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Memorias de la brutalidad (IV) | Cambio de fiscales, un mecanismo de impunidad

Las investigaciones sobre los excesos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales se han obstaculizado por el relevo de los representantes del Ministerio Público asignados a cada caso, luego de que Tarek William Saab asumió la conducción de la Fiscalía

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Erick S. González Caldea

El cambio de fiscales del Ministerio Público emerge como un mecanismo de impunidad que aumenta el luto de las víctimas de la brutalidad estatal  durante las manifestaciones antigubernamentales entre marzo y junio de 2017. Las investigaciones sobre la muerte de Juan Pablo Pernalete Llovera y David José Vallenilla, los abusos físicos y psicológicos que sufrió Paula Colmenares, así como los allanamientos  en las residencias El Paraíso y La Victoria se han estancado y la deuda de justicia mantiene las heridas abiertas.

Durante la gestión de la fiscal general Luisa Ortega Díaz fueron designados fiscales especializados en derechos fundamentales para investigar, imputar y acusar a los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado responsables de los atropellos. Sin embargo, con el relevo en la conducción del Ministerio Público impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, a través de la designación de Tarek William Saab como fiscal general, se trastocaron todos los procesos, particularmente los orientados a juzgar y sancionar los 127 asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas por la profundización de la crisis económica, social y política del país.

Una fuente de la Fiscalía explicó que con la incorporación de William Saab hubo destituciones y renuncias: “Los expedientes siguen abiertos, pero el retraso es cada vez mayor, sobre todo en casos donde la actuación de funcionarios del Estado constituyen violación de derechos fundamentales”, aclaró.

El 26 de abril de 2017, el Ministerio Público designó al fiscal 81, William Rojas,  para investigar la muerte de Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años de edad, quien -como aseguró la fiscal general Ortega Díaz- falleció por el impacto de una bomba lacrimógena. Nueve meses después del inicio de las pesquisas, Rojas fue reemplazado por los fiscales 94° nacional, Armando Saavedra, y 62° nacional, Eddysalha Guillén. Aún no se han hecho imputaciones.

En el caso de David Vallenilla,  de 22 años de edad y asesinado el 22 de junio en la autopista Francisco Fajardo, frente a La Carlota, las investigaciones estaban a cargo del fiscal 126°, Luis Dordelly. Pero el 19 de octubre fue sustituido por los fiscales 80° nacional y auxiliar, Elvis Rodríguez y Henry Sánchez, conjuntamente con la 126ª auxiliar, Francis Rausseo, los cuales imputaron al sargento primero de la Aviación Militar Bolivariana Arli Cleiwi Méndez Terán,  por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, y uso indebido de arma orgánica. Hasta el presente,  el Tribunal 21 de Control no ha fijado la fecha de la audiencia preliminar.


*Video publicado por el porta web VivoPlay

El 7 de julio de 2017, la Fiscalía comisionó a la fiscal auxiliar 9°, Andrea González, para indagar en los hechos ocurridos el 5 de julio, en las residencias Victoria, de El Paraíso, Caracas, donde funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), realizaron allanamientos indiscriminados. Sin embargo, la investigación está en manos del fiscal 94° nacional Armando Saavedra, pero las víctimas señalan que aún no tienen respuestas.

Una fuente cercana a la Fiscalía señaló que el proceso judicial está paralizado por presiones políticas. “Se tiene identificados a los responsables, pero funcionarios de la misma Fiscalía han impedido que se formulen las respectivas imputaciones”, aseguró.

El 10 de julio de 2017, Paula Colmenares, en ese entonces de 17 años de edad, fue sometida y maltratada por más de 20 motorizados  de la Guardia Nacional Bolivariana, en el Distribuidor Altamira de la Autopista Francisco Fajardo. Paula, su padre, Andrés Colmenares,  y abogados de Comite de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) y de la Universidad Central de Venezuela formalizaron la denuncia ante el Ministerio Público. Fueron atendidos por el subdirector de Derechos Fundamentales, Juan Barrada.

La investigación fue asignada a la Fiscalía  83° del Área Metropolitana de Caracas, Yuleidy Pérez. Pero, el 1 de noviembre de 2017, se reasignó al fiscal 104° de la AMC Luis Wladimir Castillo Gil. Aún no han llamado a Paula para continuar con la investigación.

Paula era menor de edad cuando ocurrieron las agresiones en su contra, de modo que la investigación, enjuiciamiento y sanción de los hechos se debe llevar a cabo en la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes.

“Aún no puedo dormir en paz”

María Ibarra relata a detalle los hechos ocurridos en su hogar, luego de un ataque de efectivos del estado el 5 de julio de 2017. Mikel Ferreira

Eran las 3:00 de la tarde cuando las bombas lacrimógenas comenzaron a caer en el complejo residencial edificios Victoria, ubicado en El Paraíso. El 5 de julio, María Amalia Ibarra González, de 27 años de edad, estaba junto con su madre Malbin González, de 58 años de edad, y su hija de tres años. El  recuerdo está intacto: funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)  dejaron destrozado su hogar.

Seis meses después de los hechos, en el complejo residencial todavía quedan las secuelas de los daños causados por los militares. Los portones y ventanales rotos fueron reparados, pero hay abusos que persisten en la memoria de los vecinos: el estruendo de las detonaciones, los gritos desesperados, el escozor en los ojos, el pánico.

“Aún no puedo dormir en paz, porque siento que ellos (refiriéndose a los funcionarios militares) todavía rondan mi hogar. No me siento segura”, dice María Ibarra, seis meses después de que irrumpiera  en su apartamento.


 

Su residencia fue allanada dos veces, precisa María Amalia. La primera fue el 13 de junio, cuando  funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ingresaron violentamente, aunque solo se limitaron a revisar los dormitorios y a preguntar los nombres de los jóvenes que participaban en las manifestaciones contra el gobierno desde las residencias Victoria.

“Cuando allanaron mi casa, los funcionarios destrozaron todo de los cuartos, hasta pisaron mi título de licenciada en comunicación social. Son unos delincuentes”, sostuvo María Ibarra. 

En ninguna de las dos ocasiones presentaron orden de allanamiento,  asegura la mujer. Ello desvirtúa la inviolabilidad del hogar doméstico establecida en el artículo 47 de la Constitución.

“Ese 5 de julio –relata- las bombas lacrimógenas fueron lanzadas directamente a los apartamentos.. Los policías ingresaron a los edificios, pero no pensé que iban otra vez a mi apartamento. Cuando bajo, veo a todos los vecinos reunidos en mi  casa. Y mi mamá al borde de un ataque porque todo estaba destrozado:  partieron la reja y la puerta de la entrada, sacaron la ropa de los cuartos, voltearon la cama y sacaron cada cajón de las peinadoras. También nos robaron muchas cosas, tablets, pendrives, bolívares y dólares en efectivo”.

El hogar de María fue allanado dos veces por funcionarios policiales. Pero, la segunda ocasión, fueron hurtadas varias pertenencias del apartamento. Cortesía Twitter Jesús Armas



Al día siguiente, la madre de María, Malben González, formalizó la denuncia ante el Ministerio Público. “Fui hace una semana (empezando el mes de diciembre) para saber cómo seguía el proceso, pero cuando llegó le dijeron que cambiaron a los fiscales que hacían la averiguación. Sin avisar ni nada. Simplemente los cambiaron”, explica.

“Los niños ahora juegan a ‘manifestantes  contra policías’ por todos los edificios. Eso fue lo que nos quedó luego de tanta violencia”, dice Ibarra.

“Tuve miedo de que me violaran”

Paula Colmenares tenía 17 años cuando fue agredida físicamente por más de 20 funcionarios de la Guardia Nacional el 10 de julio de 2017. Cortesía


 

Solo tenía 17 años cuando fue agredida por funcionarios del al Guardia Nacional Bolivariana. Un enjambre de motorizados la pateó y la arrastró por el asfalto. La imagen se viralizó en redes sociales. Paula Colmenares fue una de las muchas víctimas de las agresiones militares durante las manifestaciones antigubernamentales. Ahora, con 18 años de edad, la joven junto con su padre, Andrés Colmenares, director de la organización no gubernamental Funpaz, persisten en el reclamo de justicia efectiva.

Permaneció detenida seis horas en la base aérea La Carlota. “Tuve miedo de que me violaran, porque me lo dijeron”, señala la joven al recordar el acoso que sufrió el  10 de julio de 2017, durante la protesta que tuvo lugar en la autopista Francisco Fajardo.

“Nunca abusaron de mí sexualmente, pero me patearon en las costillas y me arrastraron  por el piso. Tengo una cortada en mi mano desde ese día. Los muchachos que estaban conmigo, encerrados, la pasaron peor por ser hombres”, añade la joven.

Andrés Colmenares, activista defensor de los derechos humanos, relató que recibió la llamada de un oficial de la aviación la tarde que atraparon a Paula. Le informaron que su hija estaba retenida. Inmediatamente se comunicó con Cofavic en Caracas para comenzar a buscar a la muchacha. Por el revuelo que causó la difusión de la imagen de Paula pateada por los motorizados de la GNB, fue liberada al cabo de seis horas

“El 12 de julio nos dirigimos al Ministerio Público para hacer la denuncia. En ese momento la tomaron fiscales especializados en derechos fundamentales. Sin embargo, luego nos enteramos de que cambiaron el fiscal. No nos han informado sobre el curso de la investigación”, lamenta Andrés Colmenares.

“Nunca abusaron de mí sexualmente, pero me patearon en las costillas y me arrastraron  por el piso. Tengo una cortada en mi mano desde ese día”, describe Paula. 

“Las agresiones que sufrió mi hija no quedarán impunes. Denunciamos porque era nuestro deber. Estos testimonios son invaluables y completamente reveladores sobre las agresiones de los funcionarios contra los jóvenes”, asegura.

Paula siguió protestando contra el gobierno, pero de una forma más cautelosa. Pasó una temporada en Barquisimeto con su padre, con quien organizaba la asistencia que requieren los jóvenes que permanecían detenidos. Ahora es estudiante de Derecho en una universidad de Caracas. Cada vez que pasa cerca del distribuidor Altamira y de La Carlota vuelve a sentir miedo.

Lee la publicación anterior de “Memorias de la brutalidad”, en el siguiente enlace: (I) , (II), (III) 

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