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Foro Penal denuncia desapariciones forzadas de 10 personas

La ONG informó que en enero de 2018 22 personas han sido detenidas por razones políticas. Denunció el uso sistemático de la jurisdicción militar contra ciudadanos civiles​
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Anyela Torres 

Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, directores del Foro Penal, denunciaron la desaparición forzada de 10 personas luego de la operación policial-militar que concluyó con el asesinato del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, y seis personas más quienes se encontraban con él en una residencia ubicada en el kilómetro 16 de El Junquito, el 15 de enero.

Los abogados señalaron que los familiares de las personas presuntamente detenidas por cuerpos de seguridad del Estado, desconocen su paradero y/o lugar de detención, por lo que califican la situación como desaparición forzada.

Romero y Himiob indicaron que 21 personas han sido apresadas por el caso de Óscar Pérez,  7 de ellas  identificadas por el ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, en una rueda de prensa el 16 de enero y quienes encuentran privadas de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde.

Pidieron que se haga una investigación exhaustiva para determinar si la muerte de Pérez y sus compañeros fueron la consecuencia de una ejecución y que se permita a los familiares acceso al expediente.

“La muerte tiene que ser muy bien justificada porque hay pruebas donde se muestra un supuesto rendimiento de los que estaban en la casa. Existen 6 actas de defunción que reflejan como causa de muerte disparos en la cabeza. Hay que comprobar entonces, si hubo o no lo que en derecho conocemos como ejecución del rendido”, aseveró Romero.

El abogado añadió que a través de la investigación se debe analizar la proporcionalidad del uso de la fuerza durante el procedimiento. “Se debe determinar si se usó injustificadamente o no granadas a través de bazucas, si se usó una fuerza militar desproporcionada.  Esta operación fue un fracaso en términos de garantizar la vida de la persona”.

Calificó la muerte del ex inspector y sus acompañantes, como “el suceso violatorio de derechos humanos más emblemático para Venezuela en mucho tiempo”.

Recomendó a las autoridades competentes ordenar la exhumación de los cadáveres. Señaló que es necesario que el informe patólogo y forense, que hasta ahora se desconoce, se realice nuevamente bajo la supervisión de abogados y expertos independientes para que se conozca, de forma transparente, qué ocurrió.

Artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. 

Gonzalo Himiob dijo que de comprobarse la presunción de que las autoridades llevaron a cabo ejecuciones,  los sucesos de El Junquito serían “un árbol dentro de un bosque amplio y profundo de ejecuciones extrajudiciales, sobretodo en el contexto del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP)”.

“La fiscal Luisa Ortega Díaz ha mencionado  más de  8 mil casos de ejecuciones, Cofavic habla de más de 7 mil. Si esto es verdad, la realidad venezolana entonces, es mucho más grave de lo que se evidenció en el caso de Óscar Pérez y amerita nuestra intervención inmediata como defensores de DD HH”, expresó.

22 presos políticos en enero

Los abogados precisaron que en lo que va de año se han registrado 22 detenciones por razones políticas, de los cuales 10 son civiles y ocho militares que han sido presentados ante tribunales castrenses. 4 fueron procesados en tribunales ordinarios.

Inidicó que entre el 1 y el 25 de enero han verificado 52 arrestos, de los cuales 34 aún permanecen detenidos.

Agregó que se han registrado 7.178 medidas cautelares y que hasta la fecha contabilizan 224 presos políticos, cifra que ha sido certificada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. «Creemos ue para la nueva actualización, cuando termine enero, la cifra va aumentar a 230 casos. Estamos hablando del doble de presos políticos en comparación con 2017», señaló Romero.

Indicó que la mayor cantidad de detenciones se realizaron en el Distrito Capital (17), Estado Miranda (13) y Carabobo (13). La mayoría ha sido imputado por los delitos de traición a la Patria, rebelión militar y ataque al centinela.

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