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El Estado no dice en la CIDH cómo va a poner orden en el Arco Minero del Orinoco

Además de los 17 fallecidos en la llamada masacre de Tumeremo, en marzo de 2016, 39 personas han sido asesinadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en los pueblos mineros del estado Bolívar, entre septiembre de 2017 y febrero de 2018.
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Edgar López

Hace dos años, el 24 de febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro decretó la creación del Arco Minero del Orinoco, pero los pueblos del sur del estado Bolívar siguen inmersos en la violencia que ha caracterizado la explotación minera en la zona. El costo se contabiliza en muertes: la masacre de Tumeremo, en marzo de 2016, cuando 17 personas fueron asesinadas; los operativos militares-policiales (Ejército y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) que se realizaron el 9 y 10 de septiembre de 2017 en los sectores El Manteco, en el municipio Piar, y El Triunfo, en el municipio Cedeño, con un saldo de 21 civiles asesinados; y, más recientemente, el 10 de febrero de 2018, el asesinato de 18 personas a manos del Ejército, en la mina Cicapra, municipio Roscio.

Por segunda vez el Estado venezolano fue interpelado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los perjuicios del fomento de la minería a pequeña, mediana y gran escala, como paliativo al déficit de ingresos por la caída de los precios internacionales del petróleo. Pero, como ocurrió el 2 de diciembre de 2016, durante el 159 Período de Sesiones de la CIDH realizado en Panamá, el Estado venezolano no precisó las medidas que habría tomado para preservar los derechos ambientales en una región de extraordinaria importancia ecológica, pues forma parte de la Amazonia, así como  de las 198 comunidades de 16 pueblos indígenas afectados por el proyecto extractivista promovido por el gobierno.

En aquella oportunidad, el agente del Estado venezolano, Larry Davoe, indicó: “Está previsto realizar los estudios de impacto ambiental que exige la Constitución y la ley antes de iniciar las operaciones”. Pero apenas una semana después, sin el estudio de impacto ambiental y sociocultural requerido por el ordenamiento jurídico vigente, los representantes del gobierno y de la Corporación Faoz celebraron la instalación del campamento y el inicio de las operaciones de la empresa mixta Parguaza. Un año después, el Estado anunció que la empresa Parguaza había extraído una tonelada de coltán.

En el 167 Período de Sesiones de la CIDH que se lleva a cabo en Bogotá, la representante de la organización Sures, María Lucrecia Hernández, afirmó que el poder que tienen las empresas que intervienen en el Arco Minero del Orinoco escapa al control del Estado. Sin embargo, Hernández no mencionó que las empresas que han sido autorizadas por el mismo Estado para explorar, explotar y comercializar minerales son empresas mixtas, en las cuales el Estado, a través de la Corporación Venezolana de Minería, posee el 55% de las acciones.

De hecho, Davoe dijo más adelante que a estas empresas se les deberían aplicar las normas correspondientes al sector público. Y que organismos como la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo están facultados para ejercer la supervisión del uso de fondos públicos, así como salvaguardar los derechos humanos.

Como quiera que el debate se refería a la responsabilidad de las empresas privadas por la violación de derechos humanos, el presidente de la CIDH y relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, formuló una pregunta esencial: “¿Y qué hace el Estado para impedirlo?”.

Larry Davoe se vio obligado a responder. Sin embargo, no hizo las precisiones requeridas por el presidente de la CIDH: “Si algo permite el Arco Minero del Orinoco es poner orden en la zona, en el proceso de extracción minera. Se trata de un control estricto sobre las empresas para la salvaguarda de los derechos ambientales y de pueblos y comunidades indígenas”.

Lo más concreto son los 39 muertos a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

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