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Detuvieron a dos reporteros durante la cobertura de entrenamiento militar en Táchira

René Méndez, periodista y colaborador de NTN24, cuestionó el procedimiento llevado a cabo por funcionarios del Dgcim luego que, él y un compañero, se identificaran en tres alcabalas militares para tener.
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David Matos

Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron por más de cuatro horas a los reporteros Daniel Cáceres, de AFP, y René Méndez, de NTN24, cuando hacían la cobertura de un entrenamiento militar en Táchira.  Los comunicadores fueron despojados de sus cámaras de video y obligados a eliminar el material periodístico registrado.

Cáceres y Méndez acudieron poco antes del mediodía del 24 de febrero de 2018 al poblado de Lobatera, al occidente del estado Táchira, donde se llevaban a cabo prácticas militares en las que participaron los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Reserva Militar. Las prácticas  habían sido anunciadas días antes en cadena nacional por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de las operaciones de defensa del territorio nacional ante una posible intervención extranjera.

Los reporteros aseguraron a Proiuris haber pasado por tres alcabalas en un lapso de 45 minutos. En cada una de ellas las autoridades les solicitaron que se identificaran e indicaran los medios de comunicación social para los cuales prestaban servicios. En ninguna hubo problemas. Primero pasaron por la ciudad La Fría y luego por el poblado Lobatera, donde funcionarios del Dgcim les permitieron cubrir la actividad.

“Estábamos en compañía de medios privados pro gobierno que registraban el entrenamiento. Cáceres y yo pudimos hacer tomas durante casi dos horas en varias zonas del lugar”, recordó Méndez, quien cumple funciones como periodista de la agencia Reuters y colaborador del canal colombiano NTN24.

Habían grabado durante unas dos horas cuando funcionarios de Contrainteligencia Militar abordaron a los periodistas y les pidieron identificarse, al tiempo que les ordenaron entregar sus herramientas de trabajo: dos cámaras de video y una tarjeta de memora. Al reportero Daniel Cáceres también lo despojaron de su teléfono celular. A Cáceres le había dado oportunidad de comunicarse con una colega que cumple funciones en la entidad para informarle lo que estaba sucediendo.

“Nos parece injusto que nos hayan dejado retenidos mientras se desarrollaba la actividad. Nos dejaron esperando en una pared como si estuviésemos detenidos. Aunque nunca se nos habló de detención, nos informaron que los equipos iban a ser confiscados y se nos devolverían en tres días”, recordó Cáceres.

El comunicador indicó que mediaron con el general José Noroño Torres, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en Táchira, quien intentó comprobar para qué medios cumplían funciones informativas. “Solo se nos dijo que el Dgcim era un organismo autónomo y que nada podía hacer para recuperar nuestros equipos de trabajo”, aseguró Méndez.

Funcionarios militares escoltaron a los reporteros desde Lobatera hacia la sede del Dgcim de La Fría, donde fueron interrogados. Posteriormente debieron firmar un documento de Contrainteligencia Militar en el que quedaron reseñadas sus declaraciones. Aseguran que no se les entregó copia de este material y tampoco se les permitió hablar con sus abogados.

“Cuestionamos la forma cómo se nos trató. Intentamos hacerles entender que solo cumplíamos con nuestro trabajo, pero no sirvió de nada. Nos obligaron a borrar el material que habíamos registrado durante el mediodía y las primeras horas de la tarde. Una tarjeta de memoria fue formateada y solo así fue que nos entregarnos las cámaras y el celular”, aseveró Méndez.

A los reporteros se les permitió retirarse del lugar a las cinco de la tarde, casi cuatro después que se les despojara de sus herramientas reporteriles.

El hecho representa una limitación de acceso a la cobertura de asuntos de interés público y vulnera los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 57 y 58 sobre libertad de expresión y derecho a la información, así como el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que establece que la destrucción del material periodístico coarta severamente la libertad de expresión.

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