El estudiante de la Universidad de Carabobo (UC), José Gregorio Briceño, fue trasladado este lunes 12 de junio a la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado Miranda, confirmó el abogado de la defensa Alfonso Granadillo.
(Pagina web de El Estimulo)
Familiares y abogados del coronel de la aviación Juan Pablo Saavedra informaron que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU verificó los vicios del proceso penal en contra del militar
Espacio Público aseguró que se hostiga a los funcionarios del Estado, sobre todo a quienes exigen mejores condiciones laborales. Por su ocupación, las principales víctimas fueron los reporteros con 73 violaciones de libertad de expresión y prensa
Ha transcurrido un año desde la muerte del joven enfermero de 22 años de edad durante las protestas de 2017 y aunque el dolor forma parte de la vida de su padre, la aflicción no le impide ayudar a quienes lo necesitan.
A pesar de que hay pruebas que demuestran la responsabilidad del sargento Arli Cleiwi Méndez Terán por el asesinato del joven enfermero, el proceso está trabado. La audiencia preliminar se ha diferido cuatro veces.
En junio de 2015 (y con siete años de retraso) el Estado venezolano presentó ante Naciones Unidas el cuarto informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esa oportunidad fue evaluada la situación en el país, se identificaron las violaciones de derechos humanos y las autoridades gubernamentales se comprometieron a aplicar correctivos. Casi tres años después (este 26 de marzo de 2018) el Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado no ha cooperado con el escrutinio internacional y, por ello, Venezuela recibió la calificación “D”, la penúltima en una escala de cinco. El próximo 24 de julio de 2018, las autoridades estatales deben presentar el próximo informe. Proiuris recuerda las obligaciones pendientes.
En la presentación del Informe Anual sobre Libertad de Expresión, la CIDH considera que la persecución judicial y la violencia contra comunicadores sociales es el método más usado por el gobierno de Nicolás Maduro para condicionar información de interés público.
La organización no gubernamental precisó que en enero de 2017 había 114 detenidos por razones políticas y 368 en febrero de 2018. En el informe Venezuela y presos políticos, se afirma que el uso artificioso del sistema de administración de justicia equivale a “terrorismo de Estado”.
En Hoyo de La Puerta, un sector del Municipio Baruta, estado Miranda, los vecinos están merced de las reglas que arbitrariamente imponen los miembros de los consejos comunales y los llamados “jefes de calle” para ejecutar el programa gubernamental de distribución de alimentos a precios subsidiados
El Estatuto de Roma no precisa plazos para el eventual enjuiciamiento penal de venezolanos por los excesos cometidos durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2017. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles.
Varias mujeres relataron las penurias a las que son sometidas cuando visitan a los detenidos. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que en lo que va de 2018 se han sumado 31 personas a la lista de presos políticos, para un total de 233
La periodista venezolana relató a Proiuris que tuvo sentimientos encontrados cuando supo que sería condecorada por su lucha en defensa de la libertad de expresión. “No sabía cómo hacer para no convertir en celebración aquello cuyo germen es la lamentable situación de mi país”, dijo.
