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3.400 personas se encuentran detenidas en establecimientos militares

La tortura en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar es parte del régimen penitenciario aplicado al margen de la ley, señala el informe “La situación en derechos humanos en los centros penitenciarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”
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Erick S. González Caldea

Más de 3.400 personas están detenidas en comandos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de todo el país, según indica un estudio elaborado por la organización no gubernamental Una Ventana a La Libertad.

A principios de 2017 había 2.881 personas detenidas en establecimiento militares, la mayoría civiles. Los datos fueron ofrecidos por el periodista e investigador Javier Ignacio Mayorca, quien junto al equipo de la organización, divulgó este martes 6 de febrero el informe titulado “La situación en derechos humanos en los centros penitenciarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.

Mayorca explicó que la investigaciones, que fundamentan el informe fueron hechas entre septiembre y noviembre de 2017, en los diferentes recintos adscritos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, Caracas; la 35 Brigada de Policía Militar José de San Martín; y tres centros penitenciarios: el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde y los anexos que sirven como centros para procesados militares en las cárceles de La Pica, estado Monagas  y en  Santa Ana, estado Táchira.

Informó que en los centros penitenciarios militares hubo un aumento de la población reclusa durante 2017. El hacinamiento en Ramo Verde fue de 71.4% (es decir 250 personas más de la capacidad en el recinto), en La Pica fue de 17.5% (21 reos más) y en Santa Ana fue de 214,2% (es decir 150 privados más de la capacidad total). Entre los tres centros hay capacidad para 540 personas, pero actualmente allí están recluidos 961, es decir hay 77,9% de hacinamiento.

Torturas y violación de derechos

Mayorca enfatizó que el hacinamiento y los tratos crueles son parte de la cotidianidad de los detenidos en establecimientos militares. En el informe se detalla la aplicación de castigos indiscriminados y torturas en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar,  en el sótano del organismo ubicado en Boleíta, Caracas.

“Desde los golpes concentrados en determinadas partes del cuerpo, la colocación de sacos en la cabeza impregnados con polvillo de bomba lacrimógena, hasta la inserción de tachuelas en la parte inferior de las uñas de las manos… Los métodos se multiplican con la finalidad de obtener información por medios distintos de la investigación policial”, explicó Mayorca en su intervención.

Destacó que para ingresar al sótano donde están los detenidos por el cuerpo de contrainteligencia, los abogados son sometidos a un proceso de registro. Si tienen algún expediente que refiere intereses contrarios al gobierno, es vetado; No se le permite el acceso a las celdas. “Muchos abogados para ver a sus defendidos comienzan a trabajar en grupo para evitar estás molestias”, añadió.

Aseguró que los fiscales del Ministerio Público y funcionarios de la Defensoría del Pueblo no tienen acceso a las instalaciones. Aunado a esto, la vigilancia y la grabación audiovisual es constante durante las visitas por parte de los agentes de ese cuerpo de seguirdad. “La idea es que sientan el peso de la vigilancia”, sostuvo Mayorca.

“A menudo la Dgcim niega estar en custodia de un detenido, cuando en realidad lo tiene en sus celdas desde hace días”, asegura el comunicador.

 En el informe de la organización se describió que: “en las cárceles militares, como en las civiles, las fallas en los servicios de agua potable son crónicas y la alimentación es deficiente. Esto ocasiona una carga adicional sobre los familiares de los detenidos, quienes se ven obligados a hacer lo posible para cubrir estas deficiencias.  En los tres centros para procesados militares la atención médica es inexistente”.

Ramo Verde y las demás penitenciarias

“No te puedes quejar, si te quejas vienen los tigrillos (castigos)”, destacó Javier Ignacio Mayorca al referirse al Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde. Aseguró que entre las sanciones contra los reos es probable que se apliquen torturas, sin embargo ello no pudo ser confirmado.

“En Ramo Verde opera un sistema de tratamiento diferenciado, tomando en cuenta la condición (civil o militar) y el origen del detenido. Contrario a lo que sucede en la Dgcim, en este recinto aún se toma en cuenta si el detenido es un oficial general, superior o subalterno”, se lee en el informe.

Describió que dentro del recinto los propios detenidos imponen un régimen de convivencia y prácticas básicas. Además, se crea un ambiente de desconfianza, debido a que “el más antiguo de los detenidos suele ser reconocido como el líder de los presos. Se trata de sujetos que ya han internalizado las normas de la cárcel, y que pueden ocasionalmente servir como informantes de las autoridades militares”.

En el caso de Santa Ana, en el estado Táchira, debido a las condiciones de insalubridad y el hacinamiento, en julio de 2017 más del 80% de la población interna en el centro penitenciario, 176 privados de libertad, se vio afectada por escabiosis.

La tortura forma parte de proceso de castigos para los privados de libertad en el penal militar. “Santa Ana cuenta con dos celdas para castigos, pero sólo una se encuentra en condiciones mínimas de operatividad. Al igual que en otras instalaciones, las dimensiones de este recinto son cuatro metros cuadrados, sin entrada de luz natural”, se subrayó en el informe.

La Pica, que sirve como centro para procesados militares en oriente, presenta problemas de hacinamiento, además de la falta de espacios para las  reclusas, por lo que deben pernoctar en los espacios de los oficiales judiciales.

“Para el 30 de septiembre, la población total era de 141 personas (135, si se descuenta a las reclusas). Trece podrían ser considerados presos políticos o de conciencia. De ellos cinco eran civiles, aprehendidos durante las protestas antigubernamentales o por estar supuestamente involucrados en conspiraciones contra el Gobierno. La sobrepoblación general de la instalación apenas rebasaba el 12%”, se lee en el informe de Una Ventana a la Libertad.

En este centro no se reportó la existencia de una práctica de torturas, como ocurren en otros establecimientos  militares del país.

La 35 Brigada de Policía Militar José de San Martín, ubicada en Fuerte Tiuna, es el recinto con menores problemas encontrados durante la investigación del equipo de Una Ventana a la Libertad. “Los reclusos de esta instalación tienen un régimen menos severo que el imperante en la Dgcim Boleíta. Tanto los abogados como los familiares y amigos pueden entregar al detenido comida y otros elementos que le sirvan para compensar las deficiencias en la alimentación provista por esta brigada.  Los exámenes médicos a los detenidos se llevan a cabo con relativa rapidez en el hospital Vicente Salias, también conocido como el hospitalito de la misma gran unidad militar”, se destacó en el informe.

Una Ventana a La Libertad denunció que existen evidencias sobre la aplicación de castigos indiscriminados y torturas en los calabozos de la Dgcim Boleíta y algunos centros penitenciarios, lo que representa una preocupación muy grande, debido a la violación de los derechos humanos de los privados de libertad que ello implica.

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