Varias mujeres relataron las penurias a las que son sometidas cuando visitan a los detenidos. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que en lo que va de 2018 se han sumado 31 personas a la lista de presos políticos, para un total de 233
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Anyela Torres
“Tengo una hija de 12 años y cuando vamos a la cárcel también la requisan. Le ordenan que se suba la camisa y que se baje el pantalón. Esto lo podríamos denunciar ante un fiscal encargado de la protección de menores de edad, pero eso implicaría el riesgo de que le impidan volver a ver a su padre, y no hay mejor medicina para el corazón de mi esposo que esa visita”. Así lo relató Kerlyn Rodríguez, esposa del Teniente Coronel Ruperto Sánchez, preso desde hace 3 años y 9 meses en la cárcel de La Pica, en Maturín, estado Monagas.
Odalys Bermúdez, hermana del Sargento Primero Rubén Bermúdez, quien se encuentra recluido en la cárcel 26 de Julio, en San Juan de Los Morros, estado Guárico, desde octubre del año pasado, aseguró que para poder ver a su hermano la obligan a desnudarse completamente, agacharse sobre un espejo y pujar, mientras funcionarias le inspeccionan sus partes íntimas con una linterna. Dice que, como mujer, se siente humillada. Asegura que en ese centro de reclusión está prohibido el ingreso de hombres, mujeres embarazadas o con la menstruación, así como menores de edad. “No ven ni a sus hijos ni a sus hermanos. Para que entre un padre debe llevar el acta de defunción de la mamá”, comenta.
Con el apoyo del Foro Penal, varias mujeres, familiares de presos políticos, denunciaron que sufren vejaciones en los centros de reclusión. El director de la referida ONG, Alfredo Romero, informó que en lo que va de año se han sumado 31 personas a lista de presos políticos, para un total de 233. Detalló que se han registrado 84 detenciones entre enero y febrero, que 53 de los detenidos todavía no han sido imputados y que más de 30 han sido vinculados por los cuerpos de seguridad con el ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, asesinado el 15 de enero, en un controversial operativo policial-militar. Agregó que 22 civiles han sido presentados ante tribunales militares y actualmente hay un solo caso de presunta desaparición forzada de personas.
El Foro Penal ha registrado 84 detenciones entre enero y febrero de 2018| Foto: Mikel Ferreira
El vocero de Foro Penal informó que en el penal 26 de Julio hay 15 presos políticos y que 6 de ellos pertenecen a la Brigada 42 Paracaidista de Infantería. “Ellos están en una situación de riesgo latente de muerte, porque se encuentran en un penal destinado para civiles. En varias oportunidades han recibido amenazas de otros reos comunes, porque no han formado parte de los reclamos y motines que los demás reclusos hacen sobre retardos en los traslados. Hemos solicitado su traslado, pero aún no recibimos respuesta. Desde hace 6 meses no hemos tenido acceso a sus expedientes”, detalló Romero.
2017 cerró con un total de 213 presos políticos. Desde 2014 hasta el presente el Foro Penal ha contabilizado 1.325 aprehensiones por razones políticas y 12.098 detenciones arbitrarias
“Me dijeron: ‘era médico, ya no es’ ”
Graciela de Aguado, madre de Williams Alberto Aguado Sequera, un médico que fue aprehendido el 5 de enero en Caricuao, por su presunta vinculación con Óscar Pérez, relató que a las 5 de la mañana, funcionarios encapuchados entraron a su apartamento, hicieron destrozos, la golpearon, la encerraron en una habitación y le desconectaron el teléfono.
“Me robaron desde el desodorante hasta la comida, pasando por un equipo de música. Causaron destrozos, sacaban maletas y maletas y decían que estaban llenas de armamento. Maniataron a mi hijo y se lo llevaron. A estas altura aún no he visto a mi hijo, me dicen que está en Ramo Verde”, relata Aguado.
Denunció que durante la requisa había 8 funcionarios en su casa, mientras que 5 más estaban en el estacionamiento y se llevaron la camioneta de su hijo. Asegura que los uniformados no le mostraron orden judicial y qu solo le decían que él era un terrorista. “Cuando se lo llevaban los funcionarios me dijeron: ‘era médico, ya no es’. Yo no sé qué quisieron decir”, relató.
Afirma que ha ido tres veces a Ramo Verde, pues le informaron que estaba recluido allí, sin embargo, los funcionarios que la atienden le dicen que no saben nada.
“Realmente no sé por qué lo relacionaron con Óscar Pérez, no sé si era dueño o no del Chalet donde se hospedaban él y sus hombres el día que lo mataron. Ese día lo único que me decían es que era terrorista”, reiteró Graciela de Aguado.
