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Proponen ante la CIDH modificar la Constitución para sancionar a empresas privadas por violación de derechos humanos

Durante el 167 Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano, con el respaldo de organizaciones vinculadas al oficialismo, trato de descargarse de su responsabilidad por la profundización de la crisis en Venezuela.
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Anyela Torres

 

“¿Qué medidas toma el Estado venezolano para prevenir la eventuales violaciones de derechos humanos por parte de empresas privadas?”, preguntó el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Venezuela, Francisco Eguigurren, ante el intento del Estado, con el apoyo de organizaciones pro gubernamentales, de descargarse de sus responsabilidades en materia de protección efectiva de los derechos humanos de todos los venezolanos y venezolanas.

Este martes, 27 de febrero, se llevó a cabo una audiencia para debatir sobre la responsabilidad de las empresas privadas por violaciones de derechos humanos. La iniciativa provino de organizaciones vinculadas por el oficialismo, y Sures, a través de María Lucrecia Hernández, tuvo la vocería.

Hernández afirmó que empresas privadas que operan en Venezuela  deben responder por discriminación en centros de salud y planteles, por la contaminación del medio ambiente y hasta por la escasez de alimentos en el país.

La representante de Sures mencionó algunos casos: el derrame de bebidas azucaradas en el lago de Valencia, exclusión de escolares en colegios privados por la imposibilidad de costear las matrículas, la limitación del ingreso de pacientes a clínicas por insolvencia con compañías de seguros. Sin embargo, no precisó datos estadísticas, como tampoco presuntos violadores de derechos humanos ni presuntas víctimas.

En opinión de Hernández, la escasez de medicamentos no se debe a la falta de divisas, sino a un boicot que grandes empresas de la industria químico-farmacéutica contra el pueblo. Mencionó que las empresas trasnacionales de comunicación consolidan estereotipos de mujer que nada tienen que ver con las características de la mujer venezolana y resultan discriminatorias. Subrayó el hecho del tratamiento mediático de las protestas antigubernamentales de 2013, 2014 y 2014 constituyen  mensajes de odio. Sobre el derecho a la alimentación, dijo que desde diversos organismos de las Naciones Unidas se han hecho recomendaciones a empresas alimentarias para que reduzcan el contenido de azúcares y grasas a los productos por el riesgo de malnutrición y enfermedades que ello implica. Alegó que la producción y comercialización de alimentos en Venezuela está en manos de pocas empresas del país, y ello contribuye a que Venezuela se vea obligada a importar. Nada dijo de la responsabilidad del Estado por el deterioro del aparato productivo del país, entre otras razones a causa de las expropiaciones y estatizaciones.

La representante de Sures insistió en exonerar al Estado de su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud: “La situación de escasez de medicamentos desde el 2013 proviene de empresas privadas extranjeras. Esto no se debe a la destrucción de la industria farmacéutica nacional ni a la falta de recursos financieros para producir e importar. Porque la mayoría de estas empresas son trasnacionales  y siguen funcionando el país, y según estudios contables muestran ganancias operativas suficientes para importar. Otros estudios demuestran que Venezuela es el segundo mayor mercado de este rubro en América Latina. Ha habido un aumento de 50% en la compra de estos rubros por parte del Estado Venezolano. En ese caso el inconveniente no es falta de divisas sino acciones de boicot”.

Por su parte, Larry Devoe, representante del Estado venezolano, afirmó que no solo el Estado es responsable por violaciones de derechos humanos, sino todos los integrantes de una sociedad.

“Pensar que las empresas van a regular el ejercicio de sus actividades para no vulnerar los derechos humanos pareciera muy idealista, tomando en cuenta la lógica del funcionamiento empresarial, que es minimizar los costos y maximizar las ganancias. Por ello, hemos establecido el deber de elaborar un plan nacional de empresas y derechos humanos, que es uno de los compromisos que se derivan de los principios rectores establecidos por la ONU en esta materia. En el marco de esta revisión, nos hemos planteado la necesidad de hacer cambios en el plano normativo jurídico del país para poder avanzar con mayor fortaleza. Por eso, en el actual debate que se da en la ANC, se ha planteado hacer modificaciones a la Constitución para establecer la responsabilidad de las empresas privadas en materia de derechos humanos. La Constitución de 1999 solo admite la responsabilidad del Estado”, dijo Devoe.

Señaló que en dos oportunidades el Tribunal Supremo de Justicia determinó la responsabilidad de empresas privadas: en 2011, por violación al derecho a un medio ambiente sano, al prohibir uso de vehículos rústicos en lugares abiertos y protegidos; y en 2012, por violación al derecho a la salud, al ordenar a una empresa responsable de importar implantes mamarios hacerse cargo de la cobertura de costos de retiro y reemplazo de prótesis a 30 mil venezolanas

La relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), Soledad García Muñoz, intervino para reiterar la solicitud de una visita de la CIDH a Venezuela. Desde 2002, el gobierno venezolano se ha negado rotundamente a que los comisionados puedan verificar directamente las denuncias sobre violaciones de derechos humanos que reciben de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Al final de la audiencia, el presidente de la CIDH, advirtió que, más que una solicitud, se trata de una exigencia.

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