogado mencionó pronunciamientos de organismos internacionales que defienden derechos humanos, como Naciones Unidas y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su juicio, coinciden en que las medidas coercitivas unilaterales “producen consecuencias devastadoras y vulneran los preceptos sobre el derecho a una vida digna en los cuales se encuentran establecidos los derechos a la alimentación y a la salud”.

Denuncias reiteradas

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales Provea, Convite, Prepara Familia, Fundación Bengoa, Transparencia Venezuela, Codevida, entre otras,  que participaron en la audiencia pública convocada por la CIDH, denunciaron las “graves y sistemáticas” violaciones al derecho a la salud y alimentación cometidas por el Estado venezolano durante los últimos años. Aseguraron que la emergencia humanitaria que atraviesa el país es producto de las políticas de “opacidad” que aplica el gobierno contra la población, las cuales han ocasionado alarmantes cifras en materia de atención sanitaria y alimentaria.


 

Las carencias de medicinas e insumos médicos que existen en 34 servicios del Hospital J.M de Los Ríos, fue una de las primeras denuncias. Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, recordó que en este centro, siendo el principal hospital de niños del país, no hay ni siquiera reactivos para hacer exámenes de laboratorios.

Desde enero de 2018 están suspendidas las operaciones. Los techos presentan filtraciones. Las remodelaciones que se han hecho no cumplen con estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En enero de este año falleció un niño con difteria y en febrero un bebé con sospecha de sarampión” dijo. Aseguró que tras un brote infeccioso en la unidad de Hemodiálisis, 10 niños fallecieron en 2017 por falta de antibióticos.

“Entre diciembre de 2017 y enero de 2018 fallecieron 36 niños por desnutrición. Y solo en enero de este año se registraron cinco casos de niños con desnutrición grave”, insistió Martínez.

Luis Francisco Cabezas, director de Convite, hizo énfasis en el incremento de fallecidos por malaria. En 2017 se registró un rango de 300 a 500 muertes.  “Los casos de malaria experimentaron un aumento de 365% entre los años 2000 y 2015, debido al no cumplimiento de los esquemas de prevención. El número de casos justificados aumentó 76% entre  2015 y 2016. Hasta junio de 2017 se incrementó el 63% con 400.000 casos extendidos a 17 estados del país”, precisó.

Advirtió que 70% de las 77.000 personas con VIH no recibieron su tratamiento de forma constante, con especial preocupación en la comunidad Warao en el Delta del Orinoco. “Se tiene conocimiento de 18 nuevos casos de VIH por día”, dijo.

Entre las denuncias también figuró el aumento de la desnutrición infantil.  Marianella Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) manifestó, apoyándose en el reporte de la Fundación Bengoa, que 33% de niños menores de dos años que viven en sectores populares del país presentan desnutrición crónica. “Si no es atendida ocasionará daños irreversibles a futuro”; advirtió.

“Según Caritas Venezuela los niveles de desnutrición aguda en población infantil en las parroquias más pobres superan los umbrales de emergencia de la OMS. En diciembre de 2017 la desnutrición aguda moderada y severa entre menores de 5 años alcanzó 16,8% lo cual refleja una duplicación de la prevalencia en un año”, agregó la especialista en Nutrición.

“La escasez de alimentos se agudiza en las cárceles, centros de detención preventivas y hospitales psiquiátricos. En estos hospitales desde hace dos años se vienen reportando un aumento en las muertes de pacientes en severo estado de desnutrición”. Marianella Herrera, directora del OVS.

“Política de secretos con graves consecuencias para los derechos humanos”

Las cifras de Encovi 2017 en materia de alimentos y pobreza también se presentaron durante la audiencia. Susana Rafalli, representante de Provea, denunció que 61% de los venezolanos vive en pobreza extrema. “Más de la mitad de esta pobreza es reciente y 30% es crónica”, destacó.


 

Precisó que 80% de los hogares venezolanos viven en condiciones de inseguridad alimentaria y 61% de los representantes de estos hogares se acuesta con hambre. Los adultos destacan entre la población  más afectada. Según Rafalli, 64% perdió –en promedio- 11 kilos en el último año.

Por su parte, Mildred Rojas, de Transparencia Venezuela, rechazó que sea la autoridad castrense la que domine la estructura agroalimentaria del país. “Todas las funciones que hacen posible la alimentación están militarizadas y manejadas con total opacidad”, reprochó.

“Queremos señalar que la corrupción y las políticas que han promovido el desmantelamiento de la producción y procesamiento de alimentos son la causa de la crisis alimentaria en Venezuela. La corrupción en este ramo se ha servido de la impunidad, el monopolio de divisas, el control de precios y la opacidad”, dijo

El defensor de derechos humanos y colaborador de Espacio Público, Ricardo Rosales, denunció el  “silencio y secretismo” del Estado respecto de la gestión pública. Señaló que  Espacio Público presentó 91 peticiones de información de las cuales solo una fue respondida por el Estado. “En 2017, se hicieron 31 peticiones pero no hubo respuestas. En ocho años, 26 demandas y no hay sentencia a favor de la información”, expuso.

Aseguró que desde 2015 no existe rendición pública sobre informes de empresas estatales ni datos oficiales sobre escasez e inflación en alimentos. “El Estado creó los Comité Locales de Abastecimiento y Producción ante la crisis, ocultando la información sobre su organización y funcionamiento. En 2017 los problemas de accesibilidad y disponibilidad de alimentos se acentuaron dramáticamente con la ausencia de información”, acotó.

En materia de salud, afirmó que tampoco hay información oficial sobre boletines epidemiológicos del país, por lo que exigió al Estado atender la crisis humanitaria sin filtros. “Se trata de política de secretos con graves consecuencias para los derechos humanos”, aseveró.

“La crisis humanitaria compleja en Venezuela es consecuencia de una lógica autoritaria que combina políticas de opacidad y castigo que busca separar a la sociedad de lo público”. Ricardo Rosales, defensor de derechos humanos y colaborador de Espacio Público.

Las ONG pidieron a la CIDH exhortar al Estado Venezolano a:

  1. Aceptar la asistencia para personas que requieren atención de salud inmediata privilegiar el suministro de alimentos y medicinasa las comunidades vulnerables.
  2. Generar y divulgar información de manera sistemática regular y rigurosa en materia epidemiológica.
  3. Suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humano
  4. Garantizar la protección de todos los defensores de DDHHque participaron en las audiencias para evitar que sean objeto de amenazas.

Eguiguren exigió al Estado adoptar las recomendaciones hechas y permitir las visitas “in loco” para constatar la situación de los derechos humanos y establecer un diálogo. “Que cesen las sanciones unilaterales que el Estado le ha puesto a esta Comisión para poder visitar el país”, dijo.

Los miembros de la Comisión apoyaron esta moción. El mexicano Joel Hernández pidió no sumar esfuerzos en identificar las causas que originaron la crisis, la cual resulta evidente para la sociedad venezolana y la comunidad internacional. “Se debe comenzar por reconocer esta grave situación. Mi recomendación es escuchar las voces amigas que ofrecieron la ayuda internacional de buena fe y no desestimarlas”, dijo.

Las comisionadas María Gutiérrez y Antonia Urrejola recomendaron al Estado venezolano la consignación de información estadística oficial a la CIDH que permitan conocer la magnitud de la crisis alimentaria y de salud que atraviesa Venezuela, como las cifras relacionadas con la distribución de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la situación epidemiológica.

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