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Tarek William Saab rechazó averiguación de la Corte Penal Internacional

El fiscal general designado por la ANC aseguró que la responsabilidad penal es personalísima y que el que haya incurrido en violación a la ley durante las manifestaciones de 2017 será castigado
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Erick S. González Caldea

El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, rechazó el inicio de un examen preliminar que emprendió la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)  sobre la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante las protestas antigubernamentales de abril y julio de 2017.

Saab indicó que el Estado venezolano prohibió el uso de armas de fuego para reprimir las manifestaciones. “De entrada, vamos a decir que hubo una expresa prohibición, incluso anunciada por el presidente Nicolás Maduro, a  efectos de que no se hiciera uso de armas de fuego para dispersar las manifestaciones, de modo que aquel funcionario que haya cometido el lamentable hecho de violar el derecho a la vida o la integridad de algún ciudadano, bajo nuestra presencia, no tendrá impunidad y así lo hemos ido demostrando”, recalcó.

La resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza el uso de armas potencialmente mortales en la represión de manifestaciones, fue aprobada por le gobierno de Nicolás Maduro, el 23 de enero de 2015, bajo el  título de: “Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.

Saab aseguró que la información que maneja la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, no es imparcial. “La información que maneja la fiscal (Bensouda) de la Corte pareciera sesgada. La CPI no ha tenido la oportunidad de comunicarse para solicitarle a este Ministerio Público información sobre la judicialización o no de los lamentables sucesos ocurridos entre abril y julio de 2017”, sostuvo Saab durante una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía.

Dijo que el Estado ha efectuado informes minuciosos sobre las imputaciones y acusaciones por los sucesos ocurridos entre abril y julio de 2017. Cuestionó la acción de la fiscal Luisa Ortega Díaz en esos casos. “El Ministerio Público anterior no oficializó casos,  no atendió a víctimas, no hizo ningún tipo de pronunciamiento para evitar la violencia en el país. Hasta la propia fiscal Bensouda tuvo que reconocer que actuaron civiles armados. Este nuevo Ministerio Público tiene suficiente documentación de que los casos fueron atendidos, junto a la Defensoría del Pueblo y los tribunales, y muchos han tenido imputación y acusación”, dijo Saab.

Enfatizó que en el país no se permitirá la impunidad en los hechos de violencia ocurridos durante las protestas del año pasado, sobre todo, los perpetrados por civiles armados y funcionarios de seguridad “que violentaron el derecho a la vida de sus víctimas”.

Saab señaló que quien  haya incurrido en delitos será responsable ante la Ley. “Es una oportunidad para el Estado venezolano de demostrar, de forma transparente, de que en el país quien viole los derechos humanos será sancionado. Quien participe individualmente, grupalmente o selectivamente en casos de violaciones de derechos humanos no va a tener ningún tipo de impunidad, sino castigo y sanción en base a los tratados suscritos por Venezuela y su Constitución”.

Criticó la actuación de la Corte Penal Internacional en otros casos –no especificados por el funcionario-  en países que violaron los derechos humanos de sus ciudadanos e imperó la impunidad. “En Venezuela no somos como otros países donde se ha practicado el exterminio, el terrorismo de Estado, que sus ciudades son como un cementerio público”, indicó.

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