14.525 personas permanecen recluidas indefinidamente en 198 calabozos donde no deberían estar más de 48 horas. Allí el derecho a la vida no está garantizado, concluye un informe de la Organización No Gubernamental Una ventana a la libertad.
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David Matos
Hacinamiento, violencia, falta de atención médica y desnutrición son las razones por las cuales 62 presos, 2 funcionarios policiales y un familiar fallecieron en 178 centros de detención preventiva correspondiente a la jurisdicción civil y 20 a la jurisdicción militar de la Gran Caracas y de los estados de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia.
La información está registrada en el informe “La muerte y la violencia asedian a los privados de libertad. Situación de los derechos humanos en los centros de detención preventiva en Venezuela 2017”, presentado por Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una ventana a la libertad (UVA), y Luisa Torrealba, periodista y coordinadora de la investigación.
Nieto Palma responsabilizó a Iris Varela, Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, por la situación de hacinamiento que padecen los privados de libertad, pues asegura que de haberse cumplido la promesa de construir un centro de reclusión por entidad, como se aseguró en 2011, cuando fue creado el ministerio, Venezuela no tuviese una población penitenciaria paralela; es decir la que permanece recluida en centros de detención preventiva, que, por lo general, no tienen condiciones adecuadas.
UVA registró entre enero y diciembre de 2017 un hacinamiento de 250, 86% en 198 espacios donde no se debería permanecer por más de 48 horas. El porcentaje comprende 14.525 personas en lugares que tienen capacidad para 5.910, lo que implica una sobrepoblación de 8.615 privados de libertad.
“El poco espacio con el que cuentan estas personas las obliga a turnarse o pelearse para ocupar parte del suelo en el calabozo en el que se encuentran para poder dormir, puesto que tres presos ocupan el lugar que debería ocupar una sola persona”, aseguró Torrealba.
3.919 procesados esperan por su traslado hacia sus centros de reclusión definitivos, mientras que 115 habrían recibido boletas de excarcelación y continuaban detenidos para diciembre de 2017
La investigadora expresó preocupación por las condiciones de hacinamiento que obligan a mujeres, menores de edad y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (Lgbti) convivir con el resto de los detenidos en algunos de estos centros, situación que los expone a hechos de violencia y enfermedades.
En 2017 se registraron 113 eventos que comprenden 53 fugas (34, 19 % de los casos), 39 muertes por problemas de salud (25,16%) y 26 asesinatos de los privados de libertad (16,77%). De estos casos, 63% ocurrieron por la propia actuación de los presos, 33% por la actuación de funcionarios policiales, 3% por otros y 1% por desconocidos.
Para los expertos la muerte de 27 personas por heridas de armas de fuego, 5 por puñaladas y 3 por golpes indica que no existen garantías de vigilancia y control por parte de las autoridades para hacer frente a motines, intentos de fuga y enfrentamientos. Otros 29 detenidos y 10 funcionarios policiales resultaron heridos durante intentos de fuga y motines por disparos (18), puñaladas (10), golpes (7) y otros (4).
Los calabozos de los centros de detención preventiva no fueron construidos para albergar a una gran cantidad de personas por tiempo indefinido. Entre las fallas estructurales que presentan estos 198 centros se pudo registrar que 62% no posee baños, 100% no posee lavandería, 64% no tiene agua potable, 52% no cuenta con servicio de recolección de basura y 98, 48% no cuentan con servicio médico.
“Los privados no cuentan con agua ni baños para bañarse o lavar su ropa y, en la mayoría de los centros, deben comer en el mismo espacio en el que hacen sus necesidades en bolsa o potes plásticos, lo cual los pone en riesgo de contraer enfermedades”, aseguró la periodista.
Una ventana a la libertad registró que 186 personas padecen enfermedades crónicas como hipertensión, cáncer y enfermedades infecto contagiosas, como VIH, escabiosis y tuberculosis; y parasitarias, como amibiasis. “En la mayoría de los sitios, se nos informó que las autoridades encargadas no contaban con un conteo que permitiera visibilizar el número de personas que presentan enfermedades”, recordó Torrealba.
9 personas murieron por desnutrición y 8 por tuberculosis, mientras que otras 12 murieron a causa de asfixia, intoxicación y suicidio
El hecho de que 94% de los centros preventivos no posean comedor, aunado a la escasez de alimentos básicos en el país, deteriora la calidad de vidas de los detenidos, que dependen de la comida que les puedan traer sus familiares semanalmente. Entre reos se comparten la comida, debido a que extranjeros y personas que no tienen familiares no reciben alimentos.
“No se cuenta con neveras o compartimientos de refrigeración en los que se pueda conservar la comida que se les trae. Los funcionarios suelen requisar la comida, meterles mano, y luego entregárselas a los presos. Otras veces hemos tenido conocimiento de que los policías se quedan con esa comida”, recordó Torrealba.
Una ventana a la libertad recomendó al gobierno nacional ejercer acciones urgentes con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo establecer un plan que permita a la personas con enfermedades infecto contagiosas y crónicas acceder a la atención médica y los tratamientos requeridos, así como adoptar medidas que procuren el traslado de los privados que fueron procesados.
En segundo lugar, la organización exigió al Ministerio de Interior, Justicia y Paz la adopción de una política urgente que permita, a través de una previsión presupuestaria, el acondicionamiento de los centros de detención preventiva en el país –estimados en 500 por Nieto Palma- con espacios para la alimentación, la recepción de visitas, la recreación y de servicios fundamentales como los de alimentos, agua potable y asistencia médica.
