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Proiuris exige a la Fiscalía y la Defensoría investigar homicidios de 18 mineros en Guasipati

A casi dos años de la masacre de Tumeremo, una operación del Ejército concluyó con el asesinato de 18 personas en la mina Cicapra. Un reporte del Cicpc indica que fueron “dados de baja”, por “resistencia a la autoridad”
Reporte Proiuris | @Proiuris_VE  | IG: @Proiuris | Facebook: @ProiurisVE

Proiuris, organización no gubernamental de promoción y defensa de derechos humanos, exige una investigación independiente, exhaustiva y eficaz sobre los homicidios de 18 personas, reportados el sábado 10 de febrero de 2018, en la mina Cicapra, ubicada en Guasipati, municipio Roscio, estado Bolívar.

Según un reporte de la Región Estratégica de Investigación Penal Guayana, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que trascendió extraoficialmente, “funcionarios del Ejército venezolano, al mando del Teniente Coronel Romero Vergara, incursionaron en la mina antes mencionada, donde sostuvieron un intercambio de disparos con varios sujetos aun por identificar logrando dar de baja a 18 de ellos. Entre los occisos una fémina. Trasladando los cuerpos al fuerte militar de Guasipati. Así mismo fueron recuperados cuatro FAL, un R 15, siete pistolas,  3 revólveres, una escopeta y dos granadas de fusil”.

El Cicpc, según el referido reporte, señaló como móvil del hecho “resistencia a la autoridad”. Una vez más se utilizan términos como “dados de baja”, a modo de justificación de los homicidios. A pesar del supuesto enfrentamiento, la policía no reportó funcionarios militares muertos ni heridos.

Transcurridas 72 horas de los hechos, ni las autoridades del Cicpc ni las del Ejército han ofrecido mayores detalles sobre la identificación de los fallecidos ni las circunstancias en que fueron asesinados. El gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, tampoco ha emitido información oficial.

Es necesario e impostergable que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo emprendan las investigaciones que corresponden para determinar, juzgar y sancionar eventuales excesos en la ejecución de esta operación militar.

En marzo de 2016 ocurrió la llamada masacre de Tumeremo. Inicialmente trascendió que 28 mineros habían sido asesinados en la mina Atenas, a 20 kilómetros de Tumeremo, capital del municipio Sifontes, estado Bolívar. Las investigaciones solo alcanzaron a identificar a 17 personas muertas. El 26 de marzo, la fiscal general de la República para entonces, Luisa Ortega, precisó que 16 de los cadáveres presentaban impactos de bala en la cabeza. En esa oportunidad, Ortega no descartó la intervención de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. En mayo de 2017, el gobierno informó que Fuerzas de Acciones Especiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional “abatieron” a Hamilton Andrés  Suárez Ulloa, alias “El Topo”, a quien identificaron como el autor de la masacre de Tumeremo. Después de la muerte de Suárez Ulloa no se supo más sobre las investigaciones del caso, por el cual no hubo detenciones.

La masacre de Tumeremo ocurrió poco más de un mes después de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretara la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, con el propósito de desarrollar la minería en una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados. Luego del suceso decretaron el Arco Minero del Orinoco como “zona militar especial” y el presidente Maduro anunció que se movilizarían “más de mil agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, fiscales del Ministerio Público y funcionarios de la Defensoría del Pueblo para restablecer el orden en la región.

El 9 y el 10 se septiembre de 2017 se llevaron a cabo operativos militares-policiales (Ejército y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) en los sectores El Manteco, en el municipio Piar, y El Triunfo, en el municipio Cedeño, con un saldo de 21 civiles asesinados. La versión oficial indicó como móvil de los homicidios la “resistencia a la autoridad”.

El diario El Correo del Caroní contabilizó 47 muertes durante 2017 en este tipo de procedimientos, que se asemejan a los controversiales Operativos de Liberación del Pueblo, promovidos por el gobierno como último recurso contra el auge delictivo en Venezuela.

Proiuris insiste en la urgente necesidad de que la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo emprendan una investigación independiente, exhaustiva y eficaz sobre la muerte de estas 18 personas en la mina Cicapra, y determinen con la mayor precisión posible la presunta comisión de excesos por parte de los funcionarios del Ejército que intervinieron.

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