La asociación civil que promueve los derechos fundamentales de las personas LGTBI del país, recordó que desde 1999 hasta el 2015 el gobierno desestimó legislar a favor de las personas homosexuales aun cuando fueron presentados diversos proyectos de ley ante la Asamblea Nacional
Reporte Proiuris
Andreina Domínguez U.
La Unión Afirmativa de Venezuela (UNAF) recibió “con mucha alegría” la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exhorta a 12 países de América Latina -firmantes del pacto de San José- a reconocer y garantizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero lamentó que el Estado venezolano niegue este derecho.
Mediante un comunicado, la UNAF aseguró que en los últimos 18 años no ha habido avances en materia legislativa que respondan a los derechos fundamentales de las personas LGTBI. Destacó entre 1999 y 2015 la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo hizo caso omiso a las solicitudes, proyectos de ley, manifestaciones y derechos de palabra que se presentaron con el objetivo de ajustar la legislación venezolana a beneficio de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.
“Ninguna iniciativa encontró en el gobierno de Hugo Chávez y ahora el de Nicolás Maduro la real disposición a legislar a favor de las personas homosexuales. Ni siquiera cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo con todas las leyes habilitantes que el parlamento psuvista les otorgó”, reza la misiva.
La asociación civil recordó que por orden del fallecido presidente Chávez, el Estado venezolano denunció la Convención Americana de Derechos Humanos. Según la UNAF, el país queda nuevamente imposibilitado de ser beneficiado por la recomendación sobre la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo sin discriminación.
Venezuela denunció el también llamado Pacto de San José de Costa Rica el 10 de septiembre de 2012 y, de acuerdo al artículo 78 numeral 1 de dicho suscrito, la denuncia surte efectos un año después (10 de septiembre de 2013) por lo que Venezuela queda separada de la competencia de la Corte IDH a excepción de los casos que hayan sido presentados antes de la fecha del retiro formal. El lapso de 365 días entre la notificación recibida y la efectividad de la denuncia es un mecanismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para darle estabilidad a estos tratados.
